La pelea por una nueva ley de Servicios Audiovisuales nació con la recuperación democrática en 1983. Este informe refleja distintas opiniones de quienes hace años trabajan por recuperar la palabra de los sectores menos visibles de la sociedad y pone en contexto el debate del anteproyecto presentado por la Presidenta.
Con la presentación del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo pasado, se inició una batalla de ideas acerca de la propiedad del espectro radioeléctrico y la necesaria democratización de los medios en la Argentina.
La apertura democrática que conquistó el pueblo argentino a partir de 1983 posibilitó nuevas formas de intervención social y participación política. Durante la llamada “primavera democrática” (1984-1987) surgieron variados espacios alternativos de expresión, como fue el fenómeno de las radios comunitarias. Sin embargo, este proceso no estableció condiciones necesarias para desarrollar mayores aperturas democráticas en la comunicación ante la inexistencia de un marco legal, posibilitando finalmente las concentraciones mediáticas privadas durante el apogeo neoliberal de la década de los ‘90.
Entre 1986 y 1989 nacieron alrededor de tres mil radios (sin papeles) en Argentina, forzando al Estado a abrir un registro especial y a otorgar algunos permisos a estas emisoras, de las cuales alrededor de 500 eran comunitarias. Este número disminuyó notablemente, llegando a la actualidad a 200 radios.
Las luchas de las radios comunitarias y populares recién se reflejaron en el año 2005 cuando el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, aunque con muchas restricciones. En cambio, fue en febrero del año pasado que el gobierno argentino otorgó las primeras licencias a las radios populares del país. El momento culminante de este derrotero podría identificarse con el anuncio presidencial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, basado en los 21 puntos básicos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática para remplazar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura.
“Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) celebramos la determinación del Ejecutivo para plantear la discusión nacional sobre la democratización de las comunicaciones. Con este anuncio estamos cambiando la relación de fuerza con los medios concentrados quienes, con su poder acumulado, ordenaban los cierres de las emisoras populares o la reducción de sus potencias”, afirmó Lucas Molinari, integrante de radio Gráfica de la cooperativa Gráfica Patricios. La Gráfica surgió a partir del hallazgo de un estudio de radio dentro de una fábrica recuperada por sus trabajadores, quienes decidieron abrir ese espaciocomo una radio comunitaria, popular y sin fines de lucro. “Nacemos en el seno de la recuperación, por eso el lema de la radio es recuperando el aire”, sostiene Molinari.
Para FARCO, el reconocimiento del proyecto gubernamental a las llamadas radios asociativas como beneficiarias del 33% del espectro es un hecho sin precedente, favoreciendo en primer lugar a aquellas emisoras que llevan emitiendo años al margen de la legalidad. Además, esto brinda un importante antecedente para las radios comunitarias en América Latina, ante los posibles procesos de regularización que pudieran surgir tras el caso de Argentina.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, ha manifestado que la iniciativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentada por el gobierno argentino es un buen precedente, no solamente para América Latina sino para el mundo entero, porque gira en torno de la libertad de expresión desde una mirada diferente del negocio y el derecho a la comunicación.
En nombre de la libertad de expresión
Los medios empresariales de comunicación se escudan en un discurso tergiversado de la libertad de expresión para mantener el privilegio y el monopolio informativo. Ante la apertura del debate de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales, la universidad y los centros académicos no pueden estar ausentes, tal como afirma Alejandro Kaufman, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Más allá de los aspectos técnicos de la Ley hay que discutir también la finalidad política, que no puede ser otra que ampliar la participación ciudadana”, sostiene. “En un país que a nivel mundial tiene un índice extraordinario de concentración de medios, sus dueños ejercen formas de poder excluyente, autoritario y extorsionador, además de tener continuidad con los medios hegemónicos de la dictadura”, dispara.
“Los medios concentrados han sido uno de los pocos espacios sociales, culturales y empresariales de la Argentina que no han tenidos ninguna incidencia critica, respecto de su comportamiento durante la dictadura. Disponer monopólicamente de los medios de comunicación es la mejor manera de tergiversar contenidos, agendas y los temas de interés general. Estas topologías comunicativas están determinando el mercado, la circulación mercantil de la industria cultural y de los contenidos; es decir, en nombre de la libertad de expresión realiza algo que no es parangonable a lo que podía ocurrir en cualquier competencia capitalista”, amplía Kaufman.
“Estamos frente a un ejercicio concreto del poder sobre ideas y maneras de transmitir ideas y producirlas, de modo de comunicar y de informar en una sociedad”, resume Kaufman. “Hay una disponibilidad para la manipulación de la población en el sentido de producir acontecimientos y emociones colectivas que han sido sistemáticamente utilizados en las más diversas situaciones por estos poderes mediáticos de las últimas décadas”.
Democratizar el espectro radioeléctrico
Llegamos a una etapa en que los medios de comunicación inciden más que nunca en la formación de las nuevas generaciones, moldeando gustos y tendencias en públicos de todas las edades. Como si esto fuera poco, construyen agendas de los “grandes temas” sobre los cuales se debe discutir a diario, implementando candidatos, formas de gobernar y de hacer política, presentándolos como verdad absoluta.
Si la Argentina fue capaz en un momento de producir contenidos culturales de calidad y de cierta masividad, teniendo aceptación más allá de sus fronteras, hoy la sociedad argentina se ha convertido en un mero receptor de telenovelas, de programas de farándulas y enlatados extranjeros, que los holdings reproducen reflejando en el espejo de las grandes cadenas de noticias, la industria del cine y de la televisión, la subcultura de la vida estadounidense, europea o modelos culturales mexicanos y brasileños. A estas manifestaciones hegemónicas de posicionamiento global, el politólogo estadounidense de origen polaco, Zbigniew Brzezinski, las denomina cooptación cultural del centro a la periferia. Esta realidad llega incluso a ser abordada por respetados geopolíticos, basando sus estudios sobre la dependencia cultural en detrimento de la soberanía nacional, como el resguardo de informaciones confidenciales de potestad estatal por cuyo espectro radioeléctrico circulan las ondas hertzianas, que son bienes de dominio público, administradas por el Poder Ejecutivo Nacional al igual que otros recursos geoestratégicos.
Para el cineasta y periodista australiano, John Pilger, la concentración mediática conlleva a una dictadura corporativa que tiene como fachada a los medios de comunicación. Ante este avance, Pilger sugiere que esta propensión debe ser un tema popular masivo y sujeto a una reacción mayor. El llamado padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, afirmaba haber llegado a una etapa de gobiernos invisibles caracterizados por un grupo reducido de líderes que va a dirigir la sociedad mediante la manipulación de masas, siendo los verdaderos poderes gobernantes de nuestros países. Bernays, refiriéndose al periodismo y los medios, manifestó que únicamente el sistema democrático sería el que activara y fortaleciese las relaciones humanas.
Demonizar lo público
Si las dictaduras militares latinoamericanas beneficiaron a muchos medios privados de comunicación, el modelo neoliberal en manos civiles resultó igual de bondadoso a la hora de concretar sus monopolios informativos. Con un Estado cada vez más raquítico, el poder mediático brilló con más bríos iniciando la formación de grandes conglomerados de medios.
Con el eufemismo de la competencia del mercado y la libertad de expresión se desalojó por completo de la escena a aquellos medios públicos y asociativos que no podían conseguir recursos económicos ni competir con las capacidades tecnológicas de los privados, bien nutridos de fondos de publicidad y ayudas extranjeras. En ese aspecto, la privatización de los canales de aire de TV y las frecuencias radiofónicas en la Argentina permitió la constitución de los grupos multimedia que habían convertido la información en una mercancía que se compra y se vende, pasando a ocupar un ilimitado poder político para consolidar una agenda informativa al gusto de los intereses de grupos empresariales, y favorecer la imagen de políticos amigos.
Neutralizar cualquier corriente de opinión que propugne iniciativas que no interesen, o embestir contra gobiernos que adoptan legislaciones que afectan a sus operaciones, es la tendencia de la hegemonía mediática local. Con falso axioma, los medios privados se manifiestan como independientes y libres, enmarcando al medio estatal o público como prensa oficialista. Esta proposición no está nada más alejada de la realidad teniendo en cuenta algunas experiencias. El ejemplo elocuente es el del presidente italiano Silvio Berlusconi, propietario de un imperio televisivo. Durante el ejercicio de su presidencia se comprueba que la adhesión a Berlusconi es mayor en sus canales privados que en la televisión pública; es decir, existe más servilismo ante el dueño empresarial en las cadenas privadas que ante el Presidente en las cadenas públicas. Esto nos demuestra que la independencia que dicen tener los medios privados es falsa, sin dejar de tener en cuenta que los medios privados se constituyen en una esfera mercantil.
La periodista argentina Mariana De Maio, radicada en Estados Unidos, brinda otro argumento en el momento de opinar sobre los medios públicos estadounidenses, afirmando que “son mucho más fiables que las cadenas privadas de medios de comunicación, porque poseen mayor calidad informativa”. De Maio, editora y coordinadora de Multimedios para la Comunidad Hispana de Catholic Relief Services, sentencia además que las corporaciones mediáticas estadounidenses están mejor reguladas (contenido y franja horaria) desde el Estado que cualquier otro país latinoamericano, incluyendo a la Argentina.
La conclusión de este debate puede ser clara teniendo en cuenta que la propiedad privada concentrada de los medios supone más secuestro y dominio sobre los contenidos que la propiedad pública (estatal, provincial, municipal o universitaria) y las alternativas (comunitarias, cooperativas, sindicales, asociativas, etcétera), que bien o mal ocupan en sus grillas programas locales, educativos, de entretenimiento, culturales, entre otros. Para el Coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y cofundador de la radio FM La Tribu, Ernesto Lamas, las emisoras comunitarias y ciudadanas en América Latina ha pasado a ocupar el espacio de la comunicación pública en muchos casos antes la casi inexistencias de medios públicos como en Europa.
Con esta realidad la Argentina empieza a discutir una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que según el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, es la madre de todas las batallas, cuyo puntapié inicial se generó en medio del lock-out rural. Lo concreto es que el debate sobre una mayor apertura democrática acerca de la propiedad de los medios ya comenzó mediante foros donde participa toda la ciudadanía. Esta propuesta tiene como fin demostrar que el Estado nacional es el legítimo garante para retomar el concepto de la comunicación como derecho humano, indispensable para el ejercicio de ciudadanía, permitiendo recuperar la palabra del pueblo, que no está mudo pero que necesita su canal de expresión.
