En el país de la libertad retrocede el debate sobre la libertad de expresión está más vivo que nunca. Un nuevo escándalo de corrupción ha estallado, apoderándose de las redes sociales y los medios tradicionales. El hit “alta coimera, Karina es alta coimera» resuena en las calles, y hasta la hinchada de Chacarita Juniors, los Funebreros, la popularizó en los estadios de fútbol, reflejando el sentir de muchos sobre la situación.
El escándalo se desató el 21 de agosto de 2025, cuando los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico publicaron una serie de audios que vinculan a la hermana del presidente, Karina Milei, con un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las grabaciones, el ex titular de la agencia la menciona directamente, sugiriendo su participación en supuestos negocios ilícitos.
Esta situación revela un fuerte contraste con la promesa de campaña del gobierno de “terminar con la casta” y “erradicar los curros políticos”, ya que los audios implican a personas de su círculo más íntimo, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La respuesta del gobierno: intentar silenciar al periodismo. A través del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia penal y una demanda civil y comercial contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. El argumento oficial es que los audios fueron obtenidos mediante una “operación de espionaje ilegal”.
No menos llamativo es en manos de quién “cayó” la denuncia. Alejandro Patricio Maraniello, juez federal en lo civil y comercial, ni lerdo ni perezoso, prohibió la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, en un acto flagrante de censura previa. Este letrado enfrenta nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada (qué casualidad, ¿no?) y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.
Los periodistas a lo largo y ancho del país se manifestaron en contra de esta medida. Diego Tomas, periodista y secretario General de la Asociación de Prensa de Tucumán, le expresó a nuestra redacción lo siguiente:
Como secretario gremial de la Asociación de Prensa de Tucumán repudiamos estos actos e intentos de censura autoritaria. Estamos frente a un ataque al sistema democrático. Con este amparo judicial quieren censurar al pueblo argentino. Pretenden que la sociedad no se entere de lo que está sucediendo con el gobierno nacional y sus funcionarios. La libertad de expresión, y la de prensa, son derechos humanos esenciales para la vida de todos los habitantes, contemplado en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales. En cuanto a los precedentes, la Corte Suprema ya en otra oportunidad, en los años 90, se expresó a favor de la libertad de prensa y de la información. Aunque la libertad de expresión no es absoluta y puede ser sometida a restricciones en ciertas circunstancias. Pero, en este caso, no estamos hablando de información que pueda dañar al país en dimensiones terroristas o de seguridad nacional. En este sentido, entre el derecho a la privacidad de funcionarios públicos y el derecho de la población a estar informada sobre actos de corrupción, coimas, influencias políticas, etc., la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los límites son la cosa pública. Es decir, de tratarse de corrupción de gobierno, es de interés público. Nuestro sistema republicano y democrático, con estos artilugios jurídicos y decisiones políticas, está en juego y es grave.
Los denunciados Jorge Rial y Mauro Federico defienden su trabajo, y argumentan que se trata de periodismo de investigación legítimo, que su labor no es “vender silencio”, sino “construir noticias”. Durante estas instancias de defensa pública, los periodistas afirman que sus fuentes no son servicios de inteligencia extranjeros, como insinuó el gobierno, sino “laburantes” y “directivos” del propio gobierno, muchos de los cuales fueron despedidos.
Milagros Mariona, periodista y editora de La Nota, también se manifestó sobre el tema:
Este no es el primer ataque del gobierno de Milei hacia el periodismo y la comunicación, al contrario; nos ha tomado de enemigos/as, desde el primer momento y todos los días se ensaña un poco más. Este caso, si bien siente un precedente, por la relevancia que tiene, va a tener una revisión judicial y vamos a ver también qué se dice en otras instancias. Es una manera de desviar el foco de atención, una práctica repetida de este gobierno, ante un caso donde se están investigando coimas. Ahora hablamos de censura previa, cuando en realidad el foco debería estar puesto en las denuncias y la situación económica que se está desestabilizando como un castillo de naipes a muy pocos días de las elecciones. El mensaje que se les envía a los periodistas de las redacciones es un intento de amedrentamiento. Los medios de comunicación grandes como La Nación, Infobae y Clarín tienen estructuras, pero los medios independientes no tenemos la misma estructura para poder responder ante un ataque desde lo jurídico. Los medios de comunicación alternativos e independientes están distribuidos por todo el país y esa es una fortaleza. Trabajamos en red y sabemos que, si bien no somos medios grandes, podemos tener un impacto, instalar agendas y difundir, a pesar de estas amenazas. Pongo en valor ese aspecto de los medios alternativos. Argentina siempre tuvo figuras muy importantes del periodismo que han sabido pararse frente a dictaduras, y a gobiernos de derecha y hemos construido leyes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo.
El clima social se ha ido tensando, cada vez más, atravesado por el sufrimiento, la crueldad y una violencia creciente. ¿También por el arrepentimiento de quienes apoyaron lo que ahora perciben como una estafa?
Parece probable que los acontecimientos de los últimos días hayan abierto un nuevo capítulo: un antes y un después para los planes de destrucción del gobierno de Milei.
Mientras prostituían las funciones de los trabajadores de ANDIS premiando a quienes más pensiones bajaran, y los audios revelaban que la hermana de Milei se llevaba el 3% en coimas, los miles de discapacitados sin pensión pasaron a tener una sola comida diaria, a dejar de comprar medicamentos, a no poder pagar su alquiler, engrosando la creciente población en situación de calle.
La democracia y nuestra Constitución Nacional siempre están en peligro cuando nos gobierna la derecha. La censura previa y la persecución son nuevos jalones de una crueldad a la que es necesario ponerle un freno.
