El régimen conocido como “de capitalización” le dio carácter de seguridad social a algo que, en realidad, era una inversión de riesgo.
Con las AFJP lo que se desvirtuaba era un sistema de seguridad social solidario, estructurado a través de muchos años (la primera caja de empleados del Estado data de 1904) y que se constituyó como pacto intergeneracional hacia la década del ‘50.
El sistema de reparto estatal funcionó bien los primeros años porque había una relación muy ventajosa entre los activos, que eran muchos, y los jubilados, que eran muy poquitos. Después esta pirámide fue variando y a su vez se acudió a las reservas de las cajas de jubilaciones en distintos gobiernos, ya que la recaudación de la seguridad social era plata fresca que se invirtió en otras cuestiones del Estado.
El nuevo sistema creado en los ‘90 se concibió al principio como monopólico. Pero luego de una pelea de unos pocos, se pudo preservar un segmento del sector de reparto. Las AFJP coparon el 80% de los aportes de los activos. Esto fue promocionado por el propio Estado a través de una campaña publicitaria engañosa: se tomaba como exitoso al sistema chileno que correría el mismo destino: en el último año perdieron 25.000 millones de dólares y su nivel de cobertura es bajísimo.
El régimen que agoniza
Este régimen privado tiene 9,5 millones de trabajadores inscriptos, pero los que aportan nunca fueron más que un tercio, entre 3 y 3,5 millones, que ni siquiera lo hicieron regularmente por las nuevas condiciones laborales.
Las cuentas de los trabajadores promedio no superan los 10.400 pesos, según la superintendencia de AFJP a junio 2008. Y se toma ese mes para no entrar en la disquisición sobre si esta última crisis fue la causante de los problemas de ese sistema.
Con esos fondos, la renta de un trabajador sería de 50 pesos, y esto lo estamos verificando en los 400 mil jubilados ya incorporados al sistema de AFJP.
De ellos, hay 10 mil por debajo de la mínima, y dos tercios de lo que cobran los está aportando el Estado.
En el sistema de capitalización los trabajadores transfirieron 35.000 millones de dólares, de los que quedan a la fecha 30.500 millones. Los aportantes perdieron el 17 % de su capital neto, es decir no capitalizaron.
Sin tener en cuenta las pérdidas derivadas de la actual crisis financiera, por cada mil pesos que depositó el trabajador desde 1994, le quedaban $800 a junio 2008.
Las AFJP, contrariamente, se llevaron 12.000 millones de dólares en comisiones, sin siquiera pagar impuesto a las ganancias porque eran en concepto de administración. Para conformar una AFJP, en el ‘94 había que tener un capital de 3 millones de pesos, el equivalente a lo que ganaría un gerente de una AFJP en un año, ya que su sueldo oscila entre 50 y 60.000 pesos. Si comparamos ese sueldo con lo acumulado en la cuenta promedio de un trabajador, que es $10.400, este acumuló en 14 años lo que un gerente estaría ganando por una semana de trabajo.
Esta es la realidad de un sistema que no podía tener ningún otro destino que la crónica de una muerte anunciada, un régimen que se convirtió en otro mostrador de los bancos.
El gran negocio de las AFJP para los bancos fueron las comisiones, porque a la gente no se le explicó que casi 40 pesos de cada 100 que ponían mensualmente no capitalizaban.
La nueva ley
En estos días el Senado votará la ley que da fin a esta situación.
Este régimen hizo que 100.000 millones de pesos no ingresaran al sistema previsional estatal, con el efecto de hacer crecer la deuda pública y externa. El Estado, una vez privatizado el sistema, debía seguir pagando las jubilaciones y, para hacerlo, se seguía endeudando con el Canje, Mega Canje o el Blindaje, créditos a altísimos intereses con cortísimos plazos. La plata que nos prestaban los organismos internacionales era la misma que recaudaban las AFJP.
Lo que se está planteando es si esta ley va a resolver el problema de fondo, si hay controles o garantías de parte del Estado para manejar esos fondos. Cualquier garantía nacional, aún la peor, es mejor que las que han tenido las AFJP, pero creo que esta ley tiene que ser el primer paso de un sistema superador. Lo que más seguridad va a aportar al sistema provisional es que el dinero ingresado, por el cambio de régimen, se redistribuya dentro de la masa de los actuales jubilados. Recordemos que a los 10.000 millones que hoy recauda reparto, se le incorporarán 15.000 millones de las AFJP, más una masa de alrededor de 90.000 millones que son fondos acumulados.
Se tomaban esos fondos como cuentas particulares cuya liquidación era su cuota parte de un fondo de inversión a valores nominales. El 60% son títulos del Estado informados con valor a la par, cuando en realidad tienen una cotización de plaza que es el 50% o el 60 % del valor nominal.
Para hacer una buena redistribución, primero se debe reconstituir un haber de la masa de los actuales jubilados que tenga que ver con valores de 2002, cuando cae la convertibilidad. El 76% de los actuales jubilados cobran una mínima que no alcanza para cubrir el 30 % de sus necesidades básicas ni tiene relación con lo que aportaron en su vida laboral. Se tendría que recomponer ese haber y la estructura de la pirámide hoy horizontalizada.
Por el dinero que ingresa con los que se incorporan de las AFJP es posible hacerlo sin agregar legislación vigente, con el decreto 897 que obliga a el Estado a que si existe el equivalente a más de una recaudación de giro en ANSES, se tenga que redistribuir. Eso llevaría a los mínimos a un valor de referencia que es los 1.240 pesos, el salario mínimo fijado para los trabajadores activos.
Todo esto tiene que ser un escalón para derogar la ley 24.241 que da origen a las AFJP. La ley en tratamiento por el Senado no lo hace, y tampoco deroga la 24.463, leyes de la era Cavallo que rigen el actual ordenamiento de seguridad social. Estas dos normas generaron esta injusticia para con los jubilados y a su vez una enorme litigiosidad. Son cientos de miles los jubilados que están acudiendo por reajustes a la justicia o por la falta de movilidad, como en el llamado caso Badaro.
Con la recomposición, esta litigiosidad bajaría notablemente. Si se derogan esas dos leyes y se generara un acuerdo del sistema político institucional para fijar un decálogo de la seguridad social, conformando un código acordado por todas las fuerzas políticas con una vigencia de por lo menos por 30 años, saldremos de este pozo en el cual están sumidos tanto los jubilados como el Estado.
El autor es Defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires.
