Invito a quienes consideran sinceramente la libertad de expresión y el derecho a la información como derechos humanos, a que no contribuyan al silenciamiento del debate que ha comenzado en estos días.
Avanzadas con fines electorales, asociados necesarios a la corporación de mayor capacidad de fuego mediático de la Argentina, han comenzado la clausura.
El pasado 24 de marzo, Hipólito Solari Yrigoyen, dispensa su prestigio en una nota insustancial que sólo sirve para alentar sospechas que detengan la discusión, sin que haya una sola palabra que haga referencia a una nota cualquiera de la propuesta oficial. La nota rubricada por el constitucionalista en el diario La Nación tampoco permite deducir cómo evalúa Solari el estado del sistema mediático de la Argentina, ni si cree o no en la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información en la actualidad. Pareciera entreverse que el reputado abogado no interpreta como riesgosa para tales libertades el alto nivel de concentración en la propiedad de los medios.
En tanto, el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue Lewy, define tal propuesta asegurando que «es una buena iniciativa y que sienta un buen precedente no solamente para América Latina sino para el mundo entero”. Ninguno de los grandes medios ha publicado esto, apelando en cambio al concurso de nombres que aporten una dosis cualquiera de condena a la norma de la democracia siempre prometida y siempre nonata.
Hasta el momento, los elementos argüidos contra la propuesta o son falsos o de una prevención racionalmente insostenible, sólo meneados para inhabilitarla.
Imagino que hay en el país masa crítica suficiente como para aportarle a la iniciativa oficial elementos que la perfeccionen y que la propulsen prontamente a su implementación en aras de la democratización del sistema mediático argentino. Sería muy bueno que hagan escuchar sus voces porque este es tiempo de dejar de callar y de hacer callar.
