En diciembre de 1981, José Alfredo Martínez de Hoz publicó un libro recogiendo lo que consideraba su legado: Bases para una Argentina Moderna 1976-1980. En esas 244 páginas, luego de un elogioso prólogo de Jorge Rafael Videla, el cerebro económico de la última dictadura cívico-militar describió al detalle cómo había contribuido a instalar el modelo de país que él y los genocidas tenían en mente. Casi en un tono épico, también destacó la entrega de su equipo a la hora de afrontar una tarea “orientada por la ética” y en busca del “Bien Común”. Claro que omitió mencionar el rol fundamental del terrorismo de Estado, que a fuerza de secuestros, torturas y asesinatos, barrió con toda resistencia y dio vía libre a un experimento liberal que dejaría al país en la bancarrota.
En marzo se cumplieron 42 años del paso de Martínez de Hoz por el Ministerio de Economía, y a pesar del tiempo transcurrido, muchas de las ideas que trazó en aquel momento tienen su eco en las recetas que hoy despliega la remozada derecha argentina, ungida por el voto ciudadano. No se trata de una comparación entre esa dictadura y esta democracia consolidada –además de una torpeza, sería una afrenta para las víctimas de la represión y sus familiares– sino de rastrear las continuidades que surgen en materia de concepción económica. Las Bases de Martínez de Hoz tienen vigencia, asimiladas en diagnósticos, argumentos, medidas y hasta en algunos de los términos empleados.
En Radiografía política del macrismo (Caterva, 2017), el politólogo e investigador del Conicet Andrés Tzeiman sostiene que el libro del exfuncionario de facto “no resulta meramente un balance de gestión económica de un gobierno, sino que es más bien un tratado filosófico, que buscó sentar las bases de aquel proyecto de refundación nacional”. Para Tzeiman, “las semejanzas entre el plan esbozado por Martínez de Hoz en sus Bases y las medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri (…) no hacen sino reflejar una inspiración de éstas en aquellas”, configurando “una proximidad que nos habla no solo de una identificación ideológica, sino también de actores sociales cuyos intereses se encuentran expresados en esas políticas”.
El “sinceramiento”
En el prefacio de su escrito, Martínez de Hoz sostuvo que, tras el golpe del 24 de marzo, la Junta Militar procedió de inmediato al “saneamiento y sinceramiento de la economía argentina”, lo que exigió “un cambio de mentalidad, hábitos y actitudes para realizar transformaciones profundas”. Más adelante, en la introducción, admitió que “en el corto plazo seguramente existirían situaciones y circunstancias duras y difíciles de atravesar”, que “debían afrontarse para alcanzar los objetivos de más largo plazo”.
Una similar cercanía con el discurso del presente puede verse también en la evaluación de la situación heredada: “Los individuos y sectores prosperaban más por recibir del Estado beneficios, que por su esfuerzo individual, olvidando precisamente que todo beneficio otorgado por el Estado es a costa de otros individuos o sectores que en definitiva son los que pagan”. La alternativa que se impuso fue un régimen “con un Estado más prescindente, en que pueda desenvolverse con libertad la iniciativa individual como motor de la riqueza colectiva”. Era un combo de lo que hoy se llamaría meritocracia, con un Estado bien chico y reglas de juego puestas por el mercado.
En el apartado Una economía para un país moderno, el funcionario de Videla planteó que el gobierno dejaría de gastar dinero “a través de sistemas artificiales y variados”. Su queja apuntaba a una “estatización y regulación creciente de la economía”, que devino “no sólo en el relativo ahogo o falta de aliciente individual sino (en) un aumento del gasto público”. En paralelo, afirmaba que “los principios de autarquía que se aplicaron en el país llevaron a un esquema de economía cerrada que lo aisló de toda corriente innovadora”. El diagnóstico –recurrente en los sectores liberales– se apoyaba en tres patas: estado prebendario, aislamiento y falta de competitividad. Como resultado, decía Martínez de Hoz, “los empresarios argentinos (…) se encontraban en 1976 desalentados y agobiados”, por lo que se imponía “la adopción de una política de sinceramiento de la economía, a fin de eliminar distorsiones y trabas estructurales creadas por el dirigismo estatal”. Así fue escrito en 1981 y bien sirve para el razonamiento económico que se impuso en las urnas a fines de 2015.
Un cambio “mental”
Para Martínez de Hoz, era “difícil cuantificar el daño que produjo al país su aislamiento prolongado, que se tradujo no solamente en aspectos económicos, sino en un verdadero aislamiento mental, con fuerte influencia negativa en sus hábitos sociales, su vocación de progreso, su inclinación a la creatividad, su tolerancia política y su amplitud para entender las diversidades culturales”. El objetivo, entonces, iba más allá del bolsillo. “El sinceramiento que proclamamos en lo económico es aplicable a todos los órdenes de la vida pública y privada”, auguraba, con cinismo. Por fuera de esa política de “sinceramiento” quedaban los grupos de tareas y los centros clandestinos de detención, bien ocultos por los genocidas que siguen siendo juzgados en la Argentina.
La cartera de hacienda enfocó su acción en dos ejes: “Se tendió a profundizar la aplicación de las reglas de juego propias del sistema de propiedad privada y de economía de mercado, a efectos de revitalizarlo y fortalecer su fundamento filosófico, cumpliendo así con el imperativo ético”. Lo primero que hizo el equipo económico fue abocarse a “la reducción y racionalización del sector público”, lo que implicó, entre otras medidas, la “transferencia de las empresas estatales o de sus funciones al sector privado; el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública; la transferencia de funciones, servicios y obras públicas del Estado Nacional a las provincias y municipios”.
Para bajar el gasto corriente, echaron mano a una fórmula clásica y de plena vigencia: achicar la planta pública. Martínez de Hoz admitió que “el objetivo de compensar la mejora salarial a través de la disminución del número de personal fue seriamente dificultada por la composición del mismo, ya que alrededor del 70% está constituido por sectores con poca flexibilidad para su reducción (Educación, Salud Pública, Justicia y Fuerzas Armadas y de Seguridad)”. De todos modos, “luego de un serio análisis” con los titulares de los ministerios afectados, “éstos concluyeron que con esfuerzo y adecuada programación sería posible llevar a cabo la reducción en los sectores rígidos”. El exministro pedía ir a fondo: “Llevar a cabo este objetivo sólo será posible a través de una profunda reestructuración, que excede en mucho al tradicional remedio de congelamiento de vacantes o de partidas presupuestarias, requiriendo la decisión de los máximos niveles del Gobierno”.
La tarifa “real”
Uno de los orgullos del autor de las Bases fue la política tarifaria, en donde el norte coincidió con el razonamiento actual: “Erradicamos la práctica nociva de las llamadas ‘tarifas políticas’, o sea su mantenimiento en niveles bajos por razones demagógicas en supuesto beneficio del consumidor o usuario, lo que había llevado al deterioro del servicio o a la obligación de que el Tesoro compense la caída de ingresos con su aporte”. En el caso puntual de la electricidad, “el nivel real de tarifas fue aumentando con el propósito de recomponer la rentabilidad de las empresas”.
En materia impositiva, Martínez de Hoz remarcó lo hecho con el impuesto a las ganancias. Se ufanó del “incremento del mínimo no imponible en términos reales muy por encima del nivel histórico”; la “liberación para los dividendos y retiros o capitalización de sociedades de responsabilidad limitada”, y lo que llamó la “eliminación de la discriminación contra la empresa extranjera”. De todos modos, se mostró frustrado: “Teníamos el propósito de eliminar el impuesto a las ganancias para las personas físicas (…). Ello no resultó posible al no encontrarse una solución técnica para evitar la transferencia de ingresos de empresas a personas físicas”.
Otro tema del pasado que acopla con la coyuntura es la política de precios. “Desmantelar el complejo mecanismo de la determinación de precios por decisiones ajenas al mercado o al intercambio –esto es, buscar el sinceramiento de los precios– resulta inseparable del objetivo de la apertura económica”, indicó el exministro.
También escribió que la “eliminación de derechos de exportación” fue “una de las decisiones más importantes de política económica adoptada”. Consideró que así terminó un esquema que lo que hacía era “restarle parte del precio de su producto al sector agropecuario”, que “de esta manera subsidió al consumo, a la industria y al comercio, sufriendo el consiguiente desaliento y falta de dinamismo”.
En el caso de la industria, el nuevo paradigma la dejó a la intemperie. La meta era erradicar lo que el liberalismo de facto consideraba “una política de sustitución de importaciones a ultranza que procuraba estimular toda gama de la producción industrial, cualquiera fuera su costo”. La réplica fue que “no se debe pretender producir todo en el país” y el resultado, una apertura sin anestesia como condición para la “mayor especialización industrial y aprovechar las ventajas de la moderna división internacional del trabajo”.
El fin de las paritarias
El sindicalismo y el conjunto de normas que garantizaba sus derechos fueron objetivos centrales para el plan económico de la dictadura. No por nada la mayoría de los detenidos-desaparecidos provenían de la dirigencia gremial o fueron trabajadores de base.
Martínez de Hoz habló de “la necesidad de modificar una estructura legal orientada políticamente, que conspiraba contra cualquier intento de recuperar de forma genuina el nivel real de salarios, la productividad y la actividad económica”. Se trata de una mirada desaprobatoria que mantiene presencia en grandes sectores de la política y la sociedad.
El economista de la Junta Militar repudiaba “el otorgamiento a las asociaciones gremiales de trabajadores de un excesivo poder político y económico, que había trastocado el orden social y político de la Nación”. Como “evidencia”, mencionaba “la ruptura de un apropiado equilibrio de las partes en la relación laboral mediante normas generadoras de excesos y distorsiones”, “la incorporación a convenciones colectiva de trabajo, especialmente las que regían en las empresas del Estado, de cláusulas generadoras de excesos y abusos”, “las excesivas cargas sociales e impuestos al trabajo”, “el régimen de prestaciones médico-asistenciales a la población administrado por las asociaciones gremiales” y “el régimen para la determinación de los niveles remunerativos a través de las convenciones colectivas, generalmente por rama industrial, desligado por completo de las reales posibilidades de la economía”.
La meta era terminar de diezmar al movimiento obrero, fijar aumentos por productividad y, finalmente, acabar con las paritarias. En primer lugar, se procedió a “la suspensión del proceso de fijación de salarios a través de las convenciones colectivas de trabajo, dispuesta por la Ley 21.307 del 7 de mayo de 1976”, con lo cual “el Estado tomó a su cargo provisionalmente la determinación periódica del nivel de remuneraciones”. Más tarde, se habilitaron “márgenes de flexibilidad”, como se llamó al pago de sumas por productividad, y a partir del 1 de septiembre de 1979 el ajuste salarial se desreguló por completo, cumpliendo el sueño liberal de un país sin sindicatos.
Noticias de ayer
Promediando su exposición, Martínez de Hoz celebraba que, tras “eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía y reemplazar el sistema cerrado por otro abierto, se logró llevar a cabo en el período 1976/80 una profunda transformación de las estructuras básicas”. El listado concreto de esos cambios trazó un surco en el que abrevan muchas de las líneas de acción recientemente ensayadas o evaluadas. El punteo del exministro incluía: “Libertad de precios, habiéndose eliminado todo sistema de control o concertaciones oficiales; libertad de mercado cambiario, eliminándose el régimen de control de cambios (…); libertad de comercio exterior; libertad de las exportaciones; libertad de importación; libertad de las tasas de interés y reforma del sistema financiero; (…) eliminación de las tarifas políticas para los servicios públicos y de los precios subsidiados para los combustibles; libertad de concertación de los salarios por encima de un nivel básico fijado como mínimo por el Estado”.
En cuanto a la “reforma financiera”, aseguraba que el control que había regido sobre la tasa de interés de los bancos provocó “las desventajas de colocar los ahorros personales en el país (en bienes, por el alto precio de los mismos, y a interés, por su signo negativo)”, y que esto “indujo a los ahorristas a llevar sus colocaciones al exterior”. Como contrapartida, destacaba que “las acciones encaradas en el período 1976/80 tendieron a recrear un sistema financiero moderno, ágil y a reintroducir racionalidad y libertad en los mercados monetario y cambiario”. El resultado fue festejado por las multinacionales y los grandes tenedores de divisas: quedó habilitada “la libre remisión al exterior de los dividendos, utilidades y regalías; la liberación del plazo para pagar importaciones, la libertad de remitir fondos al exterior y la eliminación de la obligación de ingresar del exterior las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios, en ciertos casos, o la ampliación de los plazos para hacerlo en otros”. La convicción, ayer como hoy, era que “el valor real de equilibrio de las divisas es algo que debe ser determinado por el mercado”.
En cuanto a la toma de deuda, que en dictadura trepó de manera exponencial, fue defendida como una señal de la reinserción en el mundo: “La evolución favorable de la confianza internacional en la situación económica argentina se reflejó claramente en el flujo sostenido de ingresos de créditos del exterior, obteniéndose gradualmente los mejores términos y condiciones de financiación”. El endeudamiento era vendido como un “logro” necesario para la “inversión que debía ejecutarse para la transformación económica del Estado”. Por si quedaba alguna duda, Martínez de Hoz advertía que “estas explicaciones demuestran la inconsistencia de las expresiones alarmistas que se han hecho públicas sobre el monto de nuestra deuda externa”.
A 35 años del retorno de la democracia, está claro que todas las alarmas sobre el plan económico de la dictadura habían sido pocas.
