El nudo gordiano santafesino

Dos procesos de notoriedad pública se desarrollan en Santa Fe y muestran el complejo entramado político, judicial y delictivo que explica gran parte de la violencia del sur provincial, principalmente de Rosario.

El viernes 26 de Noviembre del 2021 fue el día en que les fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, junto a una comitiva del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se presentaron en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad de la Provincia para recabar material probatorio en una causa donde se investigan presuntas actividades de espionaje ilegal. A quienes acusan de haber llevado adelante esas tareas son al creador y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, con su equipo de gestión, que hasta hace poco conducían la cartera de seguridad en el gobierno de Omar Perotti. Aunque los indicadores en materia de seguridad pública no les acompañaron de forma contundente, en una comunidad que hace años viene esperando la disminución de la violencia letal y predatoria, el ancho de espadas en el mazo de Saín era evidenciar y llevar a juicio a los protagonistas de un entramado que, sin distinción de color partidario, se sospechan involucrados como mínimo en la gestión del juego ilegal: a saber, de la política provincial, como Armando Traferri o Lisandro Enrico; y de la justicia santafesina, como Patricio Serjal o Gustavo Ponce Asahad.

Otro actor político interesado es Maximiliano Pullaro, radical, ex Ministro de Seguridad en la gestión del Frente Progresista y ahora teñido de amarillo para animar el gran frente anti peronista santafesino. En este proceso fue aceptado como querellante, de forma solidaria con su objetivo que es dar una batalla contra quien lo sucedió en el puesto y legitimar su carrera política a futuro, soñando con la casa gris. Vale recordar que Pullaro estuvo en la mira de la justicia cuando en su paso por el ministerio digitó ascensos policiales y convino detenciones con fiscales según sus intereses políticos.

Pero la causa de espionaje corre mucho más por los medios de comunicación que por las oficinas judiciales, ya que desde el MPA sostuvieron el secreto de sumario de forma injustificada obstaculizando el adecuado derecho a la defensa, recién revirtiéndolo parcialmente hace algunos días. Cuando las defensas pudieron acceder a parte del material recolectado se expusieron muchas más irregularidades procesales que pruebas concretas que demuestren algún delito. Por ejemplo, irrupción en la cadena de custodia de materiales secuestrados en los allanamientos y desaparición del disco rígido de una notebook perteneciente a Nadia Schujman, abogada, integrante de la agrupación HIJxS y quien estaba a cargo de investigar a las fuerzas de seguridad. Al contrario, las declaraciones a la prensa de les fiscales Jiménez y Hernández y la deliberada filtración de la lista de personas “perfiladas” configuran una cancha embarrada que tiene por objetivo correr el eje de lo que se puso realmente en discusión cuando Marcelo Saín fue Ministro de Seguridad: el sostén institucional del delito en la provincia de Santa Fe.

Delitos que desde hace más de una década se desenvuelven en medio de una escalada de violencia que parece no tener fin y elevan la tasa de muertos cada 100 mil habitantes muy por encima del promedio nacional.

 Rosario es sobreexpuesta a nivel nacional por la historia de la banda de Los Monos, por los asesinatos resonantes de Martín “Fantasma” Paz, Ariel “Pajaro” Cantero y Luis Medina y la degradación social que producen las economías delictivas. Mucho ruido, pero pocas ganas de entender el fenómeno que se explica por múltiples causas. Por un lado, la localización geográfica y el acceso al río Paraná con kilómetros de puertos en la zona es óptima para la cadena de comercio internacional de estupefacientes. Por otro lado, el consumo de marihuana y cocaína fue aumentando de forma considerable en los últimos 30 años, convirtiendo a Rosario en una buena plaza para el narcomenudeo. Y además, la envergadura de la economía de la ciudad y alrededores permite reinvertir las ganancias en proyectos inmobiliarios y otros negocios, ingresando las ganancias ilegales en el circuito ilegal. Ninguna de estas tres características podrían desplegarse con el correcto funcionamiento de las instituciones políticas, judiciales y securitarias, no solamente desde una perspectiva represiva del delito sino también integrando nuevos paradigmas como la legalización del uso de cannabis, que lentamente se viene llevando adelante.

Muchas de estas cosas se están revelando en estos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con el juicio que tiene como principal acusado a Esteban Lindor Alvarado. Este otro proceso judicial abre el debate y aporta hechos sobre la magnitud organizativa del comercio minorista de drogas y las bandas que lo realizan. Solía decirse que la banda de Los Monos era una organización rudimentaria, que fue creciendo desde la oferta de protección al narcomenudeo y se hizo fuerte por su arraigo social. Gran parte de la violencia que vive la ciudad se explica por el descabezamiento de este grupo y las disputas consecuentes por el territorio. En cambio, la de Alvarado se muestra más sofisticada por los roles y las jerarquías, aunque no por prescindir de la violencia. La hipótesis de la fiscalía es que la banda de “El Esteban” nació, creció y subsistió bajo el paraguas estatal-policial, y por ello desarrolló niveles de organización más profundos. Cada vez son más evidentes los vínculos pero los fueros parlamentarios hacen que el brazo de la ley solamente les llegue a algunos.

La complejidad no solamente es estructural sino también de estrategia: muchas acciones violentas se planificaron para generar confusión y/o disminuir operativamente a lo que queda de la banda de Los Monos, comandados por Ariel Máximo “Guille” Cantero desde la cárcel. Ya ha sucedido en la historia reciente de Santa Fe que la espectacularidad de las megacausas contra organizaciones criminales muestran los pormenores de lo que sucede en las calles rosarinas pero hay un tope, un límite infranqueable donde no se avanza, una responsabilidad a veces tácita y a veces explícita que nunca llega a juzgarse. Ese es el nudo que asfixia el futuro de una ciudad que es conocida por muchas de sus virtudes, pero cada vez más es sinónimo de desesperanza.

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