Femicidios con uniforme azul

De casa al trabajo: los casos de violencia de género cometidos por policias aumentan mientras el tema permanece en una zona gris. Los números, las demandas y la cuestión del “fierro”.

A fines de la década de los ’90 las tapas de diarios y revistas de circulación nacional y los segmentos centrales de los noticieros televisivos se poblaron de titulares que se referían a un enigmático personaje marplatense, “El loco de la ruta”, un supuesto asesino en serie que se dedicaba a asesinar “prostitutas” en las afueras de la ciudad feliz. Las investigaciones policiales estaban estancadas, nadie tenía idea de quién podría ser, mientras “el loco” seguía matando con total impunidad. El juez que llevaba la causa, el cuestionado –por otras razones– Pedro Hooft, debió superar innumerables obstáculos y comerse decenas de pistas falsas plantadas por sus propios auxiliares de las fuerzas de seguridad antes de descubrir que el supuesto “loco de la ruta” era en realidad un “loco de la yuta” y que este nuevo loco no era un solo policía sino una banda de ocho uniformados dedicada a la explotación sexual y a la extorsión de mujeres. Aquellas que no aceptaban las reglas del juego al que las sometían terminaban asesinadas.

 

Descubierta la identidad y el modus operandi de los integrantes de la banda, los titulares mediáticos hablaron de “asociación ilícita”, de “banda de uniformados” y de “corrupción policial”. Por aquellos tiempos –no hace tanto– en ningún momento se abordó el tema como una serie de femicidios y mucho menos como un caso de violencia de género perpetrado por policías. Menos de veinte años después, fundamentalmente debido al trabajo de las organizaciones feministas y de los organismos de derechos humanos, el abordaje de este tipo de hechos ha cambiado de manera radical, lo que ha permitido sacar a la luz un fenómeno social, el de la violencia de género cometida por policías, que no se reduce al ámbito de la trata de personas sino que se reproduce de manera alarmante en la vida cotidiana de los propios policías y sus relaciones. Un fenómeno relacionado con la violencia institucional para el cual no se han implementado todavía políticas específicas desde el Estado.

 

Violencia de género policial

Un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuyos resultados se conocieron hace pocos días señala que en los últimos veinte años casi medio millar de mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en hechos que involucraron el uso particular de la fuerza por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el trabajo, sólo en la Capital Federal y el conurbano bonaerense casi la mitad de las 169 mujeres fallecidas entre 1996 y 2016 murieron por esta causa. “Prácticamente la totalidad de estos hechos ocurrieron cuando el efectivo se encontraba fuera de servicio, muchas veces debido a la presencia de un arma de fuego portada por el funcionario fuera de su horario laboral, sumada a normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con el arma y en general con la violencia. Esto constituye la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional”, señala el CELS.

 

En el caso de la Policía Bonaerense, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad informó al Observatorio de Violencia de Género que durante 2014 se denunciaron 1158 hechos de violencia familiar protagonizados por miembros de la fuerza.

 

Desde su especificidad, la violencia de funcionarios policiales hacia las mujeres pone en evidencia una serie de problemas estructurales de las fuerzas policiales en el país. “Diversos factores sociales y culturales se articulan para habilitar y reproducir prácticas policiales violentas hacia las mujeres. Estos episodios, lejos de ser aislados, manifiestan diversos problemas estructurales que atraviesan a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Las muertes y lesiones ocasionadas por un uso particular de la fuerza resultan de conflictos personales en los que el funcionario defiende intereses particulares haciendo uso de habilidades y armas que su profesión le confiere pero por motivos que no guardan relación con su función. Este tipo de uso de la fuerza policial tiene un fuerte impacto en hechos de violencia de género en los hogares de policías, muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrante. También son frecuentes las acciones letales de policías en conflictos privados, como peleas entre vecinos”, dice el informe.

“En los últimos veinte años casi medio millar de mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en hechos que involucraron el uso particular de la fuerza por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad”

Vanina Escales y Edurné Cárdenas, en otro trabajo realizado el año pasado en el CELS insisten en la necesidad de investigar la problemática para plantear políticas más eficaces. “Los estudios sobre violencia de género coinciden en la necesidad de profundizar en la investigación de esta problemática, cuantificar el fenómeno y precisar sus particularidades. Dentro de ese universo, la violencia hacia las mujeres por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad por cuestiones de género tiene escaso abordaje. Los datos denotan casos de asesinatos, de discriminación hacia las mujeres policías en el interior de las fuerzas de seguridad y de acoso sexual”, explican.

 

En cuanto a las medidas urgentes, no son pocos los que piden no esperar por una resolución paliativa que, si bien no va al fondo del problema, por lo menos no facilitaría armas oficiales para el ejercicio de este tipo de violencia.

 

“El fierro debe quedarse en la comisaría para evitar que sea una herramienta en la vida civil de la policía. En la corta vida de la Policía Local de Mar del Plata ya tenemos un efectivo que robaba al boleo y otro que asesinó a un cardiólogo para desvalijarle la casa. Si utilizan el arma reglamentaria para robar también la pueden utilizar en sus propias casas”, dice Federico Deyaacobi, periodista e integrante del Frente por los Derechos Humanos y la Dignidad.

 

También en el trabajo

Una encuesta realizada el año pasado por el Ministerio de Seguridad de la Nación refleja que la violencia de género también afecta el desempeño de las mujeres dentro de la propia policía. “Se determinó que hay una valoración positiva del aporte de las mujeres a las fuerzas federales, aunque un tercio de los policías prefiere trabajar con hombres. La cuarta parte de los varones reconoce que las mujeres viven más situaciones de discriminación en las fuerzas, mientras que entre las mujeres este indicador aumenta al 62%. Las situaciones de discriminación remiten a los condicionamientos que se enfrentan para ascender y participar en áreas o tareas, así como al uso desigual de sanciones injustificadas y el maltrato. Los hechos que las mujeres más denunciaron fueron modificaciones injustificadas en la distribución del tiempo laboral, haber escuchado comentarios o bromas discriminatorias y amenazas de retiro, baja y/o cambio de turno”, señala el trabajo, titulado “Análisis de la violencia de género a través de la gestión de denuncias e investigaciones policiales”.

 

Según los datos aportados por la muestra, “el acoso sexual es más frecuente hacia el personal femenino: afecta a un 13,8% de las mujeres y a un 1,1% de los varones. Con mayor frecuencia, estos hechos provienen de personal de mayor rango y rara vez se denuncian por canales formales”.

 

Un debate urgente

Las últimas investigaciones dejan en claro que la violencia de género en las fuerzas policiales –tanto dentro del ámbito de trabajo como hacia afuera– requiere soluciones profundas y urgentes. El tema ya no puede ser negado ni por espíritu corporativo ni por conveniencias políticas. Para el CELS se trata de abrir un debate que permita implementar políticas específicas: “Es importante que avancen las investigaciones judiciales y administrativas de estos casos, pero también que se ponga en discusión el uso de la fuerza y la letalidad policial fuera de servicio. Este debate debe ser parte del gobierno de las policías. Para ello es necesario que las autoridades políticas reconozcan que el uso de armas de fuego en estos contextos no es un problema privado de los policías, sino que debe ser abordado institucionalmente, por acciones que no sean meramente declarativas. Entre estas medidas, el Estado debe generar registros cuali y cuantitativos que permitan conocer las características específicas de este fenómeno para diseñar e implementar políticas efectivas. Es preciso también que se revisen a fondo las prácticas de los funcionarios de seguridad, así como las políticas sobre la portación de armas fuera del horario de trabajo, puesto que el estado policial es contrario a cualquier política pública que intente reducir el número de muertes y lesiones que involucren a funcionarios policiales”, concluye en su último informe sobre violencia institucional.

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