El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) se ha convertido en un emblema de lucha por el derecho a la vivienda digna. Durante 14 años de incesante trabajo no sólo logró que se aprobaran varios artículos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que consolidan este derecho, sino que además impulsó la conformación de varias cooperativas que se encuentran trabajando en la construcción de viviendas.
Ya se encuentra en marcha el tercer Programa de Vivienda Transitoria (PVT) de su historia. El Parlamento porteño recién el mes pasado parece haber percibido que en la Ciudad miles de viviendas dignas y seguras ya no puede esperar.
“14 años de lucha, 14 años de avance. De una historia que de todos modos pensamos, recién comienza, en cuanto a lo que viene, en cuanto a lo que podemos desarrollar e impulsar desde nuestras cooperativas, desde nuestra organización, desde la perspectiva de construcción popular de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó al MOI en la editorial titulada “Catorce años avanzando por nuestro derecho a la ciudad”, de “El informador” Nº61, su órgano de comunicación.
Los datos oficiales indican que el déficit habitacional en la ciudad alcanza a unas 90 mil viviendas, dando cuenta de las graves condiciones sociales con las que este movimiento, enrolado en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se enfrenta de manera silenciosa, día a día.
Según lo expresa el MOI en El Informador los primeros pasos organizativos se dieron “dentro de los edificios ocupados, desde el Patro -en referencia al Patronato de la Infancia, violentamente desalojado en febrero de 2003-, Cooperativa La Unión, Yatay y tantos otros; la pelea por la regularización dominial de los edificios del Estado, por el derecho a quedarse donde se vive; el avance en la capacidad de organización y la definición de trabajar con quienes quieran pelear por la vivienda digna; el desarrollo y la pelea de propuestas autogestionarias; el trabajo con quienes desde el conflicto de los hoteles creyeron en las propuestas de Autogestión y terminaron impulsando y siendo parte de El Molino, uno de los proyectos cooperativos de mayor escala en la Ciudad de Buenos Aires”.
Todo un recorrido no exento de obstáculos enfrentándose con una década de pobreza y exclusión. Según el INDEC entre 1991y 2001 (años en los que se hicieron los censos de población) se duplicó la cantidad de gente que vive en villas. Se calcula que actualmente hay unas 112.000 personas viviendo en villas, y que un 60 % de sus adultos no tienen trabajo.
En los 90 aparecieron ocho nuevos asentamientos, para llegar a un total de 22, la mayoría ubicados en el sur de Buenos Aires.
La cooperativa El Molino es uno de los ejemplos más acabados de las tareas que lleva adelante el MOI para solucionar los problemas de vivienda desde la organización popular y la ayuda mutua. Nace en el año 2002 de la lucha en los hoteles subsidiados, cuando dos cooperativas que no logran concretar sus proyectos se unen en la compra del edificio de la calle Solís y 15 de noviembre, el 5 de julio de 2002. Una asamblea realizada en abril de 2003 acuerda la fusión de ambas cooperativas, conformándose así “El Molino”.
La obra que actualmente realiza la cooperativa es un proyecto de 100 viviendas, que se construirá en cuatro etapas, y estará ubicada en el Barrio de Constitución, en un terreno cuya superficie es de 3500 metros cuadrados. El trabajo se encuentra en el proceso que se denomina pre-obra con el aporte de la mano de obra de los cooperativistas (18 horas semanales por cada grupo familiar) y de los que aún son precooperativistas (9 horas semanales).
Otros de los emprendimientos que lleva adelante el MOI es el Programa de Vivienda Transitoria, el tercero en su historia. Este programa implica un paso más en la construcción de políticas autogestionadas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La idea del MOI es que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC, ex Comisión Municipal de la Vivienda) cree un Banco de Inmuebles del GCBA con el objetivo de que las propiedades que éste ya no utilice no sean transferidas al ámbito privado, sino a la solución habitacional por medio de tres sub-programas. El tercero de ellos, llamado de “Vivienda Autogestionaria”, permitiría la transferencia de edificios a las cooperativas evitando la especulación inmobiliaria.
El pasado jueves 29 de julio, la Legislatura porteña sancionó la ley que declara la Emergencia Habitacional en la ciudad y dispuso la creación de un fondo de 50 millones de pesos para la asistencia de aquellos que no poseen techo para lo que resta del 2004.
La iniciativa impulsada por los legisladores Daniel Betti, Sergio Molina, Héctor Bidonde de Autodeterminación y Libertad y por el kirchnerista Diego Kravetz suspende por dos años todos los desalojos en inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que llega tres años después de que el Gobierno de la Ciudad acompañara violentos desalojos como el de las 70 familias que ocupaban el ex PADELAI en el 2003 que dejó 16 heridos y 86 detenidos. Por otra parte, la medida no abarca a los inmuebles privados, el 60 % de las 12.000 casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, algo que pone en duda la solución real que esta nueva ley está otorgando.
