Ahora es Lula

Tras Dilma, el poder judicial brasileño avanza sobre el ex presidente. La construcción del caso, sus chances de ser candidato y la capacidad de reacción de un Brasil exhausto.

Qué coraje, Moro. Condenar al dirigente más popular de América Latina: por corrupto. Es muy fácil investigar a los políticos cuando ya nadie los quiere, pero ¿mandar preso a Lula, justo cuando una encuesta lo daba favorito en las próximas elecciones? Eso es ser valiente. Hacer lo que hay que hacer. Algo así deben pensar los cientos de personas vestidas de verde y amarillo que salieron a la calle a festejar el fallo. Claro que hubiera sido más justo condenarlo con pruebas. Pero todo no se puede.

 

El miércoles 12 de julio, el juez Sérgio Moro, de la 13ª Vara Federal de Curitiba, condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva a 9 años y medio de prisión y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta 2036, al declararlo culpable de los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. En la causa, vinculada a la Operación Lavajato -que sigue el esquema de corrupción entre funcionarios, empresas constructoras y directivos de Petrobras-, se lo acusa de haber recibido y reformado un departamento del Condominio Solaris, en el balneario paulista de Guarujá, a cambio de sugerir y mantener en sus puestos a los directivos de Petrobras que recibían las coimas y asignaban los contratos. La acusación se sostiene en los dichos de Leo Pinheiro, ex directivo de la constructora OAS, que lo denunció en el marco de una colaboración premiada. La Ley 12.850 que regula la ‘colaboración premiada’ se inspira en la estrategia que usaron en Estados Unidos para desarmar a la mafia italiana durante los años 1960. Concretamente, se ofrece a los imputados negociar condiciones y penas a cambio de confesiones que permitan develar a los responsables máximos del delito, pero se aclara expresamente que la acusación deberá sustentarse en pruebas. Valga la redundancia: confesión no es prueba.

 

En la causa por la que fue condenado Lula, el único elemento en su contra es la declaración de Pinheiro. Cuando la construcción del Condominio Solaris estaba a cargo de la Cooperativa Habitacional de los Bancarios, la esposa de Lula –Dona Marisa, que murió en febrero de este año- habría pagado R$ 209.119 por el departamento simple N° 141-A. En 2009, cuando el Grupo OAS se hizo cargo de la obra, habría entregado a Lula el departamento triplex N°164-A, sin cobrar la diferencia de precio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) estima una ‘ventaja indebida’ de R$ 2.424.991 a favor de la familia del ex presidente: parte por la diferencia de valor entre los departamentos, y parte por reformas que la constructora habría hecho por pedido de su esposa. Pinheiro había sido condenado a 26 años de prisión, sin implicar a Lula en sus declaraciones. Después del éxito de las colaboraciones premiadas del caso Odebrecht, pidió ampliar su confesión. No hay un solo documento que acredite que el departamento pertenece al ex presidente, ni testigo que lo haya visto a él ni a algún miembro de su familia visitándolo. Según la crónica del periodista Bruno Bimbi, la audiencia entre Moro y Lula -que fue anunciada por las revistas como el enfrentamiento del siglo-, incluyó pasajes desopilantes en los que Lula pide encarecidamente al juez que le explique cuáles son las pruebas en su contra.

“No hay un solo documento que acredite que el departamento pertenece al ex presidente, ni testigo que lo haya visto a él ni a algún miembro de su familia visitándolo”

Hay juristas denunciando seriamente que la prisión preventiva se aplica como extorsión para conseguir colaboraciones premiadas, en un esquema que se asemeja al de la ‘confesión bajo tortura’. Leonardo Isaac Yarochewsky, criminalista y autor del libro República de Curitiba: por que Lula? sostiene que había pruebas firmes para absolverlo. “Moro despreció la documentación y más de 70 testimonios para quedarse con la delación de Leo Pinheiro. El caso Lavajato se explica como un caso de derecho procesal penal de excepción, en el contexto de un estado de excepción. Hay una falsa sensación de que estamos prendiendo al collar blanco. ‘El ex presidente, el senador tal fueron presos’. Hoy se usa la prisión como tortura para los ricos”.

 

Alfranio Silva Jardim es uno de los mayores procesualistas de Brasil y viene denunciando las arbitrariedades del proceso desde que el juez Moro aceptó la denuncia del MPF, fundándose en la presunta ‘excepcionalidad’ de la Operación Lavajato. La controvertida conducción coercitiva de Lula que fue transmitida en vivo por la televisión, las escuchas telefónicas ilegales, el hecho de que las causas se concentren en el juzgado de Moro: todo fue justificado por el Tribunal Federal Regional de la 4ª Región (TRF-4) en función de lo ‘inédito’ del caso. En esa ocasión el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni recordó que “la excepcionalidad fue el argumento legitimante de toda inquisición a lo largo de la historia”. La alianza mediática-judicial es entendida por algunos investigadores como un caso de “lawfare”, una táctica de guerra no convencional que se caracteriza por el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, y que lleva a algunos analistas a denunciar la instalación de un “Estado mediático penal” en Brasil.

 

La tan mentada ‘judicialización de la política’ no es mucho más que esto: obligarnos a dominar un saber experto que nos es ajeno, y a discutir con lenguaje técnico asuntos que corresponden al ámbito de lo político, de aquello que concierne al destino colectivo y que, por ende, debe ser discutido por todos. Lula redobló la apuesta. Al día siguiente de conocerse la sentencia anunció públicamente su pre-candidatura presidencial para 2018, y denunció su persecución como parte del golpe que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff: “Están tratando de destruir todas las conquistas desde 1943. Todo lo mejor que hicimos: la Petrobras, las industrias de ingeniería, la previsión social. Permitan que alguien cuide de este pueblo porque este pueblo precisa ser gobernado por alguien que sepa. Señores de la Casa Grande: permitan que alguien de la Senzala lo haga, porque ustedes no tienen competencia”.

 

De acuerdo con otro aspecto del fallo que fue ampliamente criticado, esta vez por inconsistente con sus fundamentos, Lula deberá esperar la confirmación de la sentencia en libertad. Sus partidarios se consuelan haciendo cuentas: los pronunciamientos de la Cámara de Apelaciones suelen demorarse más tiempo que el que media entre el presente y las próximas elecciones. En ese caso, Lula podría ser candidato. También recurren al antecedente de João Vaccari, ex tesorero del PT que había sido condenado por Moro a quince meses más cuatro meses de reclusión y obtuvo la absolución a través de recurso interpuesto al TRF-4, justamente porque la condena se basaba en confesiones premiadas. La Central Única de Trabajadores (CUT) y los movimientos sociales convocaron movilizaciones en las principales ciudades del país, a realizarse una semana después de conocido el fallo. En el ínterin, Lula anunció una gira por el nordeste y llamo a Moro “zar de Curitiba”: Moro le confiscó todos los bienes y saldos bancarios. Ya se está organizando una ‘vaquita’ para mantener al ex presidente y seguramente mañana amanezcamos con otra novedad por el estilo. Los brasileros están exhaustos. El jueves 20 Lula habló en San Pablo, frente a una Av. Paulista que distó de estar abarrotada.

 

En diálogo con O Cafezinho, el historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira advirtió riesgo de una ‘convulsión social’ y dijo que espera que no instalen una guillotina en la puerta del Planalto. Es una imagen fuerte la del pueblo cortando cabezas; pero por momentos la situación de Brasil se parece más a la de los ingleses del cuento de Sacheri, que vieron avanzar a Maradona “con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar”. Porque no va a suceder que condenen a Lula sin pruebas, porque no pueden proscribirlo; como no podían destituir a Dilma Rousseff sin crimen de responsabilidad, ni concretar un golpe, ni llevarse puesto al Estado de Derecho, porque alguien alguna vez dijo que esas cosas ya no pasan.

 

Sucede que pasan: porque pueden.

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