Las horas ya no pasan así como así
arrastran como río de montaña
ese Quemquemtreu que suena y suena
en un canto mapuche
es un corazón latiendo
estas horas no pasan ralentadas
(Ana Maria Grandoso)
El 18 de septiembre miembros del Lof Quemquemtreu hicieron público un comunicado informando que a partir de ese momento ejercían “el legítimo derecho de retorno al territorio”, conocido como “tapera de los álamos” en el paraje de la Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, “deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos”.
Relataban que antiguamente en esta zona convivían distintas lof y sus respectivas autoridades con pu ngen y pu newen. Se levantaban trabajos grandes, antiguos como Camarucos y Nguillipun. Había Machi, Longko, Pillancushe, Werken, Lawentuchefe, entre otras. A partir de la llegada del wingka muchas de estas prácticas se fueron perdiendo hasta quedar casi en el olvido.
Señalaban que esta porción territorial además de estar muy contaminada, viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al estado, y sus funcionarios de organismos como Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, Emforsa, etc., quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero.
El dueño del terreno recuperado o usurpado, Rolando Rocco, reclama lo que dice ser su tierra, un predio que posee hace 40 años. Sin embargo, Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche, asegura que esas tierras son fiscales.
Un recorrido desde el pasado
La historia del despojo a los pueblos originarios se remonta a la mal llamada Conquista del desierto, el avance a los territorios indígenas que llevó al asesinato de los miembros de sus comunidades, la esclavitud de los sobrevivientes y la entrega de tierras a empresarios extranjeros se describe en cientos de libros de historia: la conquista de los territorios del Sur y el sometimiento de sus pueblos fue el resultado “necesario” del proceso de construcción del Estado-Nación.
Esos pueblos, silenciados por años, comenzaron su movimiento de recuperación. Desde el año 2001 hasta ahora más de doscientas cuarenta mil hectáreas han sido recuperadas por las comunidades mapuches.
Muchas de estas tierras habían sido consideradas fiscales, pero a partir de los programas de promoción forestal, se dieron trucos administrativos para traspasar a manos de privados. Cómo dicen que pasó en la zona de Cuesta del Ternero.
Algunos documentos públicos existentes completan la memoria de los relatos orales y trazan un panorama general de estos despojos históricos de las ocupaciones de la zona.
Si bien los lotes en disputa actualmente son los 103 y 104 de la zona de Cuesta del Ternero, existe un informe realizado por Emilio Frey, Director de Tierras y Colonias, del año 1920 sobre el lote 102 y 103 en que relataba que el cuarenta por ciento de esas propiedades eran de origen aborigen y se dedicaban a la agricultura y la ganadería.
Los expedientes individuales tramitados ante la Dirección General de Tierras de la Nación, todos de la primera mitad del siglo XX, dan cuenta del largo reclamo por el reconocimiento a la ocupación de las fracciones del territorio, así como también de algunos elementos del despojo muchas veces legitimados por los agentes públicos que intervinieron en esas tramitaciones. En relación a los lotes 102 y 103 fueron víctimas de la apropiación engañosa del campo.
Muchos desalojos encubiertos u operaciones forzadas de compra-venta estaban precedidas por detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas de supuestos robos e incendio intencional de las ocupaciones tradicionales. Los documentos hablan de algunas familias, Pichún y Anticura, eran algunos nombres que se repetían.
En 1945, treinta hectáreas del lote 103 fueron adjudicadas al ex gobernador Adalberto Pagano y a su socio Carlos Pastorino, para instalar una usina hidroeléctrica, un aserradero y una fábrica de láminas de madera. Les otorgaban estas tierras como libres ocupantes, aunque existían documentos anteriores que daban cuenta de la existencia de población desde 1915. A partir de ese momento, la información da cuenta que el poblador vendió y pasó a ser cuidador en una operación de compra-venta abusiva.
En 1984, Rolando Enrique Rocco, quien poseía chacra en lago Puelo, presentó un plan de forestación sobre dos fracciones (de dos mil trescientas y mil doscientas cincuenta hectáreas) ubicadas en los lotes 103 y 104, sobre los que adquirió mejoras y derecho de ocupación.
En los últimos días el Ministerio Público Fiscal informó que no consta documentación que acredite que la Lof Quemquemtreu sea propietaria ancestral de esas tierras. “En este marco es fundamental reafirmar que dichas tierras pertenecen al Estado Argentino y desde el año 1981 cuentan con un ocupante fiscal. «
Además, argumentan que desde 2006, con la Ley 26.160 se formalizó el relevamiento territorial de comunidades indígenas. “Esta ley de emergencia, es decir de carácter transitorio, fue prorrogada en tres oportunidades con vencimiento en el mes de noviembre de este año. En ese marco, en los quince años de funcionamiento, nada consta acerca de que la Lof Quemquemtreu sea propietaria ancestral de esas tierras. Por lo tanto para el Estado, ese lote no pertenece a ninguna comunidad indígena”
¿Quién es Rocco y cómo consiguió sus tierras?
En 1973 la Empresa Forestal Rionegrina (EMFORSA) y el Servicio Forestal Andino comenzaron un ensayo forestal con la plantación de especies exóticas en la región. Comenzaron con veinte hectáreas en la zona de Río Foyel. En 1982, el estado ya había plantado ciento veintinueve hectáreas en la zona.
En 1984, Rolando Rocco entró al juego. El poblador tenía una chacra en Lago Puelo. En el marco de este crecimiento de la industria forestal presentó un plan de forestación en dos predios de dos mis trescientos y mil doscientas cincuenta hectáreas. Nueve años después y sin mediar operación, Rocco era poseedor de dos parcelas de dos mil quinientas hectáreas. Las logró “corriendo el alambrado”, como dicen los pobladores locales.
En 2009 crea la sociedad “Forestar – Ganadera – Sociedad de Responsabilidad Limitada”, en donde, con un capital de 12 mil pesos, se adjudican la explotación durante noventa años, por cuenta propia y/o de terceros de:
Adquisición, venta y/o permuta de bienes inmuebles; urbanos o rurales; compra, venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal, venta al contado o financiación propia y/o de terceros, así como loteos, complejos deportivos, turísticos y/u hoteleros.
Esta nueva sociedad ya no es solo para el desarrollo forestal, sino que amplía sus posibilidades de acción, permitiéndole hacer casi todo.
Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, explicó que la Ley n.º 279 de Régimen de Tierras Fiscales de la provincia de Río Negro, sostiene la figura de “fiscalero” con la que se denomina a la persona que ocupa bajo cualquier forma jurídica una parcela de tierra fiscal. Y añadió “el empresario Rocco no tendría el beneficio de ser fiscalero porque no reside en la zona. El emprendimiento forestal es algo que se desarrolla.” Además, aseguró que nadie entró a una tierra privada, “la tierra es del fisco”.
Este año la familia Rocco fue beneficiaria de una condonación de deuda de períodos anteriores al 2021; es decir, que si la familia Rocco nunca pago nada desde 1999 hasta 2021, a partir de ese decreto ya no era necesario que se preocupen por retribuir a la sociedad de ninguna forma. Y no sólo eso, sino que, en el mismo decreto, se exceptuó a Rolando Rocco del pago de la Tasa de Servicios Municipales en un cien por ciento de todo el periodo actual.
La ocupación y el accionar de las fuerzas de seguridad
Dos días después de la ocupación, el fiscal Francisco Arrien se presentó en el campo proponiendo una instancia de diálogo para tratar de destrabar el conflicto y no avanzar en una causa penal. La zona se encontraba custodiada por la policía de Río Negro.
El día viernes 24 de septiembre un operativo a cargo de la fiscal jefa Betiana Cendón, con personal del COER y Arrien, se presentó en el predio con una orden judicial de allanamiento para identificar a las personas que estaban en la toma. Algunos varones escaparon y cuatro fueron arrestados.
La Multisectorial contra la Represión de Bariloche denunció la violencia institucional ejercida por el estado rionegrino que, entre otras cosas, llevó a cabo el desalojo de manera violenta.
El sábado siguiente, integrantes de la comunidad Quemquemtreu retornaron al predio y lo volvieron a tomar. Y nuevamente se produjeron enfrentamientos con la policía.
En la ruta 6 miembros de otras comunidades acamparon en apoyo a la Lof Quemquemtreu.
El juez de garantías Ricardo Calcagno, rechazó el pedido del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para crear un corredor sanitario que permita el ingreso de alimentos para los ocupantes de las tierras en Cuesta del Ternero. El magistrado entendió que, de permitirlo, estaría avalando la consolidación de la toma y siguiendo el ejemplo de la fiscalía, planteó que siempre pueden abandonar la ocupación para satisfacer las necesidades.
Esta decisión impulsó nuevas manifestaciones en la comisaría de Cuesta del Ternero y el destrozo de un patrullero.
El gremio docente Unter, denunció que la Escuela rural 211, Lucinda Quintuparay, fue utilizada como centro de operaciones de la policía de Río Negro impidiendo el acceso de los estudiantes a la educación. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler explicó que las clases fueron suspendidas por seguridad de la población.
Casualmente la escuela lleva ese nombre en recuerdo de una mujer que fue acribillada en su cama en 1993 luego de rechazar varias ofertas de venta de sus tierras en Cuesta del Ternero. Su crimen sigue impune.
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En la noche del domingo 3 de octubre fue incendiada la oficina de Información Turística de El Bolsón, el estado provincial rionegrino realizó una denuncia por Terrorismo. El intendente Bruno Pogliano afirmó que fue un atentado y responsabilizó a grupos mapuches vinculados a la toma.
La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, también realizó una denuncia por amenaza de muerte, luego de recibir un panfleto intimidatorio y se comunicó con el ministro de seguridad, Aníbal Fernández para solicitar refuerzos en la zona de la Cuesta del Ternero.
Fernández desestimó el envío de fuerzas federales a la provincia, y apeló al diálogo para la resolución de conflictos.
La CODECI presentó un pedido de Per saltum; la demanda procuraba que las resoluciones en torno al conflicto salgan de sus jueces naturales de Bariloche y sean resueltas por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido. La figura del Per saltum no tiene regulación específica en la provincia. La ley que lo autoriza en situaciones extraordinarias para cuestiones federales excluye expresamente a las causas penales.
Hoy no se ve una definición clara para la situación, el estado provincial se expresa en duros términos contra la comunidad. El estado nacional no quiere involucrarse. No quieren tener otro Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
