Devolución del IVA, ¿para quién?

Dudas sobre el impacto social de la medida

devolucion iva

 

El miércoles pasado, el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que establece un régimen de reintegro a jubilados y beneficiarios de planes sociales de hasta un 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras de productos de consumo masivo en comercios minoristas.

 

Al día siguiente, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, afirmó exuberante que los beneficiarios de la medida mejorarán su poder adquisitivo ya que «los valores de la canasta alimentaria se retrotraen a enero», debido a la baja de precios que representará ese reintegro. La medida, votada por unanimidad, había sido una de las promesas de campaña de Cambiemos y se calcula que alcanzará a casi nueve millones de personas.

 

Sin embargo, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), publicado en abril último, había estimado el impacto y las particularidades del proyecto de ley y sus resultados les permitieron arribar a una conclusión distinta a la del ministro: “la eficiencia de la medida para recomponer el poder de compra de los ingresos -asegura el trabajo- es, al menos, dudosa”.

Según el análisis de Cifra, para que los beneficiarios de AUH utilicen el monto máximo de aprovechamiento de la medida deben gastar con la tarjeta de débito algo más del doble de los $966 que les depositan por cada asignación.

Una de las debilidades más grandes de la iniciativa del Gobierno y votada casi por unanimidad en el Congreso, señala el informe, radica en que la población objetivo suele cobrar el beneficio a través de cajeros automáticos o por ‘ventanilla’ y hacer sus gastos en efectivo, lo que le imposibilita recibir el descuento, ya que la norma establece que para percibir el reintegro del IVA las compras deben ser realizadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la AFIP.

 

La medida supone la devolución del 15% de las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito en concepto de IVA. El beneficio posee un tope mensual de $300, que representaría el valor estimado de una canasta básica. Según el análisis de Cifra, para que los beneficiarios de AUH utilicen el monto máximo de aprovechamiento de la medida deben gastar con la tarjeta de débito algo más del doble de los $966 que les depositan por cada asignación. De lo contrario, el máximo disponible del beneficio depositado en la tarjeta de débito será el tope de 15% sobre los $966 de la AUH, es decir, solo $145.

 

De este modo, para medir el impacto que la devolución de IVA tendrá efectivamente en la mejora del poder de compra de los sectores potencialmente beneficiados, Cifra calculó la inflación hasta agosto de 2016 dado que en septiembre se aplicarían las actualizaciones correspondientes al haber jubilatorio y la AUH.

 

impacto auhEl índice de precios utilizado es el IPC 9 Provincias que elaboró Cifra hasta marzo de 2016, y que arrojó un 16,3% entre diciembre y marzo, y luego proyectó para abril el 7%, el 4% en mayo, 3% en junio, 2% en julio y agosto.

 

En este escenario, aun si los beneficiarios utilizan el máximo de devolución del IVA, el poder de compra del haber mínimo de los jubilados y pensionados caerá 5,9% interanual en agosto, previo a las actualizaciones que constan en la Ley de Movilidad Jubilatoria.

 

En el caso de los beneficiarios de la AUH también es posible que su ingreso real experimente una caída, que como mínimo será del 9,2% interanual en agosto si realizan compras por el total de los $966 que perciben mensualmente mediante sus tarjetas de débito.

 

Sólo en el caso de que depositen ingresos-extra a la cuenta bancaria en la que reciben el beneficio (lo que el estudio considera algo que “tiene muy pocas probabilidades”) y utilicen el tope de los $300, podrán compensar el impacto de los precios en el poder adquisitivo del beneficio, aumentándolo 3,5% en ese mismo período.

 

En todos los casos, la medición incorpora el pago por única vez de $500 para el mismo universo de beneficiarios que se liquidó en abril dispuesto por el Gobierno Nacional a través del decreto 591/2016.

«Sólo en el caso de que depositen ingresos-extra a la cuenta bancaria en la que reciben el beneficio (lo que el estudio considera algo que “tiene muy pocas probabilidades”) y utilicen el tope de los $300, podrán compensar el impacto de los precios en el poder adquisitivo del beneficio, aumentándolo 3,5% en ese mismo período»

Tanto el aprovechamiento del máximo disponible sobre el monto depositado en la tarjeta de débito (es decir, el 15% de $966) como la posibilidad de que alcancen el tope máximo de $300 dispuesto por la ley (para lo que deberían gastar con la tarjeta más del doble de lo que perciben por asignación) son, para Cifra, “dos hipótesis de máxima”, dado que, como se anticipó “es bajo el grado de bancarización de los hogares de menores recursos y por eso suelen cobrar el beneficio a través de cajeros automáticos o por ‘ventanilla’ y realizar la mayor parte de los gastos en comercios informales mediante dinero en efectivo”.

 

Inclusive, el estudio sostiene otros efectos colaterales nocivos. “Aún si la medida lograse alterar estos patrones de comportamiento, tendría un efecto negativo sobre las ventas de los comercios y comerciantes informales. De esta manera, la aplicación de una medida que busca mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables e informales traería aparejados efectos ‘no deseados’ sobre el mismo segmento social”.

 

Por otra parte, la devolución de IVA a los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de la AUH con el fin de atenuar el impacto social regresivo de la devaluación, la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos, tendrá un costo fiscal que el Cifra estimó entre 800 y 1.350 millones de dólares y que Prat Gay calculó en 25.000 millones de pesos (unos U$S 1785 millones). Según el estudio, “un impacto sumamente inferior al resultante de las medidas económicas aplicadas hasta el momento que provocaron una pérdida significativa de ingresos para los trabajadores”.

 

“Hubiera sido más efectivo y de más simple implementación el otorgamiento directo de $300 adicionales en los beneficios vigentes”, sostiene, a modo de conclusión, el informe.

 

Informe completo

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