En la mañana otoñal del 11 de junio de 1580, en el predio yermo que hoy ocupa la Plaza de Mayo, se plantó solemnemente un tronco, pelado con cierto descuido. Se trataba del árbol de la justicia, frente al cual se efectuó la ceremonia de fundación de la ciudad.
El símbolo fue disuelto por el mero paso del tiempo, pero desde aquel primer día, el imperio de la ley y las instituciones destinadas a hacerla cumplir fueron un ámbito oscuro plagado de huecos, caprichos y paradojas.
En 1753 el Cabildo compró un esclavo llamado Félix para ejercer como verdugo oficial de la ciudad. Félix nunca pudo ocupar el cargo ya que, apenas designado, se descubrió que era autor de una gran cantidad de robos. Fue encarcelado y condenado a muerte.
La doble faz del funcionariado venía desde antes. El primer garito, con prostíbulo adjunto, era propiedad del tesorero real Simón de Valdez y del alcalde, Juan de Vergara.
El primer gobernador del Río de la Plata, Diego de Góngora, fue un esforzado protector del contrabando y permitió desprejuiciadamente el tráfico de esclavos. Cuando debido a las denuncias se ordenó su arresto, don Diego encontró a tiempo un aguantadero en propiedades religiosas y nunca fue detenido.
El primer abogado porteño, Gonzalo Sánchez de Ojeda, fue perseguido por el Santo Oficio bajo el cargo de herejía, condenado al destierro y sus bienes embargados. Sus amigos aseguraron que en el origen de los delitos del abogado estaban las instrucciones del alcalde.
Estas irregularidades se acumulaban en tal número que, lejos de ser excepciones, constituían la norma.
Vale la pena consignar que, con la llegada de los españoles, la institución más emblemática de los nuevos asentamientos era el Cabildo. Las funciones de este se dividían en Justicia y Regimiento.
La Justicia estaba a cargo de los alcaldes ordinarios. Habitualmente, el alcalde de primer voto se ocupaba del orden civil y el de segundo manejaba las cuestiones de orden criminal. Las sentencias de ellos podían ser apeladas ante el gobernador. En los últimos tiempos surgió la función de los regidores y las apelaciones contaban con las instancias de la Audiencia y del Consejo de Indias.
Naturalmente, los pobladores de la ciudad acompañaban las medidas judiciales con distintas formas de aprobación. En el caso de Buenos Aires, durante largo tiempo, los sentenciados a muerte eran ejecutados al lado del foso que rodeaba el Fuerte, situado en el emplazamiento actual de la Casa de Gobierno. Para esas ocasiones se disponía de butacas instaladas especialmente para que el ciudadano interesado en verificar el eficaz cumplimiento de la pena capital, presenciara la ceremonia en una ubicación preferencial, parecida a un ring side.
Con el paso del tiempo los Cabildos fueron siendo suprimidos uno tras otro, hasta desaparecer totalmente en 1838. El turno del de Buenos Aires fue en 1821 por iniciativa de Bernardino Rivadavia.
Hay quienes afirman que en esta institución se pueden distinguir tres etapas. En la primera, que llega hasta comienzos del siglo XVII, los Cabildos fueron una herramienta de los conquistadores que estaban acostumbrados a actuar sin detenerse en el tedio de reglamentos y leyes. En el siglo siguiente, estas instituciones estuvieron al servicio de los sectores más acaudalados de la sociedad porteña.
Los cargos de regidores y los oficios concejiles se obtenían directamente por el ejercicio de una compra a perpetuidad. Una vez consolidada la formación de una clase dominante, la institución fue perdiendo su capacidad de influencia. Este sistema fue alterado con los estallidos revolucionarios, pero —habitualmente— pasada la tormenta las cosas volvían a su curso usual.
En los años siguientes, la Legislatura contó con voces lúcidas, como la de Manuel Dorrego, advirtiendo el riesgo de que el orden público se convirtiera en un espacio de banqueros y mercaderes. Una vez llegado a gobernador, Dorrego fue fusilado. Las provincias resistieron los intentos de establecer una constitución unitaria y las guerras civiles no lograron torcer la perpetua preeminencia porteña sobre el resto de las jurisdicciones.
La tragedia que intentamos narrar trata sobre que todo lo dicho hasta aquí, lejos de progresar en la reducción de privilegios y desigualdades, parece haber ido empeorando.
Daniel Llermanos, ex juez en los Criminal y Correccional de Lomas de Zamora es un agudo observador del funcionamiento de los regímenes legales. El abogado y escritor suele explicar que las leyes, amén de encarnar un proyecto de armonía social, siempre constituyen el resultado de la voluntad dominante. Es decir: la ley es consecuencia del ejercicio del poder.
Llermanos sostiene que después de la Revolución Francesa, se dictaron normas estructurales perdurables que funcionaran como límites a cualquier intento de autoritarismo. Estas normas son las garantías constitucionales, reunidas en un corpus donde se abroquelan los derechos que no se pueden vulnerar.
Cuando irrumpió en nuestro paisaje jurídico la llamada Ley del arrepentido, Llermanos se encargó de demostrar cabalmente el carácter inconstitucional de la norma, al tiempo que señalaba su estrecha vinculación con el blanqueo de capitales denominado pomposamente Régimen de Sinceramiento Fiscal.
En las últimas jornadas, la Legislatura porteña ha demostrado el descaro con que, bajo el amparo de una votación parlamentaria, puede intentar disimularse la violación flagrante de las leyes.
La disposición de que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA pueda tener competencia en cuestiones de carácter nacional es un verdadero disparate jurídico que debería tener una corta vida si queda algún resto de cordura en nuestra comunidad.
También en este caso, el objetivo real de la norma estaría centrado en proporcionar un blindaje legal al ex presidente Macri en causas como la del Correo, una de las imputaciones que lo encuentran más comprometido.
Las voces que se han alzado contra el dislate de la Legislatura porteña no se limitan al campo popular. La Asociación de Magistrados (un cuerpo de histórico perfil conservador) ha marcado la falta de asidero de la iniciativa. El proyecto aprobado el pasado jueves estaba originalmente enfocado a la regulación de audiencias. Según parece, hace un par de semanas un representante emprendedor del oficialismo porteño decidió que era una gran oportunidad para desviar el rumbo natural de la causa Correo y someterla a votación en un espacio que hace rato funciona como una escribanía de la Jefatura de Gobierno porteña.
Consultado sobre este particular, Daniel Llermanos determinó la responsabilidad de estos desatinos en el carácter de “ente mestizo” que caracteriza a la Ciudad Autónoma. Originalmente, la Justicia ejercida en la Capital Federal se llamó justicia nacional. Buenos Aires tenía un status idéntico al de los territorios nacionales.
La ciudad pudo haberse convertido en provincia. Pero el carácter de ciudad autónoma genera un tembladeral jurídico que da lugar a este tipo de trapisondas.
Llermanos hizo alusión al caso ESUVIAL S.A., donde el Tribunal se arrogó la calidad de tribunal de alzada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En esa ocasión, las actuaciones se iniciaron con la promoción de un incidente de levantamiento de inhibición general de bienes, presentado por la parte incidentista para requerir la ulterior transferencia de determinados bienes en razón de un memorándum de entendimiento de fecha anterior.
El juzgado de primera instancia rechazó el pedido de levantamiento y esta resolución fue apelada, pero la Cámara Comercial declaró inaudible el recurso.
En cualquier caso, el intento de avanzar en el avasallamiento institucional que viene llevando adelante el gobierno porteño, cuenta con el único aval de la mayoría, representada por el macrismo y los radicales en la Legislatura.
En función de la supervivencia del estado de derecho y de la detención de los negociados, que se siguen acumulando en la presente gestión, seguimos teniendo la esperanza que el voto popular advierta el daño irreparable que se sigue cometiendo desde el poder legislativo porteño.
Como una demostración de las denuncias efectuadas cada semana desde esta columna, junto al intento de empoderar absurdamente al Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura aprobó la construcción de once torres de altura superior a los 85 metros. Mientras, las topadoras arrasaban con las carpas levantadas en las proximidades de la villa 31, un centenar y medio de enfermeras y enfermeros eran despojados de su fuente de trabajo como si se tratara de material descartable.
Cada vez más desembozadamente, la derecha practica en Buenos Aires los planes de desguace público y supresión de derechos que intentarán extender nuevamente hacia el resto del territorio de la Patria. Ya es hora de que nuestras señales de alerta despierten una acción militante colectiva para el esclarecimiento de estos temas en los que, literalmente, nos va la vida.
