Todos los mayores han sido primero niños. (Pero pocos lo recuerdan).
Antoine de Saint Exupery, El Principito
“Encerrar a niños y jóvenes, ¿resuelve el problema de la seguridad?”. Ese fue el título del encuentro con la Dra. Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, invitada por la UNT. Es un título provocador, nos interpela: ¿qué significa encerrar? También puede ser recluir, confinar, aprisionar, encarcelar. Conceptos fuertes, duros, que impactan sobre la libertad.
Es una invitación a pensar colectivamente sobre una realidad que nos acontece a todos, en una sociedad cuyo contexto de exclusión social sigue siendo un factor determinante, en la criminalización, las políticas punitivistas y su expansión penal, todas a la orden del día. “No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población”, afirman desde UNICEF. Es importante decir que, cuando existe delito, los porcentajes indican que la mayoría son contra la propiedad y que, de acuerdo con su gravedad, se analizan desde esa perspectiva. Y aparecen los modelos totalmente opuestos de justicia punitivista versus justicia restaurativas, presentes en los diversos proyectos cada vez que se intenta traer este tema para el debate legislativo. Esto pone a la justicia en una situación de necesaria reflexión, de pensarse, de preguntarse qué aportan a la cuestión, cómo se interpretan en estos nuevos contextos.
Lo que en ningún caso deben faltar son los principios de progresividad y no regresividad.
Derechos Constitucionales. Marcos normativos
Nuestra Constitución Nacional incorpora, aprueba, Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La Convención de los Derechos Humanos del Niño establece las normas para garantizarlos. Argentina es signataria de este tratado. A lo que se suman las leyes nacionales de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como la ley 26061 sancionada en 2005 que protege de manera integral los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio argentino, para garantizarles el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente, de lo reconocido en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales.
La Ley 26206 de Educación establece que la educación es una prioridad nacional e incorpora la obligatoriedad educativa del nivel secundario para reafirmar el ejercicio pleno de ciudadanía democrática. El derecho a estudiar y aprender, son indispensables para lograr una vida comunitaria, solidaria, con esperanza.
Tenemos leyes nacionales, provinciales, tratados internacionales con rango constitucional, que establecen que los ciudadanos menores de edad son titulares de todos los derechos que se reconocen a los adultos, pero, además, son titulares de derechos específicos.
La privación de la libertad es una medida excepcional, de último recurso, y por el menor tiempo posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño. Se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, es una herramienta de socialización de la violencia para los jóvenes y favorece la reincidencia. Explorar caminos alternativos es el desafío.
Hay un “plus” de derechos que van articulándose con las leyes de protección integral que consideran a este grupo como sujetos de derechos. Dentro del cual incluyo el derecho a comprender, que es el rol del lenguaje. Es fundamental comprender su situación frente a la justicia penal, ya que se acostumbra a utilizar ese lenguaje forense, básicamente incomprensible para el resto de la comunidad. De ese modo, se potencia la vulnerabilidad frente a esa realidad, lo cual se complejiza si son menores a quienes está dirigido el alegato.
La indefensión ciudadana frente a la aplicación de normativas atomizadas fundadas en políticas de recorte
Ahora bien, ¿por qué se trae este tema para el debate? ¿Por qué en la Cámara de Diputados se encuentran varios proyectos para bajar la edad de imputabilidad a los menores?
Este tipo de propuestas suelen emerger en la medida en que el Estado se corre de su función principal, que es la generación de políticas públicas para mejorar permanentemente la calidad de vida de sus ciudadanos, en todas las áreas de gobierno, de modo tal que impacten en sus vidas. Es esa concepción integral de la política pública lo que garantiza la vida en comunidad dentro del sistema democrático.
La propuesta de todos los gobiernos de derecha es utilizar al Estado para sostener su ideología perversa y cruel en detrimento de las garantías constitucionales y democráticas.
Por supuesto que la seguridad es un gran tema que debe ser abordado por toda la sociedad. ¿Desde qué lugar lo hacemos? ¿Desde la inseguridad o desde la promoción de seguridad? Cuando las garantías constitucionales son cumplidas y las políticas de Estado las promueven, la seguridad se construye permanentemente con la comunidad.
El problema se profundiza cuando esas garantías están restringidas en general y las desigualdades sociales, económicas, laborales, educativas, urbanísticas y cuantas se nos puedan ocurrir, se profundizan. El efecto es, entonces, la destrucción de los lazos sociales y una progresiva desintegración del tejido social, lo que transforma a quien era sujeto de derecho —Juan, María, Lidia y tantos otros— en un “nadie” social. Pierden, así, su identidad, su pertenencia y su reconocimiento por parte de los otros.
Sentimiento de enojo, ira, tristeza, desamparo; sus restricciones y privaciones aumentan, en su soledad e impotencia. Ven que no pueden con tanto y mucho más cuando son jóvenes o niños. Al mismo tiempo, se instala socialmente que la “inseguridad” es generada ahí, en ese lugar, en ese sujeto, en ese “nadie” y es allí cuando aparece la noción de “selectividad del sistema penal”. En sociedades desiguales el sistema penal no recae de la misma manera ni con la misma fuerza en todas las clases sociales.[1] Frente a la destrucción del sistema de contención social, el estado de derecho no es igual para todos. “Salud, ¡afuera!”, “Educación, ¡afuera!”, “Obras Públicas, ¡afuera!”.
El modo en que impactan estos recortes en cada sujeto, en cada persona, es desigual. Pero impactan, no pasan desapercibidos. Cada propuesta tiene efectos, cada recorte impacta en las personas a las que les sacamos el trabajo, la comida, la vivienda que no llega nunca porque no se construye, mientras la salud se torna inaccesible y se cierran escuelas. En otros impacta en menor medida, pero produce efectos colaterales que van sumando a un nivel social hecho de cada vez más evidentes desequilibrios, de rupturas de cohesión y de vínculos, de una creciente falta de empatía.
La intencionalidad permanente del populismo de derecha es seleccionar a quiénes les garantiza derechos. Utilizan, para ello, a los medios de comunicación hegemónicos, se valen del auge cada vez más influyente de las redes sociales, cómplices privilegiadas para crear un enemigo necesario y formatear una sociedad de individuos y no de sujetos, una sociedad deshumanizada para poder aplicar sus políticas crueles, para salvaguardar los beneficios económicos que el sistema capitalista salvaje promete para pocos.
El informe de UNICEF nos dice que los países con tasas de homicidio más alta tienen las edades de imputabilidad más bajas. Ecuador, país con la tasa de homicidios más alta en 2023 —45.1 cada 100.000 habitantes— tiene la edad fijada en 12 años. Mientras que, en nuestro país, en 2022 la tasa era de 4.2 cada 100.000 habitantes, aun manteniendo nuestro límite en la edad de imputación a los 16 años.[2] Los países con tasas de homicidio más elevadas suelen fijar edades mínimas de responsabilidad penal más bajas, como respuesta punitiva. Esta estrategia resulta poco efectiva para lograr combatir la inseguridad.
Los jóvenes, tan hablados y poco escuchados, dicen
La cultura del odio está muy arraigada en nosotros: la gente odia al que tienen al frente. El problema arranca desde arriba, no desde abajo.
Es inútil bajar la edad. Siempre se van a aprovechar de los chicos. Quienes están por detrás de esto, se van a aprovechar de chicos más chicos.
No se puede imputar una persona sin mirar el contexto sociocultural. No se puede comparar con una banda organizada. Muchos salen para comer. El delito está, no se justifica, pero hay que mirar el contexto sociocultural. ¿A quién ataca el gobierno? ¿Qué está mal, el sistema o el changuito de 14 años que sale a robar muchas veces para comer?
Están en desacuerdo con la baja de la edad. Se debe analizar en el contexto en el que se realiza el hecho. Cómo se acaba con este problema de raíz. Se lo imputa y todavía no puede votar. Repiten la misma noticia permanentemente. Vivimos en la época de la imagen y viralizan la misma situación. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda esto? Además, los menores no pueden trabajar. Hay que insistir, sin descanso, con más educación, con la pedagogía, en los barrios. Ni hablamos con los vecinos del barrio. O estudian o trabajan, por lo que hay que defender la educación, no puede un niño de 13 salir a laburar.
Me pregunto, como lo hacen algunos juristas, si puede el Estado castigar legítimamente a quienes ha excluido estructuralmente con la falta de acceso a derechos básicos. ¿Cuántas veces al día vemos niños en las esquinas de nuestras ciudades intentando vender algo? ¿Cómo resiste ese niño ante los tantos “no” que recibe desde que amanece hasta que se acuesta y su no llanto, pero su mirada implorante, que nos pide ayuda a gritos?
Belén, una alumna de una escuela tucumana, me dijo una vez que todos los jóvenes tienen proyectos —aunque no lo parezca— y que nadie les diga que no tienen derecho a tenerlos, porque son capaces y pueden lograrlo.
Tengo su imagen presente con su dedo índice levantado ante un espacio abarrotado de jóvenes, en un encuentro con más de 800 estudiantes de escuelas secundarias, dirigiéndose con la fuerza y la simpleza que caracteriza a la mayoría de ellos, exhortando, a quien quisiera escuchar, a ser reconocidos, por sus valores más que por si saben matemáticas o no. Diciéndonos que sus proyectos valen. La recuerdo siempre a Belén, la voz firme y el sueño intacto, diciendo que merecen tener proyectos.
¿Cuántos proyectos de jóvenes conocen quienes quieren modificar sus garantías como sujetos de derechos? ¿Cuántos se sentaron con ellos para conocerlos y para ver cómo están? ¿Cuántos jueces y auxiliares de la justicia conocen tantas realidades adversas por las que atraviesan la mayoría de ellos?
Y pensamos
Estas realidades no pueden ser modificadas de manera atomizada, como nos las muestran. La única manera de poder trabajar es desde un Estado presente, no desde lo jurídico con tinte punitivista, sino con el trazado armónico de la regulación de la normativa democrática que tiene nuestro país y un conjunto sólido de políticas públicas para estos muchos sujetos de derecho. Una auténtica construcción comunitaria en sus propios territorios. Me refiero concretamente a la salud, a la educación, a la vivienda, a la comida, al trabajo de los adultos, a construir ciudadanía democrática con la participación en su propia comunidad siendo garantes de que se cumplan sus proyectos.
No es suficiente que la escuela tenga sus puertas abiertas para garantizar educación. Hay que trabajar especialmente con los jóvenes para que construyan su trayectoria educativa. Desde la escuela y con la comunidad. Cuando un niño o un joven deja la escuela, el fracaso es del sistema, a pesar que se insiste en que es de la persona. Ese saber no es deseable. Es necesario generar el deseo de aprender y el deseo de enseñar también. Estado presente, comunidad presente. Qué ofrecemos es el gran reto.
Junto a la escuela, los espacios libres, parques, plazas, baldíos, todo es convertible si tenemos proyectos comunes y políticas accesibles frente a la letanía destructiva del individualismo, de crear enemigos y de mensajes de mucho odio y acoso que nos llevan a una miseria social y a ver como solución proyectos para bajar la edad de modo de castigar judicialmente lo que no se quiere construir de manera social y colectiva.
Esos viejos conceptos instaurados en nuestra sociedad son el obstáculo que nos impiden actuar de inmediato, de modo que ningún niño, niña o adolescente deje de ir la escuela. Allí, en esa decisión central, hecha de responsabilidad social y compromiso con nuestras infancias y juventudes es que seremos parte —como adultos— de cuanto haga falta para que esos jóvenes ejerzan de manera plena el derecho de tener proyectos y de luchar por ellos.
Esto no quita responsabilidad a quienes proyectan leyes y a los que las ejecutan, que tienen la responsabilidad social, ética, de generar los espacios, los tiempos del pensar, del comprender. Especialmente respecto de la justicia penal juvenil. Todo sujeto necesita de miradas, de escucha, de exponer realidades y, desde la justicia restaurativa, generar otros espacios, de reparación y reconocimiento mutuo. De ese modo estaremos propiciando una mejor convivencia.
Los caminos tradicionales no llevaron a soluciones efectivas y, como dice el maestro Tonucci,[3] “no podemos cambiar, si seguimos haciendo lo mismo”. Explorar caminos alternativos, es el desafío.
[1] Gutiérrez, Noelia (2024): «Bajar la edad de imputabilidad en Argentina, ¿para qué sirve?», Revista de Pensamiento Penal, 13 de septiembre. Disponible en https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/91452-bajar-edad-imputabilidad-argentina.
[2] UNICEF, 2024. Disponible en https://www.unicef.org/argentina/media/22741/file
[3] Francesco Tonucci, también conocido por el pseudónimo “Frato”, es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artículos en revistas italianas y extranjeras.
