El 22 de noviembre de 1949, por intermedio del decreto 29.337, el presidente Juan Domingo Perón eliminaba los aranceles universitarios. La decisión se inscribía en el horizonte de democratización de la Universidad que el peronismo había planteado como eje de su política educativa. Dicha democratización se realizaba en dos planos: por un lado, aspiraba a romper el culto al aislamiento propio de la cultura institucional de las universidades argentinas, que las convertía en meras expendedora de títulos y espacio de socialización de las élites; y por el otro, buscaba garantizar el acceso al conjunto de los sectores de la sociedad que hasta ese entonces no podía acceder. Para llevar a cabo estos objetivos, el peronismo promulgó dos leyes universitarias, la 13.031 y la 14.297, creó la Universidad Obrera Nacional y sancionó el decreto mencionado.
La resolución convertía a la universidad en un problema de la nación, acabando así con las ideas elitistas que entienden a la universidad sólo como una cuestión de los universitarios. En ese sentido, el decreto afirmaba: “Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de la cultura que alcanza cada uno de los miembros que la componen”. Por esta razón, la universidad se volvía una responsabilidad del Estado, porque era necesario promover y garantizar la igualdad del acceso de los argentinos a la educación superior sin distinción de clases, ni barreras económicas, sino tan sólo de acuerdo a las aptitudes y voluntad individuales, en el marco de un proyecto colectivo, donde se volvía estratégico aumentar la cantidad de universitarios, ya que el horizonte de desarrollo con igualdad que el peronismo planteaba para la Argentina hacía necesario el incremento de los cuadros profesionales.
Esta vocación por convertir a la Universidad en una de las herramientas del Estado para promover una cultura nacional, una vocación profesional vinculada al compromiso con el país, en definitiva, una universidad que construyera una vinculación orgánica con el horizonte de crecimiento soberano, le costó caro al peronismo. Esta política fue estigmatizada por los sectores tradicionales, que la señalaron como una política de control a la universidad y violatoria de los principios reformistas. Legado que los intelectuales orgánicos de la dependencia se apropiaron, erigiéndose como sus únicos defensores.
Recordar el desarancelamiento implica algo más que una simple rememoración histórica. Es también poner en valor el por qué de esta política. Es también poner aquella medida en sintonía con un legado de políticas universitarias que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner recuperaron, que se tradujo en un proceso de democratización de la educación superior, incremento de las instituciones, aumento de la población estudiantil, desarrollo de programas de becas para estudiantes. Al mismo tiempo, se impulsó una alianza estratégica entre Estado y Universidad en pos del crecimiento con inclusión social. Ante esta política de ampliación la respuesta de los sectores que hoy ocupan el gobierno fue similar a la de sus pares de los años ´50, y la vemos volcadas en las editoriales que la prensa hegemónica despacha día a día, con denuncias de corrupción, intrigas y sospechas. Esta campaña de difamación tiene como objeto esmerilar al sector, a fin de ir produciendo su vaciamiento como ya lo expresa el presupuesto para el año que viene.
Pero al mismo tiempo, es claro que el gobierno de Mauricio Macri hoy allana el camino para un cambio de concepción en torno al rol de la educación superior. Ya la universidad no es vista como un derecho colectivo, no se vislumbra la relación universidad y desarrollo, sino que abre el camino para que se fortalezcan las concepciones individualistas. De esta forma se quiere borrar su carácter estratégico, para convertirla nuevamente en la idea de “un gasto ineficiente” para el Estado.
El Gobierno Nacional combina entonces una política que por un lado nos retrotrae a una idea de educación “civilizadora”, al tiempo que propicia un desgaste de la imagen de las universidades, mientras sus política económicas afectan principalmente a los sectores populares, lo cual comenzará a tener un efecto en la posibilidad del ejercicio al derecho a la educación por parte de éstos. Todo esto configura un paquete de medidas de carácter destructivo. Vale aclarar que estas políticas no son exclusivas para el sector de la educación, sino que son el correlato del proyecto de destrucción de la economía nacional, desguace de lo público y concentración de la riqueza, que encabeza la Alianza Cambiemos. En función de este escenario es que la defensa de los lineamientos de política universitaria que se han construido durante los últimos años requiere de la unidad de todos los actores.
