El penúltimo martes de agosto, día previo al cambalache de discusiones sobre la movilidad jubilatoria, los fondos a la SIDE y los gritos entre oficialistas por la foto con genocidas, Martín Llaryora ingresaba al Congreso de la Nación con su agenda propia. Acompañado por Fabián López, el eterno ministro provincial encargado de las carteras ligadas a los servicios públicos, el gobernador de Córdoba se presentó en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja. Ambos exigieron una nueva ley nacional de biocombustibles para beneficiar a las provincias de la región centro, donde se incluye a Santa Fe y Entre Ríos.
“El país necesita encender nuevos motores de la economía. La Historia nos da una nueva oportunidad para que el agro no sea el único motor para la generación de dólares”, declamó el sucesor de Juan Schiaretti. López subrayó que la provincia de Córdoba está avanzando en la producción y suministro de combustibles a base de cultivos agrícolas y que se está “migrando cerca de 2.000 vehículos de la flota oficial usando un porcentaje de bioetanol muy superior al que hoy tienen las naftas en los surtidores de nuestro país”.
El anteproyecto, que tiene en sus manos los gobernadores centristas, apuntan a obligar a las petroleras a elevar el corte o niveles de mezcla de estos líquidos rurales con los combustibles de extracción fósil. También: se exige más exenciones impositivas para quienes quieran invertir en este negocio.
Tres días después, Llaryora y López recibirían una buena noticia cuando Javier Milei firmó el decreto 749. Se trata de la reglamentación del Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el famoso y cuestionado Título VII de la Ley de Bases, que conforma una batería de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para quienes traigan proyectos que requieran un mínimo de 200 millones de dólares.
En el anexo de ese documento, se otorgó precisiones sobre qué actividades económicas podían ser beneficiadas. En los ítems referidos a Tecnología y Energía, se especifica que en los mismos se incluyen aquellos que toman por “objeto la transición energética”, en el caso del primero, y a la “producción de energías de baja de carbono”, en el segundo. En ambos, encajan a la perfección.
Biocombustibles
Los biocombustibles son sustancias químicas, hechas a base de materia agrícola, cuya finalidad es el reemplazo paulatino de los combustibles fósiles. Permiten otorgar más valor agregado al campo y reducir los gases de efecto invernadero del sector hidrocarburífero. Pero distintos estudios advierten que sus riesgos son la posible expansión de la frontera agrícola y la distorsión de precios en alimentos y energía, debido a que los cultivos funcionan también como commodities.
Córdoba conforma el 40% de la producción de bioetanol a base de maíz, que se obtiene por fermentación de la oleaginosa y que luego se combina con la nafta. Tiene tres principales plantas productoras. La primera es de la empresa Promaíz SA, en la localidad de Alejandro Roca. Fue creada por dos cerealeras: la filial internacional Bunge Argentina SA y la local Aceitera General Deheza SA, del empresario Roberto Urquía, uno de los más acaudalados del país. Ambos comparten los mismos puertos privados a la vera del Río Paraná.
La segunda planta es de la empresa Bio4, ubicada en la ciudad de Río Cuarto. Su accionista más conocido es Porta Hermanos SA, quienes producen vinagres, fernet y alcoholes en gel. Y la tercera es ACA Bio, de la ciudad de Villa María, conformada por distintas cooperativas agrícolas del país, y que al igual que Promaíz también trabaja como una agroexportadora.
Córdoba no tiene confirmado ningún negocio específico que pretenda aferrarse al RIGI. La única arenga que se ejerce desde el poder político, y más con la beneficiosa reglamentación, es que se apunte al negocio de los biocombustibles, sobretodo con jugadores que manejan grandes divisas en la zona portuaria. De hecho, desde Villa María, se estaría negociando el impulso por una nueva planta, cuya clientela apunte a quienes administre vehículos aéreos y navales, cuyos motores puedan ser receptivos para esta clase de líquidos.
Cadena de desvalores
Cuando se desenreda sobre los distintos eslabones de estos emprendimientos, resulta curiosa la lluvia de expedientes judiciales que caen en algunas figuras beneficiadas.
Por ejemplo: existe una cuarta firma cordobesa llamada Maíz Energía SA. Impulsada por Porta Hnos., accionista de Bio4, fue creada para la venta y distribución de pequeñas destilerías o minidest en regiones más alejadas de la pampa húmeda. Para eso, los Porta se asociaron con Óleos del Centro SA, quien tuvo un problema en la justicia por declararse en cesación de pagos. Más grave aún: su principal director, el ex-presidente de la Sociedad Rural de Jesús María Luis Alberto Magliano, está imputado por haber robado más de 3.500 vacas en Santiago del Estero en 2021. Cuando se anunció su imputación, se mantuvo prófugo, y con pedido de captura internacional, por más de 10 días.
Yendo más al norte, en la provincia de Chaco, este mes se ordenó la imputación a siete personas ligadas a la función pública provincial por haber reformado la ley provincial de bosques que habilita la deforestación en zonas prohibidas. Según la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AadAA), y que accedió Zoom, se señala que la familia Urquía, de AGD dentro de Promaíz, fueron uno de esos beneficiados. Resulta que su empresa Las Guindas SA había contratado los servicios del ingeniero agrónomo Hernán Halavacs para obtener habilitaciones de desmonte en el gobierno provincial anterior. Con el cambio de autoridad provincial, Halavacs asumió el actual cargo de ministro de Producción y ordenó ese cambio de régimen de protección boscosa, siendo en el principal acusado. Uno de esos abogados de AadAA le comentó al autor de este artículo que los Urquía son personas “recontra poderosos”.
Por otra parte, un mes atrás, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la elevación a juicio de un ex-directivo de Promaíz y ex-socio de los Urquía, el rosarino Enrique Humanes, por evasión fiscal. Se lo acusa que en su período como presidente de la Bunge Argentina habría emitido facturas apócrifas entre los años 2011 y 2013. La denuncia la había presentado la propia AFIP.
Por último, la primera estación de servicio que brinda bioetanol, con un corte más elevado a lo permitido a nivel nacional, como lo mencionó Llaryora en el Congreso, pertenece a la firma Mega SRL, ubicada en la ciudad de Córdoba. Cuando se inauguró ese espacio en diciembre de 2022, el gobernador de ese entonces, Juan Schiaretti, estuvo presente y se maravilló con lo que le mostró el dueño del local: una Ferrari Portofino. Schiaretti comentaba que décadas atrás contemplaba estos autos de lujo, en la época que trabajaba para la automotriz internacional FIAT. El dueño del vehículo y de Mega se llama Cristian Gazagne. En la actualidad, está imputado por la justicia federal por delitos financieros, que se destaparon por una venta irregular de lotes, cerca de Alta Gracia. Cuando se allanó la vivienda de Gazagne, ubicada en un country, la Policía de Seguridad Aeroportuaria encontró lingotes de oro y el vehículo colorado de alta gama.
Con este goteo de ejemplos, queda la misma duda de siempre sobre si el RIGI puede mejorar la vida de las mayorías o, al igual que los biocombustibles, generar un corte beneficioso para unos pocos.
