Los caminos del ajuste

La discusión por el presupuesto sintetiza la tensión de provincias y nación por los alcances de las políticas de "austeridad" fiscal. Urgencias electorales, grieta interna y pliego de condiciones para firmar el "déficit cero".

En medio de la crisis política y económica, el presidente Mauricio Macri y su equipo apuestan a una foto. El martes próximo, el jefe de Estado recibirá a los 23 gobernadores y al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión que surge por presión de los invitados opositores y no por iniciativa del anfitrión y sus aliados. El objetivo es acordar el presupuesto 2019, es decir, la siguiente etapa del ajuste que Cambiemos acordó con el FMI, y que en gran parte recaerá sobre las muy dañadas economías provinciales. En ese marco, habrá una fotografía grupal, un gesto político clásico y un insumo que el analista dominguero suele valorar positivamente. En la Casa Rosada aseguran que será una señal de confianza hacia los mercados, de cara a cumplir con el slogan de “déficit cero”, descartada ya la instancia romántica de la “pobreza cero”. Para el martes, se descuentan rostros adustos, aunque quizás alguno sonría, aliviado o de pura costumbre.

 

La convocatoria de Macri a los mandatarios –los 19 opositores, más los 5 del oficialismo– llegó después de que los gobernadores del PJ celebraran un segundo y nutrido cónclave en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), del que también participaron Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Graciela Camaño, entre otros dirigentes. El primer encuentro había sido tras la caída del fondo sojero y el más reciente, cuando trascendieron detalles del ajuste que les tocaría a las provincias.

 

El malestar de los gobernadores no es novedoso. Opinan que se les exige mucho y se les concede poco, tanto en cifras como en peso político. Consideran que, en concreto, apoyaron el programa del gobierno, incluso sabiendo de sus efectos para las economías regionales, y que ahora la propia debilidad del Ejecutivo los obliga a acompañar un presupuesto con recortes sin anestesia y altos costos para sus aspiraciones electorales, como condición de no ser acusados de desestabilizadores.

 

“Los anuncios que han hecho nos los enteramos a través de la tele, a pesar que son medidas que impactan en las economías regionales. Nos hubiera gustado que nos llamen si el país está en emergencia, como dice el Presidente”, se quejó el tucumano Juan Manzur, uno de los más activos en la liga provincial. El puntano Alberto Rodríguez Saá dio un paso más: “El FMI va a conocer el presupuesto de la Nación antes que los gobernadores”. Días antes, Carlos Verna, mandatario de La Pampa, había asegurado vía Twitter que “Macri fracasó en el control de la inflación, la unión de los argentinos, la reducción de la pobreza, el control de la macroeconomía”. Luego del encuentro con sus pares, aseguró: “Vamos a ser parte de la solución en estas complejas horas”.

 

Ajuste federal

El presupuesto 2019 exigirá ajustar en $400.000 millones el gasto fiscal, de los cuales, $100.000 millones el gobierno espera obtenerlos de recursos que hasta ahora transfería a las provincias y que, en consecuencias, deberán ser asumidos por los gobernadores. El grueso de ese monto a recortar (unos $85.000 millones) se compone de $43.000 millones en subsidios al transporte y $14.500 millones para sostener tarifas sociales, a los que se suman los $ 26.000 millones que ya se cayeron con la quita del Fondo Federal Solidario (Fofeso), compuesto con el 30% de lo retenido por la exportación del poroto de soja y el 27% de sus harinas y aceites.

 

Las señales de alerta entre los gobernadores pasaron de rojo a muy rojo el 14 de agosto, cuando el Ministerio de Hacienda lanzó tres decretos de ajuste unilateral: una quita del 66% en los reintegros a la exportación; la suspensión por 6 meses en la baja establecida para la alícuota de aceites y harinas; y la eliminación, de un plumazo, del fondo sojero.

 

Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el economista Claudio Lozano, “el efecto total de las medidas son ingresos adicionales para la Nación por $12.117 millones y $50.779 millones en 2018 y 2019, respectivamente; y una caída en los recursos de las provincias por $5.617 millones en 2018 y $9.779 millones en 2019”. Lozano especificó que, “mientras la Nación resuelve el 18% del ajuste de 2018 y el 24% del ajuste comprometido en 2019”, el recorte estimado para los estados provinciales en todo el período pasó de $172.000 millones a $192.120 millones, es decir, un 11,7% adicional.

 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), que dirige Andrés Asiain, tomó como caso testigo a Santa Fe y pronosticó que, por la desaparición del Fofeso, “perdería en lo que queda de 2018 unos $ 1.200 millones” y que el año próximo “es de esperar una pérdida de más de $ 2.400 millones”. El perjuicio no sólo afectará al gobierno provincial, sino también a sus 49 municipios y 312 comunas, ya que parte de los recursos recibidos luego se giraban a esos distritos.

 

A fines de agosto, 170 dirigentes agropecuarios se reunieron en el Plenario Nacional de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El titular del área de Economías Regionales de Came, Eduardo Rodríguez, consideró que la baja en los reintegros por exportación “es contraproducente con el objetivo de ganar mercados y ser más competitivos”; y afirmó que la devaluación “beneficia a los exportadores pero para el consumo interno es lapidario”, porque “no todas las economías regionales fueron agraciadas” y tampoco hay un derrame sobre el sector productivo. Además, afirmó que “con este nivel de tasas (de financiamiento) es imposible seguir produciendo”.

 

Días atrás, ministros y funcionarios de las carteras de Desarrollo Social de varias provincias se reunieron en Buenos Aires para, entre otros pedidos, solicitar una Ley de Emergencia Alimentaria Nacional. Representantes de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz y La Pampa alertaron sobre la mayor demanda en comedores, la caída del empleo y el desfinanciamiento de programas nacionales, en especial, los destinados a la seguridad alimentaria.

 

Postales de la recesión

En diálogo con revista Zoom, Ricardo Moralejo, ministro de Producción de La Pampa, habló de “una situación muy compleja para las economías regionales” y planteó cinco razones: “La falta de acceso a un crédito compatible con la producción; los altos costos del descubierto, de la venta de cheques por parte de las pymes, y de la energía y la logística, junto a una depreciación del consumo por toda la política económica hacia los sectores populares”.

 

Moralejo indicó que ese combo afecta a pymes, micropymes y a la industria del interior en general, en especial por la quita en reintegros a exportaciones. El funcionario señaló que La Pampa es una provincia “ordenada” y sin deudas, “pero el sector privado depende de las reglas de juego que hoy se están implementando y que crean una incertidumbre muy importante”.

 

Juan Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Manzur, planteó que “Tucumán está aguantando”, en parte, gracias a que algunas de sus producciones son exportables y se beneficiaron por la devaluación. “Les ha dado un poco más de competitividad, pero eso se va a acabar rápido por el ritmo de inflación. En general, el resto de las actividades están comprometidas, fundamentalmente por el brutal incremento de tarifas y combustibles”. También sumó otro factor: “Tucumán tiene cero obra pública. Como resultado de ser la provincia más importante en manos del PJ, están preocupando en que tengamos problemas o, al menos, que no tengamos ese tipo de soluciones”. Para graficarlo, aseguró que “el plan Belgrano transmutó en plan Mitre y toda la plata va a Buenos Aires y Capital”.

 

Sobre los pedidos de ajuste, Fernández los consideró una injusticia. “Tenemos nuestras cuentas ordenadas, ¿por qué no ajustan quienes tienen déficit? No nos mandan los remedios oncológicos hace mucho tiempo, no mandan los remedios para trasplantados hace mucho tiempo, envían el 20 % de la leche que tendrían que enviar…”, enumeró, y se preguntó: “Si las provincias se están haciendo cargo de todo, ¿de qué se hace cargo el gobierno de la Nación?”.

 

En Buenos Aires, el grupo ProduceBA reúne a secretarios de Producción de 40 municipios peronistas y viene alertando sobre el deterioro de la economía bonaerense. Débora Giorgi, a cargo de esa cartera en La Matanza, sostuvo que, “desde el punto de vista del sector productivo real, contracara de las políticas macro y microeconómicas de los últimos dos años y medio, hay una desindustrialización y desarticulación del aparato productivo”. Subrayó que la situación “atraviesa tanto a la industria manufacturera como a las economías regionales, al comercio y a los servicios”, y la atribuyó a “una política ex profeso de desaliento al poder de compra en el mercado interno”.

 

En el mapa bonaerense, Giorgi destacó que “distritos con producción porcina, avícola y tambos, como Roque Pérez, 25 de Mayo, Daireaux y otros, están muy mal”. Recordó que “ProduceBA presentó un proyecto de emergencia porcina, pero no obtuvo dictamen de comisión, a pesar de que el sector está en crisis por el aumento del alimento, la alícuota quebrada del IVA y una importación descarnada: el 86% de la bondiola que comemos es importada”. En cuanto a los tamberos, afirmó que “están cobrando entre 2 o 3 pesos por debajo de sus costos”. Sobre municipios de perfil más industrial, como La Matanza, Esteban Echeverría, San Martín, Almirante Brown o Moreno, aseguró que “también están tremendamente preocupados”, con el sector textil y de calzado como casos extremos, con cierre de empresas y pérdida de miles de puestos. En cuanto al agro, recordó que “tienen el esquema de insumos importado, con lo cual está dolarizado, a lo que se suma el costo del gasoil”.

 

Martín Soria es intendente de General Roca, en Río Negro, y presidente del PJ de esa provincia. Desde su mirada, “el plan económico de Macri y sus empresarios disfrazados de ministros ha tenido un efecto desbastador en la economía rionegrina, en particular, y de la Patagonia, en general”. Para Soria, “todas las medidas de ajuste que (Macri) le prometió al FMI tienen un profundo impacto en el interior del país” y puso como ejemplo local la actividad frutícola del Alto Valle, con la cosecha de peras y manzanas: “Los tarifazos en la electricidad han destrozado la estructura de costos, y hay que  agregarle el incremento descomunal de las naftas y el gasoil, sin olvidar la apertura indiscriminada de la importación de frutas de otros países y la quita de los reembolsos a las exportaciones de los puertos patagónicos”.

 

El jefe comunal agregó que “la obra pública se detuvo por completo en el norte y sur de la Argentina” y se refirió al “avance sobre las asignaciones familiares, la intención de suprimir el diferencial por zona desfavorable y el recientemente eliminado fondo sojero”. En cuanto al Fofeso, repudió la decisión de Cambiemos. “Era el instrumento del federalismo por excelencia en materia impositiva, se nutría de recursos que se recaudaban de la economía más pujante y madura del país y se distribuía a todos los municipios. Pero, bueno, fiel a sus convicciones, el gobierno decidió eliminarlo”, concluyó.

 

Soria también se encargó de aclarar que “Macri no lo hizo solo” y sostuvo que “el papel de los gobernadores, salvo algunas excepciones, fue bochornoso”.

 

 

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