1 año de gobierno del Frente en Uruguay. Ministros en la mira de la oposición: el teleobjetivo sobre los cambios

Por Víctor H Abelando, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- Dos de las carteras de mayor exposición, Interior y Relaciones Exteriores, reciben una andanada de críticas, incluido el pedido de remoción de sus titulares. El Partido Nacional in totum ha sacudido el escenario político al anunciar que pedirá la censura parlamentaria del ministro del Interior José Díaz, al que acusan de permanecer impasible ante los problemas de inseguridad que afectan a la población. Por otro lado, los principales dirigentes blancos junto a sus colegas colorados abrieron otro flanco de ataque al gobierno, esta vez con dardos dirigidos a la cancillería y a su titular, Reinaldo Gargano.

Algo similar ocurre de parte de las cámaras empresariales y parlamentarios de la oposición en relación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss).

En los tres casos mencionados, sin obviar las escaramuzas con otras secretarías de Estado (como los cuestionamientos a la reforma tributaria), la ofensiva ha tenido un amplio despliegue mediático y un contenido político e ideológico muy claro. Son precisamente estos tres ministerios (al que podría sumarse el de Desarrollo Social) donde se procesan las mayores variaciones con respecto a las políticas de pasadas administraciones.

Entre las novedades impulsadas por el gobierno progresista destaca la ley de humanización de cárceles y con ella un encare diferente de la política criminal. También la limitación del poder policial para intervenir en las empresas ocupadas por sus trabajadores o la eliminación de la detención “en averiguaciones”, un recurso utilizado por la Policía en otros tiempos para las famosas razias y fuente de muchas arbitrariedades.

Ese recorte de la discrecionalidad policial, más el intento por desarrollar una política integral hacia la delincuencia, con el aderezo de buscar un trato humano con los reclusos, es contrario a la estrategia implementada por gobiernos anteriores, basada en el aumento de penas, el hacinamiento de los presos y el otorgamiento de más potestades a la Policía.

Según su propia confesión, Díaz ha pretendido atender a las causas del aumento de la delincuencia y llevar a las fuerzas policiales a la condición de guardia civil. La idea de atacar el tema de la seguridad no exclusivamente desde el lado represivo ha sido muy cara a la izquierda, pero la misma (de resultados a largo plazo) no parece complacer a los agentes políticos de la oposición, que ven en esas medidas el desmerecimiento del principio de autoridad, uno de los fundamentos rectores de su modelo de sociedad, dijeron a BRECHA fuentes gubernamentales.

El planteo de blancos y colorados se sustenta en elementos circunstanciales (como la ausencia de Díaz durante un mes en goce de su licencia) y subjetivos, como el “aumento de la inseguridad ciudadana”, que hace temer “cuando nuestras mujeres salen a trabajar por la mañana o la noche”, según el líder blanco Jorge Larrañaga. Una afirmación que el Ministerio del Interior pretendió desmentir al publicar un cuadro comparativo en materia de violencia y criminalidad, donde se concluye que no hubo un incremento significativo de los delitos.

Sin embargo, el planteo opositor tiene base en una percepción de la gente alimentada desde los medios de comunicación, capaz de generar una “sensación térmica” de que el país se desbarranca hacia el caos, con una Policía inactiva y una delincuencia cada vez más agresiva e impune.
Para los gobernantes el tema no se resuelve con “tolerancia cero y gatillo fácil”, sino con políticas integrales que atiendan a las causas de la delincuencia y busquen reencauzar a quienes optaron por ese camino, ello sin desmerecer los aspectos preventivos y represivos necesarios.

EL OTRO FRENTE. Separar los ataques a Gargano de la disputa en el gobierno sobre el rumbo de la política internacional, sería un error de análisis. Es por eso que las razones deben buscarse más allá del actual conflicto con Argentina respecto a las plantas productoras de celulosa o de las dificultades innegables que enfrenta el Mercosur en su funcionamiento, comentó a BRECHA el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández.

Fernández advirtió que el “establecimiento de pique de relaciones con Cuba, más la intención de profundizar el Mercosur avanzando en su institucionalidad, y los lazos crecientes con el gobierno de Venezuela, ponen a la cancillería en el ojo de la tormenta”. Con ese punto de partida, añadió, los conflictos podían esperarse.
A esos elementos otros miembros del Ejecutivo añaden el choque de dos concepciones sobre la inserción política y económica del país en el mundo.

En ese plano advierten en la campaña de la derecha (no sin guiñadas dentro de filas frenteamplistas) el afán por alinear a Uruguay en la estrategia de Estados Unidos que, fracasado el alca, pretende hacer el mismo proceso a través de los tratados de libre comercio (tlc) bilaterales e impedir cualquier política de bloque. De ahí, agregaron, los planteos que blancos y colorados hacen sobre la necesidad de variar el estatus de Uruguay en el pacto regional, de modo que pase de miembro pleno a asociado, tal como ocurre con Chile.

Los partidos tradicionales se valen de dos elementos objetivos para exigir el viraje: la calidad de principal destino de las exportaciones de carne que hoy ostenta Estados Unidos y las dificultades con los socios mayores del Mercosur, sea con la construcción de las plantas productoras de celulosa o con las barreras para el ingreso del arroz uruguayo en Brasil.

Empero, la concepción desde la cancillería es la de apostar a la integración regional como base de la inserción internacional del país (aunque abiertos a un mayor intercambio comercial con Estados Unidos y otros países). En esa dirección deben entenderse los esfuerzos que culminaron con la incorporación de Venezuela y, posiblemente, de Bolivia como miembros plenos. También la negativa de Gargano a suscribir un tlc con Estados Unidos.

En cuanto al mtss, los cuestionamientos tienen como punto crítico el cambio operado en la relación entre capital y trabajo. La intención del ministro Eduardo Bonomi y su equipo de corregir las asimetrías existentes motivó la reacción airada de un empresariado, acostumbrado a un Estado omiso y complaciente con sus requerimientos cuando de relaciones laborales se trataba.

Los cuestionamientos hicieron foco en la ley de fuero sindical y el proyecto sobre prevención y solución de conflictos, en el entendido de que ambas disposiciones atentan contra la propiedad y, consecuentemente, la inversión privada. En el centro de este escenario ha estado el incremento de las ocupaciones de los lugares de trabajo, algo que el gobierno entiende como una extensión del derecho de huelga (aunque no comparta el “abuso” de la metodología), y la oposición política y empresarial como un delito.

¿Y POR CASA? La percepción cada vez más generalizada de que en el actual gobierno persisten dos alas, con contenidos y estrategias nítidamente diferenciadas, podría explicar la selectividad de los renovados ataques de la oposición y de los sectores empresariales.

Algunos integrantes del fa entienden que la “ofensiva de la derecha” tiene como fin aislar de la nueva administración a los sectores de la izquierda histórica (“dividir”, indicó Fernández) en el intento por empujar su desplazamiento.
Según esa línea de razonamiento, lo que se busca es una “depuración” del gabinete, para que el gobierno progresista tenga la misma “potabilidad” que el poder económico y los organismos de crédito le reconocen al Chile de la Concertación.

Por eso, explicaron, los cuestionamientos no son generalizados y se dirigen a los ministerios donde se registran los mayores cambios. Y si bien éstos no hacen a la estructura económica del país, sí corresponden a modificaciones culturales y de ampliación de libertades desconocidas hasta el presente.

De ahí, añadieron, que mientras se escriben y dicen loas al equipo económico, se ataca a figuras de claro pensamiento de izquierda.

De otra manera no puede explicarse que mientras se apoya la postura del gobierno en torno al conflicto de las plantas de celulosa, por la misma razón se critique ferozmente al canciller, más cuando es conocido el papel protagónico que Tabaré Vázquez juega en esa área, comentaron los informantes.

Por la misma razón de que no existe una misma línea de pensamiento dentro de la administración progresista, los dardos de la oposición apuntan inteligentemente y podrían contar con apoyos dentro del gobierno. Tanto Díaz como Gargano (no parece ser así en el caso de Bonomi) enfrentan cuestionamientos internos que, obviamente, no se expresan frente a un micrófono o una cámara de televisión.

Desde las propias filas del fa, e incluso desde el Ejecutivo, se ha comenzado a especular con posibles sustitutos de los ministros cuestionados. Pero se lo hace más pensando en un recambio dentro de unos meses que en lo inmediato. Fuentes del Edificio Libertad aseguraron a BRECHA que Vázquez no cambiaría un ministro “al grito de la oposición”, y que menos lo haría después de un balance anual sumamente positivo como el que hizo llegar al Parlamento.

Esa afirmación fue confirmada por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en la reunión de todos los socialistas que ocupan cargos gubernamentales, efectuada la semana anterior.

Pero varias de las medidas tomadas en las carteras mencionadas no “pegan” con la idea de crear un “clima de negocios” como el que impulsa el Ministerio de Economía, ni tampoco con el acelerado proceso de acercamiento a Estados Unidos. “Hay quienes creen que haciendo buena letra con Estados Unidos lograremos un mejor trato de los organismos multilaterales de crédito”, comentó a BRECHA una fuente gubernamental.

En otra postura, miembros de Asamblea Uruguay señalaron que la cancillería “complica” en la estrategia que intenta trazar el equipo económico con la anuencia de Vázquez. Desde otro ángulo, algunos dirigentes de la Vertiente Artiguista indicaron que a Gargano y su equipo les falta iniciativa, y como ejemplo de ello no dejan de culpar al ministro por la ausencia de Vázquez en la asunción de Evo Morales.

Para algunos vertientistas el canciller debería haberlo convencido, antes de que tomara una decisión, de la necesidad de estar presente en un hecho histórico, como la asunción de un indígena a la presidencia de un país como Bolivia.

Sin embargo, en la mayoría de los sectores partidarios restantes se comparte la conducción de Gargano, advirtiendo que en política exterior quien decide es Vázquez. Por tanto, las posibles omisiones o errores no tienen una única paternidad. Sí señalan la falta de diálogo entre el canciller y el presidente.

En el caso de Díaz, las críticas surgen desde un arco más amplio de sectores y de parte del propio equipo ministerial. Al ministro se le cuestiona “cierto descuido” en la conducción de la fuerza policial, que parece responder “a un reflejo de la izquierda tradicional”.

También se dice que no hay una política de seguridad integral, y que sólo aparecen iniciativas tendientes a limitar la actividad policial sin que aún se haya aprobado un nuevo “código de procedimiento policial”.

La vieja sapiencia de la derecha parece haber ubicado los eslabones más débiles del gobierno -comentaron varios dirigentes del fa-, sea porque su gestión está en cuestión, o porque sus afanes transformadores no son compartidos por el presidente y sus pares del gabinete.

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