A un año y medio de firmar el acuerdo de paz que puso fin a décadas de guerra con la ahora ex guerrilla FARC, en Colombia aumentó el número de civiles desplazados de sus hogares, la superficie de cultivos ilegales y la cantidad de líderes sociales asesinados. Además, sólo hasta febrero pasado, 50 miembros o personas vinculadas a las FARC murieron de forma violenta, el 55% de los ex guerrilleros desmovilizados abandonaron los campamentos creados para la transición sin nunca llegar a ver cumplidas las promesas hechas por el Estado -proyectos productivos, educación y reinserción social-, y uno de los líderes de la ex guerrilla está detenido, en huelga de hambre y podría ser extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Al mismo tiempo que la violencia y el poder de los grupos armados ilegales crecen en las zonas donde antes las FARC eran fuertes, en las grandes ciudades y las regiones más ricas, las voces más belicistas y críticas del acuerdo fueron mayoría en las últimas elecciones legislativas y podrían imponerse nuevamente en las presidenciales de finales de mes.
El momento más delicado y más peligroso para los acuerdos de paz suelen ser los primeros años, cuando los compromisos más importantes -el desarme, la reintegración social, política y económica de los ex guerrilleros, y el inicio de la justicia transicional- deben implementarse. Allí es cuando se ve la verdadera voluntad política del Estado y de la clase dirigente, cuando surgen grupos guerrilleros disidentes, usualmente encabezados por mandos medios o de inferior rango que siguen viendo en el conflicto un mejor negocio, y cuando se pone a prueba, en definitiva, el compromiso de la sociedad en su conjunto con la paz, más allá de las dificultades, la tensión y los retrocesos coyunturales.
Colombia está transitando estos tiempos pantanosos y cada vez son más las voces que advierten que el resultado final es incierto.
El acuerdo de paz colombiano no es letra muerta ni mucho menos. Varios puntos centrales se cumplieron: alrededor de 8.000 miembros de las FARC se desmovilizaron y entregaron sus armas ante la fiscalización de la ONU, el gobierno les dio documentos de identidad, les abrió una cuenta bancaria y comenzó a depositarles dinero todos los meses; la ex guerrilla entregó bienes que se había apropiado y el Congreso reglamentó los procesos para una reforma rural integral y para concretar una justicia transicional que garantice verdad y reparación para las víctimas, y modificó el sistema político para incluir a la ex guerrilla con bancas aseguradas en las legislaturas de los próximos años.
Sin embargo, estos avances no son suficientes para mantener vivo el acuerdo y tratar de alcanzar una paz definitiva.
Recientemente Christoph Harnisch, el jefe en Colombia de la misión de la Cruz Roja Internacional -una organización conocida por su bajo perfil público y sus moderadas declaraciones- lanzó una advertencia contundente: “Después de más de 50 años de conflicto, las víctimas se merecen mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Más aún, estamos particularmente preocupados por la situación de las poblaciones más remotas y el vacío de poder en el que están viviendo y al que, hasta ahora, el Estado colombiano no ha enfrentado con una presencia territorial que incluya oportunidades de desarrollo y servicios básicos”.
Según el Banco Mundial, el 40% de la población rural de Colombia es pobre y es el sector que menos recursos recibe de parte del Estado para proyectos de desarrollo productivo o de infraestructura.
La retirada del Estado no es nueva y, para la abogada Liliana Uribe de la organización Corporación Jurídica, tampoco es total. Muchas de estas regiones, especialmente las que solían ser controladas por las FARC, están “altamente militarizadas”; sin embargo, “los otros actores armados ilegales se están reacomodando y ganando poder”. Uribe pone como ejemplo el fracaso de la sustitución voluntaria de cultivos de coca, un punto destacado del acuerdo de paz para combatir al negocio del narcotráfico y responder al reclamo histórico de redistribución de tierras, una de las causas originales de la guerra.
“Hay muchos obstáculos para hacerlo. Primero, el mismo Estado implementa de manera paralela una sustitución forzada y una voluntaria de los cultivos ilegales. Además, ¿qué garantías le da a la gente mientras los nuevos proyectos productivos se desarrollan? Y, ¿qué garantías de comercialización le da después? Existe mucha incredulidad frente a las promesas del Estado”, explicó a Zoom la abogada colombiana y continuó: “Al mismo tiempo hay grupos criminales que amenazan y presionan para que no se erradique, para que los campesinos no entren en la sustitución voluntaria. Muchos de los crímenes contra líderes sociales tienen que ver con eso».
Sólo en 2017, 107 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, lo que representa un 35% más que en 2016. En paralelo, el gobierno de Juan Manuel Santos informó que 50 miembros de las FARC o personas cercanas a la ex guerrilla fueron asesinadas ese año, después del acuerdo de paz y la desmovilización. De esos 50, 10 son líderes sociales cercanos a la ex guerrilla que reclaman el cumplimiento de los compromisos, como la reforma rural integral y proyectos económicos para crear oportunidades laborales y sociales reales en pos de una integración a la sociedad y la matriz productiva del país.
En medio de las noticias cotidianas de asesinatos y amenazas a líderes sociales y campesinos, y de denuncias sobre la extraña convivencia del Estado y los cada vez más fuertes grupos paramilitares y narcos en las ex zonas de la FARC, 31 líderes sociales fueron detenidos en apenas una semana en estas mismas regiones a finales de abril y acusados de ser miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla que comenzó un proceso de paz siguiendo los pasos de la FARC.
“Hay una persecución sistemática de los que están defendiendo la paz en el territorio, sin importar su pertenencia, banderas políticas o partidarias”, sentenció la abogada Uribe.
Como suele pasar con los conflictos de larga data, la violencia en Colombia no se resumía a las FARC. Aún existen otras guerrillas, como el ELN; paramilitares -que según explicó en un tribunal uno de los líderes de los primeros grupos paras, desmovilizados en 2006, ya van por la cuarta generación-, organizaciones narcos transnacionales y el propio Estado, quien no sólo apoyó y ayudó a los primeros paramilitares, sino que además fue responsable de crímenes de lesa humanidad.
Tras más de 50 años de guerra, lo que atraviesa a Colombia no sólo es la violencia, sino también la impunidad.
Sin duda, Colombia vive un contexto muy delicado y difícil de timonear. Sin embargo, la gran incógnita que surge es qué rol están cumpliendo los tres Poderes del Estado: ¿están impulsando y defendiendo el acuerdo de paz o lo están dinamitando en varios frentes a la vez? La respuesta es sí y no. El Congreso cumplió reglamentando compromisos claves, pero luego no asignó presupuesto para muchos de ellos; el gobierno defiende públicamente el acuerdo, pero no avanza en proyectos productivos reales para integrar a los ex guerrilleros ni da protección real a las comunidades rurales y urbanas amenazadas por narcos, paras y guerrilleros disidentes; y el Poder Judicial aceptó los tribunales de justicia transicional, sólo para que la Fiscalía General sorprenda con la detención de uno de los máximos líderes de la FARC, alias Jesús Santrich, por una denuncia de narcotráfico de una corte de Estados Unidos.
“La detención de Santrich fue sorpresiva, pero lamentablemente no inaudita. En la historia de nuestro país, el Estado repetidamente no le cumplió a los que firmaron acuerdos de paz”, reflexionó en diálogo con Zoom Julio César Hincapie Betancourt, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) y ferviente seguidor de Gustavo Petro, el candidato presidencial de centro-izquierda que va segundo en las encuestas.
“Acá lo que está en juego es la seguridad nacional, la paz. Pero la Fiscalía está poniendo primero los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y los interes mezquinos de algunos sectores del país”, agregó Hincapie Betancourt.
Según la acusación redactada por una corte de Nueva York, Santrich y tres hombres más participaron entre junio de 2017 y abril de 2018 -es decir, después de la firma del acuerdo de paz- del envío de al menos 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, lo que a precio de ese mercado, supone unos 320 millones de dólares.
Los sospechosos fueron detenidos en Colombia a principios de abril en una operación conjunta con la DEA, la agencia anti narcóticos de Estados Unidos, pero la corte neoyorquina no envió la documentación formal a Bogotá para pedir la extradición de todos. Lo hizo con Santrich, pero no con Marlon Marín, quien, tras ser liberado, decidió viajar a la superpotencia del norte y se convirtió en el principal testigo protegido en la causa contra el dirigente de las FARC.
Ni bien se supo de la detención de Santrich, uno de los dirigentes guerrilleros que negoció el acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos defendió la decisión de la Fiscalía General y explicó que la DEA les había mostrado evidencias “concluyentes”. Pero el terremoto político sacudió igual a un país donde la paz es aún una promesa y donde en sólo semanas se irá a las urnas para elegir al próximo presidente con un aliado del ex mandatario y uno de los mayores críticos del acuerdo con las FARC Álvaro Uribe como favorito.
“Le pido al presidente Santos que actúe -sentenció esta semana el número dos del nuevo partido que lleva las mismas siglas que la ex guerrilla FARC, alias Iván Márquez- El gobierno está permitiendo, con pasividad pasmosa, que se continúe sembrando la maleza de los montajes judiciales y la intervención foránea».
Márquez no fue el único que encendió una alarma. El candidato presidencial liberal y ex jefe del equipo del gobierno de Santos en las negociaciones con las FARC en La Habana, Humberto de la Calle, advirtió que el favorito en las encuestas, el uribista Iván Duque, “se está tirando la paz” y llamó a “toda la Colombia afectada por la guerra a que se movilice”.
“El conflicto está en las zonas rurales y algunos cascos urbanos, pero no en las grandes ciudades, que son las que definen una votación nacional. Eso ya se reflejó en el plebiscito”, recordó la abogada Liliana Uribe, en referencia a la derrota en las urnas que sufrió la primera versión del acuerdo de paz.
“A las FARC les mataron a muchos integrantes después del acuerdo de paz. Ya desmovilizados, los asesinan en sus casas, en tránsito a los campamentos de desmovilizados, haciendo campaña para las elecciones legislativas. Pero no ven una reacción del Estado…y ahora además existe el miedo de que puedan ser extraditados, como a Santrich”, alertó la abogada Uribe.
Sin garantías de seguridad ni de desarrollo económico en sus comunidades, rodeados de grupos paramilitares, narcos y de guerrilleros disidentes cada vez más poderosos; con su liderazgo en Bogotá en crisis por la detención y la huelga de hambre de uno de los suyos, y con la perspectiva de un nuevo gobierno nacional uribista que congele aún más el acuerdo de paz, ¿qué incentivo tiene el 45% de los ex guerrilleros que sigue esperando en los campamentos de desmovilizados para no retomar las armas y sumarse a uno de los grupos armados ilegales en ascenso?
