Por Barbara Ester
El comienzo de la crisis política peruana se remonta a 2016, desde entonces se sucedieron seis presidentes y tres congresos. La crisis política tuvo varias aristas: institucional, social y luego de régimen. La judicialización de la política alcanzó niveles altos cuando todos los presidentes electos desde el retorno democrático (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski y Martín Vizcarra) fueron judicializados en tiempo récord. Las figuras de la prisión preventiva y colaborador eficaz (delación premiada) fueron las claves para las acusaciones de los fiscales. Desde 2020 a este panorama se le sumó la pandemia y doscientos mil víctimas fatales que hicieron evidente la mercantilización de la salud tras treinta años de neoliberalismo. Este es el contexto de emergencia de Castillo.
Para el Ejecutivo, el asedio comenzó antes de ganar las elecciones. La campaña del miedo en su contra de cara al balotaje contra Keiko Fujimori alertaba sobre la amenaza del “comunismo”. Tampoco exageremos, si bien Castillo llegó a la Presidencia por medio de Perú Libre (partido autoproclamado como marxista leninista) lo hizo en carácter de invitado tras la inhabilitación de Vladimir Cerrón por una causa judicial que le impedía ser candidato y por la que fue sobreseído tras las elecciones presidenciales. Esta amenaza infundada fue la que logró suturar la alianza entre las elites de derecha, divididas moralmente entre fujimoristas y antifujimoristas por veinte años. El ejemplo más simbólico de ello fue el posicionamiento de Mario Vargas Llosa que con pesar apoyó la candidatura de Humala en 2011 y con gusto la de Pedro Kuczynski en 2016 contra Keiko Fujimori, pero frente a Pedro Castillo por primera vez apoyó a la hija de su histórico adversario político.
Quien haya seguido la coyuntura política desde las elecciones de 2021 sabe que el rol obstruccionista ha sido permanente y contraria al voto popular. En un año y medio la rotación de los miembros del Gabinete fue producto de las sucesivas mociones de censura e interpelaciones que expulsaban o acosaban ministros. Ningún presidente en democracia fue víctima de tantos intentos golpistas (tres mociones de vacancia por incapacidad moral permanente), dos denuncias constitucionales para buscar su inhabilitación, seis causas judiciales (una por organización criminal) y denuncias irrisorias como plagiar su tesis de maestría. Es por ello que considerar que media hora de suspensión de garantías constitucionales frente a un año y medio de dictadura parlamentaria trastoca los hechos haciendo parecer a los victimarios como las víctimas. Esta forma de operar mediante el obstruccionismo sistemático fue advertida por la OEA, luego de que Castillo pidiera ayuda frente a un intento de golpe de Estado en su contra bajo una nueva modalidad: Medios + Fiscalía + Congreso.
Dos palabras: terruqueo y choleo, son necesarias para entender el imaginario político racista y clasista esgrimido contra el presidente y su Gabinete. Terruquear a alguien es acusarlo de tener lazos o nexos con los miembros insurgentes de la lucha armada, fundamentalmente ser provinciano ya que fue el principal escenario del conflicto en los años ´80. Por otra parte, el verbo cholear da cuenta de un destrato a partir del color de piel del otrx. El “cholo” es, en definitiva, lo que el poder colonial consideraba mestizo: una hibridación degradante de “razas”. El cholo es también el sujeto político con el que Haya de la Torre y Mariátegui soñaban, a medio camino entre la ruralidad y la urbe y entre el imaginario indígena y el criollo. Durante los primeros seis meses la artillería mediática construyó una opinión de “el profe”, e insistió en que era un “Presibruto” por su forma de hablar. El Gobierno de Pedro Castillo fue el primer Gobierno en realizar un discurso de apertura de sesiones en quechua frente al Congreso. En aquel entonces se celebraba el bicentenario y la respuesta de la presidenta del Congreso Maricarmen Alva -blanca, limeña e ilustrada- sería la misma de los dos últimos siglos: “cállese”.
En su breve gestión el Gobierno de Castillo promovió la recuperación de Petroperú -única petrolera de bandera- mediante la activación de la refinería de Talara. Todo fue opacado por sospechas y acusaciones de corrupción a los funcionarios nombrados. El Gobierno también implementó un modelo redistributivo no sólo en términos de salario ya que más del 70% de la población es informal, sino con la distribución federal de las inversiones en obra pública del centro a las periferias provincianas y una innovación institucional: un Gabinete descentralizado que acercaba el Ejecutivo a los gobernadores regionales sin intermediarios y en el propio territorio.
Sobre el rol de los medios de comunicación Castillo es el único presidente al que una entrevista en la prensa internacional le valdría una acusación constitucional de traición a la patria al referirse a la salida al mar para Bolivia. Luego de ello decidió dejar de dar entrevistas a la prensa local que comenzó a contabilizar los días en que no respondía. Al cumplir un año de mandato Castillo anunció una nueva distribución de la pauta publicitaria para asignar más recursos a los medios de comunicación regionales por sobre los grandes conglomerados multimedios. Este hecho fue considerado una “amenaza a la libertad de prensa” en un país en que solo el Grupo El Comercio concentra el 80% de la prensa escrita, además de canales de TV. La existencia de una concentración mediática de carácter monopólico en Perú es una de las conclusiones del informe preliminar de la OEA.
El lawfare contra Castillo comenzó a gestarse, en principio, contra Perú Libre. “Los dinámicos del centro” fue el nombre con el cual la prensa denominó a los miembros de Perú Libre con pequeñas causas por corrupción en alcaldías, desde el cobro de un canon por trámites como obtener carnet de conducir hasta coimas en obras públicas. Este año, Perú Libre rompió su alianza parlamentaria y expulsó a Castillo del partido. Fue entonces que las denuncias fueron virando hacia miembros de su familia, esposa, hija, sobrinos y entorno más cercano. Si bien su esposa está acusada de ser la cabecilla de una organización criminal, la presión llegó a su punto cúlmine cuando su hija de crianza de 26 años, Yénifer Paredes, fue puesta en prisión de forma “preventiva”. Antes de que la joven acuda voluntariamente a la Justicia, las imágenes de un operativo policial de allanamiento en el Palacio de Gobierno convertían el hecho en un espectáculo. Prácticamente el único logro de la intervención de la OEA fue la liberación de Yénifer y el rechazo de la denuncia por traición a la patria al considerarla infundada, ya que el delito por el que lo acusan no existe en ninguna causal prevista.
En vísperas de una tercera vacancia, todo tomó un giro repentino. Castillo anunció por cadena nacional el Estado de excepción, el cierre temporal del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El profe jamás podría haber pensado que los poderes fácticos iban a respaldar su autogolpe. Otro dato llamativo es que todos los conteos de voto por bancada coincidían en que el Congreso por tercera vez no obtendría los 87 votos necesarios para su destitución. Aún si la oposición tuviera los votos, para el presidente era preferible ser vacado por un Congreso con una aprobación de un dígito que declarar el Estado de Sitio. Por último, está legalmente habilitado para declarar el Estado de excepción, pero llamar a una asamblea constituyente sin pasar por los mecanismos previsto es inconstitucional, el único capaz de cometer tal osadía fue Alberto Fujimori en 1992 y solo fue posible por el respaldo de las FF. AA. A diferencia de Martín Vizcarra, quien se apoyó en el artículo 134 que habilita el cierre ante dos negativas de confianza para cerrar el Congreso en 2019, lo de Castillo era un suicidio político. Pasó lo obvio, el Congreso siguió sesionando y vacó a mandatario por considerarlo “golpista” con número récord de 101 votos a favor entre ellos sus hasta entonces aliados. Inmediatamente después de dar su discurso de “golpe de Estado” el “dictador” fue detenido. Podría decirse que Pedro Castillo instauró una dictadura del choletariado, pero duró menos de media hora en libertad. Hay incluso programas televisivos, como Canal N, en donde circularon la noticia de la detención de Castillo antes de dar su última alocución. Mientras leía el discurso, su hoja temblaba. Dieciséis congresistas hasta ayer aliados del Gobierno y pertenecientes a las bancadas de “Perú Bicentenario”, “Perú Libre”, “Bloque Magisterial” y “Juntos por el Perú- Cambio Democrático” votaron a favor de la vacancia. Sus ministros comenzaron una catarata de renuncias masivas y se pronunciaban contra el golpe, quedó solo. Quienes pedían que fuera menos tibio, que patee el tablero y llame a una Asamblea Constituyente como sea, ahora lo consideraban un tirano. Volvió a reunirse la OEA y afirmó que si bien su informe había anticipado que esto iba a pasar “Castillo quebró el orden constitucional” y eso era inaceptable.
Cómo caracterizar a Castillo ha sido un atolladero para el progresismo internacional con la honrosa excepción de AMLO. Perú nunca participó de la primera oleada del ciclo progresista latinoamericano, si bien hubo intentos, la clase política logró domesticar a Alejandro Toledo, a Alan García que en su segundo mandato dilapidó todo el capital político del partido de la estrella y a Ollanta Humala. Pedro Pablo Kuczynski, luego de ganar por la mínima, fue el fundador de Grupo Lima, la ofensiva de derecha regional en pleno apogeo del “fin de ciclo progresista”. Martín Vizcarra, su sucesor, fue el artífice de un intento reformista de saneamiento institucional, sin embargo, fracasó y fue también vacado. Castillo llegó al poder como miembro de una segunda oleada progresista junto a países y procesos tan disímiles como México, Chile y Colombia. Pero también sumado a los retornos del peronismo en Argentina, de Lula en Brasil y de Xiomara Castro en Honduras. Su primera decisión sobre política de integración regional fue la disolución del Grupo Lima. Los permanentes impedimentos para que Castillo realice viajes internacionales muestran esta defensa acérrima del Congreso sobre la política internacional peruana. Nunca los votos del Congreso negaron tantos pedidos de salida del país por motivos tan irrisorios. Las negativas incluyeron desde visitas al Papa hasta la reunión anual de Alianza Pacífico a quien nadie puede acusar de progresista y en la cual Castillo era presidente pro témpore.
Para la OEA los intentos destituyentes eran tantos y tan burdos que no pronunciarse les hubiera restado credibilidad luego del apoyo al golpe de Estado en Bolivia. Si bien el informe alertaba sobre el empate catastrófico de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la OEA recomendaba que fuera la Justicia mediante su Tribunal Constitucional quien mediara entre poderes. Uno de los primeros personajes en posicionarse al respecto fue Jeanine Añez su mensaje decía: “creyeron que harían de sus países su canchón. Los golpistas nacen y la dictadura los junta. Como en Bolivia, el Congreso peruano avaló la sucesión constitucional ante el artero golpe institucional asestado por su Presidente. Perú y Bolivia, pueblos hermanos, libres de dictadores”.
Por cadena sucesoria la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió como la primera presidenta peruana, casualmente dos días antes de su asunción la Justicia desestimó dos denuncias en su contra. En su breve lapso por el Poder, las principales adversarias de Castillo han sido mujeres: Keiko Fujimori, Maricarmen Alva -primera presidenta del Congreso-, Mirtha Vásquez -segunda presidenta del Congreso-, la fiscal y querellante contra Castillo Patricia Benavídez – cuya hermana jueza ha sido acusada de favorecer a miembros de los “Cuellos blancos del Callao” presunta organización judicial investigada por favorecer y encubrir al fujimorismo- y la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, quien fue invitada por la embajada de EE. UU. a un “intercambio de experiencias en la lucha contra la corrupción” realizado en Washington D.C. a fines de octubre. Desde el ámbito moral la socialdemocracia made in ONGs no dudó en tratarlo de traidor a un pueblo que desconoce. Todo es posible porque la economía sigue funcionando. Castillo dejó como herencia una economía pujante. La paradoja peruana es que la economía logra seguir creciendo en medio -o gracias- a la crisis política sostenida desde hace siete años y cuya única salida es un nuevo pacto constituyente.
El mismo día que Cristina Kirchner recibía la sentencia de la Justicia, Castillo afirmaba: “reitero que no soy corrupto, porque el nombre y buen apellido de mis padres jamás lo mancharía”. Al día siguiente, se inmoló con un autogolpe y, jugándosela, en un intento simbólico y desesperado anunciaba una asamblea constituyente que nacía muerta. Castillo bien podría haber dicho “no soy una mascota del poder” pero optó por el harakiri, suicidio cometido por el honor personal o, al menos, la protección de su familia.
Bárbara Ester es licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó una Diplomatura en Género, Movimiento de Mujeres y Política en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente cursa la Maestría en Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es investigadora de CELAG.
