¿Cambio o continuidad?

Reflexiones sobre las medidas de la nueva gestión económica de Sergio Massa

La asunción del nuevo Ministro de Economía Sergio Massa el pasado 3 de agosto representó una de las señales más contundentes hacia los intereses de bancos, fondos comunes de inversión y otros grandes actores presentes en los mercados financieros, después de la salida del ex ministro Guzman un mes antes, el 2 de julio. El flamante ministro anunció en ese momento que los principios que guiarán su gestión son: “orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión”

Desde mediados de junio, cuando el ministerio de economía no había podido renovar la totalidad de los vencimientos de algunos bonos locales, el valor de las distintas cotizaciones del dólar comenzó a aumentar. El dólar blue tenía un valor de $210 a principios de julio y llegó a cotizar $340 durante la tercera semana de julio. Actualmente se encuentra rozando la línea de los $300, lo cual supone un aumento mayor al 40% en tan solo dos meses.

Sin dudas, la asunción de Massa buscó contener la serie de desequilibrios e incertidumbre que había surgido desde poco antes de la renuncia del ex ministro Guzman. Silvina Batakis, cuyo paso por el ministerio apenas superó el mes tampoco ayudó a calmar la situación.

Sin embargo, es importante observar qué señal busca llevar Massa que sus predecesores no pudieron dar. El nuevo ministro se presenta como garante del ajuste y del cumplimiento de los acuerdos con el FMI. También, busca llevar a cabo la demorada segmentación de tarifas que venía “en estudio” desde el año 2020, así como controlar los niveles inflacionarios que llegaron en julio al 7,4%, máximo histórico en veinte años.

Tan grande es la tarea que se le presenta al ministro, y tantas han sido las expectativas que se generaron alrededor de ella, que recién veinte días más tarde pudo anunciar quien sería su segundo a cargo, el economista Gabriel Rubinstein, recordado por su paso en el ministerio bajo la gestión de Roberto Lavagna y con presencia en el Banco Central,  también por haber participado, junto a Guillermo Nielsen, de las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional luego del default en 2001.

Sumado a los anuncios y objetivos que trazó el ministro, se han tomado una serie de medidas que van en pos de ellos. En relación al objetivo de orden fiscal, el flamante funcionario decretó el día 20 de agosto una reducción en el presupuesto disponible para áreas sensibles como Educación, Vivienda, Salud y Obras Públicas por $128.000 millones (en total el ahorro fue de $210.000 millones). El 23 de agosto se anunció el congelamiento de la planta de personal estatal y en empresas del estado.

Asimismo, Flavia Royón, la nueva secretaria de energía, especificó la mayor segmentación de tarifas que había anunciado el ministro. A la propuesta anterior se le sumó un tope libre de consumo a partir del cual los subsidios ya no corren. Las partidas presupuestarias, por su parte, van a seguir la pauta prevista en el presupuesto y se apelará a congelar, así como la planta, los montos de gasto. Por último, y no menos importante, se han convalidado mayores tasas de interés en las letras del tesoro para evitar los adelantos transitorios que el banco central debía realizarle a la nación.

Finalmente, desde el Ministerio de Economía celebraron la reducción del déficit fiscal de julio informando que el mismo era compatible con la meta de déficit de 2,5% acordada con el FMI. En este sentido se espera que sigan haciendo “correcciones” que permitan retomar un sendero fiscal compatible con el objetivo impuesto.

La mayoría de estos anuncios han ido en relación a los primeros objetivos que planteó el ministro. Una vez alcanzada una relativa estabilidad, ya que el valor del dólar por ejemplo dejó de aumentar, sería interesante conocer qué propuestas tiene el Ministro para las y los trabajadores. Luego de una serie de reuniones con representantes de las petroleras, la mesa de enlace del campo y empresarios de distintos sectores económicos, se llamó a una reunión del Consejo de Salario para discutir un necesario aumento del salario mínimo vital y móvil. Actualmente su valor está en $47850 y totalizará un aumento anual del 80,9% a noviembre cuando se ubique en $57900. En ese momento se retomará la discusión si fuera necesaria, aunque ya algunos especialistas dicen que dicho aumento no superará la inflación esperada en alrededor de 90% anual.

Hubo otros anuncios para las y los jubilados, con los aumentos trimestrales previstos, así como un bono que permitirá llevar la jubilación mínima a unos $50353. El pasado 11 de agosto se anunció un aumento de 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Dicha suba se comenzará a pagar en septiembre y alcanzará a más de dieciséis millones de argentinas y argentinos. Además, desde el ministerio de economía se precisó que con este aumento, por la Ley de Movilidad, se mejoran también las asignaciones familiares.

Sin embargo, en vistas del proceso inflacionario actual, aunque se tengan las mejores proyecciones y expectativas de calmar el aumento generalizado de precios, todo parece indicar que la tan anunciada idea, que fue parte de la plataforma electoral, de que los salarios le ganen a la inflación parece cada vez más lejana. Más aún si tenemos en cuenta que más de un tercio de las y los trabajadores se encuentran en situación de informalidad y los aumentos de ingresos siempre van por debajo de los aumentos salariales del sector formal.

En este sentido, compete preguntarse, las consignas con las que asumió, y fueron parte de la campaña electoral del Frente de Todos, ¿siguen siendo una prioridad?. ¿Es compatible el rumbo económico actual con las promesas de “más y mejor educación para todas y todos”, “recomponer los ingresos de quienes menos tienen”, “potenciar nuestro sistema de ciencia y tecnología”, “La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de las políticas públicas”[1]?

Consideramos que es un momento crucial para pensar alternativas para la salida de la crisis que favorezcan a la mayoría de la población y reclamar por las promesas electorales incumplidas.


[1] Frases extraídas de los discursos del presidente Alberto Fernandez del 01/12/2019 y del 01/03/2020.

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