No es país para cooperativas

El caso Sancor puso en escena un entramado político y económico que afecta al modelo cooperativo. El rol de la justicia, el ajuste y el sueño de un país de sociedades anónimas.

sancor-despidos

Para las cooperativas de trabajo nunca fue sencillo. Están acostumbradas a esa dificultad extra, a ese “punitivo” que el sistema le aplica a la economía solidaria por desafiar a la economía “a secas”, la del capital y la acumulación. Los cooperativistas conocen bien esas reglas de juego. Lo dicho: nunca les fue fácil. Pero desde que Cambiemos llegó al poder, la lucha se volvió asfixiante.

 

En los últimos días, el caso de SanCor puso el tema en la agenda pública. La tradicional cooperativa láctea arrastra un déficit varias veces millonario y trascendió que, como parte de su reestructuración, evalúa el cierre de cuatro plantas, poniendo en riesgo 500 puestos. La intervención de la Casa Rosada no fue menos elocuente: para acceder a brindar un rescate financiero, el Ejecutivo puso condiciones, entre ellas, barajar la posibilidad de una venta, para lo que, primero, la cooperativa debería transformarse en una sociedad anónima.

 

Más allá de SanCor, que por su escala posee características específicas, lo cierto es que la política de ajuste que el macrismo viene aplicando impactó de manera recargada sobre los emprendimientos autogestivos, que basan su vitalidad en la producción, el consumo y el mercado interno. Es decir, en los eslabones más debilitados por el modelo económico del PRO.

 

Dentro de ese cuadro general adverso, dos situaciones se muestran puntualmente nocivas: la reiteración de subas tarifarias, en especial, la de electricidad; y la apertura masiva a importaciones de China y otros países asiáticos. La primera variable aumenta de forma exponencial el costo productivo en actividades que suelen ser de alto consumo energético; mientras que la segunda inunda la plaza con manufacturas que compiten a precios imposibles para las cooperativas, como está pasando con los textiles.

 

Pero no es solo la economía, sino también la política de escritorio y su reflejo en el Poder Judicial. Ya son varios los casos en que el oficialismo veta leyes de expropiación sancionadas en favor de las empresas recuperadas, y acto seguido, desde los juzgados se instrumentan órdenes de desalojo. Lo sucedido recientemente con el Hotel Bauen y la metalúrgica Acoplados del Oeste -la ex Petinari- grafican esa cadena de hechos.

 

Cuesta arriba
Foto: Rocío Curia
Foto: Rocío Curia

“Desde que empezó esta gestión vamos muy mal. De a poquito nos van empujando al abismo”, resumió Christian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct), que reúne a 47 federaciones de 20 provincias y abarca los más diversos rubros. Hacia el interior de la Cnct conviven unas 3 mil empresas y cerca de 80 mil asociados. En diálogo con Zoom, Miño enumeró las razones de la crisis: “La apertura de importaciones, las tarifas, el consumo paralizado y también la obra pública, donde no hay un solo convenio activo”. En cuanto al tarifazo, puso un ejemplo contundente: “Tenemos casos de cooperativas que son dependientes de la electricidad y que, de pagar 200 mil o 150 mil pesos, recibieron facturas de 1 millón o más”.

«Los emprendimientos autogestivos basan su vitalidad en la producción, el consumo y el mercado interno. Es decir, en los eslabones más debilitados por el modelo económico del PRO»

Para el dirigente está claro que “el gobierno viene haciendo política en contra del sector”. Sostuvo que el Banco Central emitió resoluciones “para que las cooperativas tengan más dificultades con las cuentas bancarias” y que en el Registro Nacional de Efectores, que las habilita a contratar de manera directa, “sumaron requisitos para que no se puedan cumplimentar”. En cuanto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) -órgano de contralor, que depende de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley-, Miño indicó que “el año pasado dio de baja a 6 mil cooperativas y están viendo si este año lo hacen con otras más”. A eso le sumó la presión por parte de la AFIP, las expropiaciones vetadas y que “todos los recursos que tenía el Ministerio de Trabajo para incentivar a la producción se los pasaron a Desarrollo para dar asistencialismo: entregar planes y alimentos”. Desde su mirada, el plan es evidente: “Que la clase trabajadora tenga la menor cantidad de recursos y dar asistencialismo para que no se les prenda fuego el país”.

 

A principios de marzo, más de 120 delegados de la Cnct se congregaron en un plenario para compartir experiencias. De los sectores presentes, solo uno dijo no sufrir problemas críticos: Facttic, que agrupa a los emprendimientos dedicados a la tecnología. “Producen software, lo venden afuera y cobran en dólares. Pero de 47 federaciones que tenemos, que una sola ande bien, da cuenta de la situación en que estamos”, remarcó Miño.

 

Otra rama del cooperativismo que vive la excepción de los buenos tiempos son los servicios, como el agua, las telefónicas y, sobre todo, las eléctricas, que con el kirchnerismo no lograron aumentos de tarifas y ahora, en cambio, accedieron a un esquema de subas trimestrales.

 

Antagonismos
Foto: Realpolitik
Foto: Realpolitik

“Este gobierno es lo peor que le podría haber pasado, no solo a los trabajadores, sino también al movimiento cooperativo. Son antagónicos y el macrismo está dispuesto a liquidar al cooperativismo”. La frase, lapidaria, pertenece a Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel Bauen y titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), conformada por 60 entidades de todo el país. “Es lo peor, básicamente, porque la lógica del PRO, que es maximizar ganancias y armar un gabinete repleto de gerentes de las grandes corporaciones, se da de patadas con los principios y los intereses del cooperativos”, argumentó Tonarelli a Zoom. En ese paquete también incluyó al Inaes. “Frente al tarifazo, la apertura de importaciones y la baja del poder adquisitivo, que repercuten directamente, el Inaes no hace más que sancionar a las cooperativas porque deben un acta o un balance vencido por 60 días”, se quejó. “No se puede ser iluso y engañarse en la idea de que el Inaes va a tener otra línea que no sea la del macrismo, que es prácticamente liquidar a las cooperativas”, reafirmó.

 

Por estos días, Tonarelli y las 130 familias del Bauen trabajan contra reloj para evitar el desalojo del hotel de la avenida Callao, dictado con fecha tope del 19 de abril por la jueza Paula Hualde, luego de que Mauricio Macri vetara la expropiación que el 30 de noviembre de 2016 había votado el Congreso. Los cooperativistas -que hace 14 años administran la empresa- pelean en tres campos: el legislativo, para volver a sacar una ley; el jurídico, donde ya objetaron la orden de Hualde por extemporánea; y en la calle, con una movilización al Congreso para el 22 de marzo, una cena solidaria en la primera semana de abril, y un acto y vigilia el 18, en las puertas del Bauen.

“Pero no es solo la economía, sino también la política de escritorio y su reflejo en el Poder Judicial”

Otros que resisten, pero ya desalojados, son los 120 cooperativistas de Acopados del Oeste (ADO), la ex Petinari, que el 3 de marzo se toparon con un megaoperativo policial que les impidió entrar a la planta ubicada en Merlo. Desde ese día, acampan frente al predio. Aquí también primero hubo un veto, en este caso, de la gobernadora María Eugenia Vidal, que echó para atrás la expropiación sancionada por legislatura provincial en marzo de 2016. “Seguimos en la carpa, aguantando, para que no se lleven nada de la fábrica”, explicó a este medio Jorge Gutiérrez, presidente de ADO, con la esperanza de que el juez del concurso finalmente dicte la quiebra de la empresa, que fue abandonada por sus dueños en febrero de 2015, luego de 180 despidos y ninguna indemnización. “Este gobierno no vino de la mano de los trabajadores sino de los empresarios. Y vemos que tampoco quiere el modelo del cooperativismo. Sabemos que nada se nos va hacer fácil”, afirmó Gutiérrez.

 

El de ADO no es el único caso donde Vidal bloqueó expropiaciones en favor de un emprendimiento autogestivo: también lo hizo con las fábricas recuperadas DePE, de cierres relámpago, en General San Martín; la metalúrgica Presidente Néstor Kirchner, ex Raimat, en Quilmes; Cerraduras de Precisión Limitada CDP, ex Rench, del Tigre; y la Asociación Civil Pantalón Cortito, de La Plata. Como lo hizo Macri con el Bauen, el gobierno provincial esgrimió el argumento de que sólo se beneficiaría a unos pocos al tiempo que habló del gasto que aplicar la ley implicaría para el erario público.

 

Tinta seca

congreso-bauenHéctor Recalde, jefe de bloque del FPV en Diputados, es uno de los que más activamente trabaja con el Bauen para reflotar la ley de expropiación. “El cooperativismo, fundamentalmente aquellos que recuperaron empresas que se caían, van a sufrir las mismas consecuencias que todos los trabajadores”, planteó Recalde. “La cooperativa Zanón está pasando por muchísimas dificultades, que tienen que ver con la situación del mercado interno. Pero Cerámica San Lorenzo también cerró en algunos distritos. Es la política general, agravada por la insensibilidad del gobierno”, sostuvo el legislador.

 

A pesar de la crudeza de este escenario, la problemática del sector rara vez gana la atención de los medios, salvo cuando derivan en cortes de rutas y represión policial. No es casual si se tiene en cuenta que la prensa cooperativa también sufre el ajuste y los efectos de la opción de Cambiemos en favor de los grupos concentrados.

“A pesar de la crudeza de este escenario, la problemática del sector rara vez gana la atención de los medios, salvo cuando derivan en cortes de rutas y represión policial”

Fernando Gómez, vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos (Fadiccra), consideró que “los conflictos comienzan a partir de un paradigma que vuelve a fijar a la comunicación como negocio y la deja de considerar un derecho humano, con la derogación de la Ley de Medios como testimonio más nítido”. Para Gómez, así arrancó “una carrera por reconstruir un mapa de medios cada vez más concentrado, dejando afuera no solo a las experiencias comunitarias o populares, sino en especial al sector donde los medios están en manos de trabajadores de prensa”.

 

El dirigente de Faddicra -que reúne a los cinco diarios cooperativos del país- destacó que un gran problema es el precio del papel. “Cada vez se incrementa más, mérito de dos circunstancias: una es el monopolio de la distribución y la venta, que mantiene su concentración habitual, por el fortalecimiento de Clarín y La Nación, que intensificaron la cartelización del precio”. El otro motivo es “la liberalización de las importaciones, que lejos de garantizar papel a más bajo precio, redundó en un monopolio más intensivo por parte de los titulares de Papel Prensa”. A eso, le adicionó “una restricción casi absoluta de la pauta publicitaria oficial”. Como federación, Faddicra participó del debate por una ley al respecto, que aún tiene media sanción del Senado. “Pero este gobierno -lamentó Gómez-, en lugar de avanzar en un esquema más democrático, repite la historia y no fija una pauta que establezca un piso de justicia a la hora en la distribución, atendiendo incluso a la calidad y la tirada de las publicaciones, porque los medios cooperativos llegan a todo el país”.

 

En definitiva, en medio del planchamiento general del mercado, que además limitó la publicidad privada y el consumo de la comunicación gráfica, los diarios cooperativos afrontan un amenazante embudo económico.

 

Dar la pelea

Con este panorama tan sombrío como urgente, desde la dirigencia del sector vienen subrayando la necesidad de avanzar hacia un marco legal que cuide las fuentes de ingresos. “Hay que construir los consensos necesarios para una ley nacional en defensa del trabajo cooperativo”, indicó Gómez. Un punto sería establecer mercados protegidos, al restringir la apertura a determinados productos importados. Otra clave está en que exista una pauta de asignación de obra pública para las empresas autogestivas, además de fijar un cuadro tarifario diferenciado para los servicios, que evite situaciones en donde la opción sea pagar la luz o llevar un plato de comida a casa.

 

“Si bien cada vez quedan menos herramientas, no hay que bajar los brazos”, remarcó Miño. “Sabemos que nuestra única posibilidad está en salir a la calle”, concluyó el presidente de la Cnct.

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