Fue un inicio de semana con muchas chispas en una de las principales ciudades del país. El titular que circuló en las redes captó la atención de quienes seguían de cerca la rosca vernácula comechingona.
La orden del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, de reclamar por la renuncia de todo su gabinete fue la noticia que impactó en la agenda política local. Esto ocurrió en el atardecer del último lunes de abril. La demanda fue contra quienes ejercieron los más altos cargos, que van desde secretarías hasta las direcciones de todo tipo.
Hasta la edición de este artículo, no hubo anuncio oficial, ni siquiera un borrador completo que exponga la conformación de este nuevo orden. Incluso, se circuló el rumor de que el propósito es generar un duro achique del plantel de un 30%.
Ante las voces que se expresan desde el Palacio 6 de Julio, la casa de gobierno municipal, bajan el calibre y niegan que existan problemas de gestión. Todo periodista que recibe esos comentarios pone cara de descrédito. Los susurros que van más hondo apuntan a una delicada situación financiera y política, como si fueran un doble déficit.
En los últimos días hubo antecedentes de renuncias de altas figuras, como la del secretario de Seguridad, Claudio Vignetta, y del segundo del área de Finanzas, Guillermo Pizzarro. Este último fue reemplazado por Matías Vicente, sindicado de ser un hombre de confianza del ministro de Economía del gobernador Martín Llaryora, Guillermo Acosta. Mientras que las oficinas dedicadas a los cuidados vecinales pasaron a la órbita del tribunal de cuentas, a cargo de uno de los hijos del histórico del PJ Julio “Chiche” Aráoz, que ya había sido designado en ese cargo por parte del propio Llaryora en su época de intendente de la misma ciudad (2019 y 2023).
Esto abre la lectura que lo que está ocurriendo es un intervencionismo provincial hacia lo municipal.
Cortocircuitos
Existen distintos cortocircuitos, a distintas escalas, para encontrar los cables pelados de esta crisis.
El primero tiene que ver con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Detrás del primer rembolso de U$S 12 mil millones se encuentra un paquete de exigencias al Estado nacional. Según el último reporte publicado por el organismo internacional este paquete incluye la quita de subsidios. Córdoba capital fue testigo de lo que eso implica, a partir del acuerdo stand-by con el FMI en 2018. Este acuerdo contribuyó al paulatino quiebre de la empresa de colectivos ERSA, que controlaba las tres cuartas partes de sus recorridos, a pesar de que la firma emitía cheques sin fondos. La situación de los bondis sigue siendo una de las tantas mechas de este polvorín.
Previo a eso, está la motosierra. No hay datos oficiales, pero según una crónica del diario La Voz del Interior, el intendente Passerini les explicó a sus funcionarios que el no envío de fondos desde Nación a la capital implicó que se llegara un panorama “delicado”. Sin recursos, no hay plata. Además del transporte público, esta situación afectaría a las políticas ambientales, que demandan gastos anuales para organizar las cumbres mundiales de Economía Circular, un concepto instalado por el propio Llaryora.
Además, existe la “pesada herencia” que había dejado la gestión del radical Ramón Mestre hijo, quien en 2016 empezó a emitir, de manera inédita, bonos de deuda en dólares, a partir de las flexibilizaciones aplicadas por el presidente Mauricio Macri. La gestión municipal de Martín Llaryora optó por refinanciarese endeudamiento, trasladando el pasivo de U$S 150 millones a su sucesor, quien en ese entonces era su viceintendente: Daniel Passerini. Hasta ahora, el actual período ha pagado la mitad del capital.
Existe también otra cuestión que es el capital político construido. Las elecciones a gobernador de 2023 expusieron que los dos principales distritos donde Llaryora acumuló su triunfo fueron en el departamento oriental de San Justo, donde es oriundo, y la propia capital, principal mancha urbana. Es razonable pensar que eso se explica por la inauguración de obras. Pero eso generó un punto nodal en la historia hegemónica del pejotismo cordobés, ya que se suponía que la cosecha provenía, precisamente, de las regiones más rurales. Aparentemente, desde el gobierno provincial, contemplan que Passerini no habría cortado suficientes listones, a pesar de que en el Plan de Metas 2023-2027, se asevera que en 2024 se cumplió con la cuarta parte de las políticas prometidas.
Pero es cierto que a nivel vecinal los ánimos exceden a lo calculado. El domingo anterior, hubo elecciones de centros vecinales en algunos barrios de la ciudad. Si bien el oficialismo tuvo un resultado aceptable, ganando 7 de 11 urnas, no se puede ignorar que hubo momentos escandalosos. Entre los incidentes, se destacó la viralización de un escrache contra el ministro provincial de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y Héctor Campana, secretario de fortalecimiento vecinal. Este último hecho ocurrió en barrio San Martín, donde la lista vinculada al radicalismo resultó ganadora. Más en el noroeste, la presidenta del Concejo Deliberante, Sandra Trigo, fue descubierta en un almuerzo con el veedor de las elecciones vecinales del Cerro de las Rosas. Estba en un restorán cuyo dueño preside una lista opositora a la actual gestión comunitaria. Quienes expusieron ese registro quedaron conformes con el triunfo de una lista opositora en el barrio vecino de Villa Belgrano, conformada por quienes presentaron amparos ambientales contra desarrollistas inmobiliarios.
Siguiendo con las preocupaciones vecinales: la Provincia tiene una mayor vehemencia en atender la principal queja, que es la inseguridad. Como habíamos mencionado, el otorgamiento de mayor poder a Juan Manuel Aráoz, hijo del “Chiche” y a cargo de gestionar la administración de faltas, suma un capítulo al reciente discurso “manodurista” de Llaryora. En los últimos días, y en un tono “coacheado”, el gobernador insistió en que “los buenos son los de azul”, parafraseando al presidente Javier Milei sobre el rol de las fuerzas policiales. El joven Aráoz es alguien que se ha manifestado a favor del accionar del recordado policía gatillero Luis Chococar.
Por último, y no por eso menos importante, el poderoso gremio de los municipales, Suoem, había iniciado un cese de tareas en los Centros de Participación Comunal, los CPC. Esta medida afectó a los pequeños órganos de la municipalidad para atender a sus habitantes en temas administrativos. Por supuesto, dentro de los descabezamientos están aquellos que no han podido contener éste conflicto laboral.
No hay dos sin tres
En agosto de 2023, Zoom publicó un artículo titulado “¿Los tres cordobesismos?”, previo a los resultados electorales de las PASO y al ascenso intempestivo de La Libertad Avanza. Allí se publicó que, en medio del “schiarettismo” y el “llaryorismo”, el “passerismo” era un “pragmatismo con buenos modales manteniendo la cautela de no apurarse en sacar conclusiones y asomando de a poco a un posible amanecer”.
Daniel Passerini se especializa en medicina generalista, es decir, en la atención primaria y familiar. Por eso, dentro de su currículum político, ejerció cargos ligados al desarrollo y la ayuda social. En la noche que ganó la intendencia en 2023, un eufórico Llaryora había proclamado su repudio a los “pituquitos de Recoleta”. A la mañana siguiente, el “dotor” Passerini retornó, como si nada, a su viejo trabajo ad honorem. Este consultorio está instalado en la seccional quinta de la ciudad, donde la proliferación de narcos contrasta con la falta de servicios. Ante ese perfil humilde, atractivo para el progresismo y los sectores bienintencionados, sugiere una figura capaz de marcar un inicio de una etapa que supere el peronismo tradicionalmente ligado al conservadurismo liberal.
Esas expectativas están menguadas a partir del atardecer del lunes pasado.
