Actualidad: Tucumán, el partido judicial y la teoría de los tres actos

En vistas de los últimos acontecimientos sobre las elecciones en Tucumán (suspensión de comicios por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y posterior levantamiento), algunas claves del entramado que se despliega como una digna serie de plataforma virtual.

El pasado martes 9 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendía mediante una cautelar los comicios en Tucumán a seis días de las elecciones; el motivo: el pedido de la oposición tucumana de declarar inconstitucional la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur. La noticia tomó relevancia nacional y se reavivó el debate en relación a la interferencia política del Poder Judicial. Al momento de la redacción de esta nota, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la medida cautelar, permitiendo a la Junta Electoral provincial establecer un nuevo calendario.

La teoría de los tres actos

La teoría de los tres actos de Aristóteles, creada en la antigua Grecia, es una fórmula narrativa que se utiliza hasta el día de hoy en el teatro, el cine y la televisión para cautivar a las audiencias. Esta estructura divide una historia en tres partes: la exposición o planteamiento, el desarrollo o nudo y la resolución final o desenlace. Con su enfoque en mantener el interés, esta teoría ha demostrado ser un recurso invaluable para mantener a los espectadores enganchados y dar forma a la trama de manera efectiva. En el mundo de las narrativas judiciales, donde el drama y la tensión son moneda corriente, no es de extrañar que los tres actos aristotélicos puedan ofrecer una lente intrigante para analizar y comprender los conflictos que enfrenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su disputa –política— con la provincia de Tucumán.

Acto I: Exposición o planteamiento

Llevan tiempo las tensiones entre el gobierno y el Poder Judicial. El popularizado lawfare en Argentina viene ejecutándose como herramienta política que, curiosamente, utilizan la intervención por parte de la justicia para recalcar el “republicanismo”, término que por cierto viene siendo uno de los más banalizados por parte de la ultraderecha.

Algunos hitos importantes de remarcar para no perder la trama:

  • La persecución política a la vicepresidenta a través de la Causa Vialidad, cargada de inconsistencias legales, testimonios falsos, pruebas irregulares, aprietes y errores técnicos muy evidentes. Simultáneamente todo un circo mediático montado en torno a la causa.
  • Los chats filtrados del ministro larretista Marcelo D’Alessandro con los jueces Ercolini y Ramos; y el viaje de miembros del grupo Clarín, el propio D’Alessandro y funcionarios judiciales a la casa del millonario Lewis en Lago Escondido.
  • El pedido de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de Alberto Fernández impulsado en conjunto con once gobernadores (incluido el de Tucumán).

Hay otros dos factores importantes para destacar: la creciente “judicialización” de la política, en donde cada vez son más los dirigentes opositores, pero también oficialistas, que buscan a lo Lilita Carrió dirimir cuestiones políticas con denuncias judiciales.

Y la otra cara de la misma moneda: una tendencia global de los poderes judiciales a interferir mediante dudosos artilugios en atribuciones de los poderes ejecutivos. Un claro ejemplo de esto último se puede ver en la exposición de la semana pasada de Rosatti en Amcham, el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en donde el magistrado expuso, entre otras cosas, sobre política monetaria inmiscuyéndose en competencias del ejecutivo.

El socio de Horacio Rodríguez Larreta en Tucumán, Germán Alfaro, quien es intendente de la capital tucumana y candidato a vicegobernador por la coalición opositora, presentó una acción de amparo el día 20 de abril, planteando la inconstitucionalidad de la candidatura de Juan Manzur. El argumento de Alfaro se sostiene en el hecho de que Manzur, tras dos mandatos al frente del Poder Ejecutivo provincial, aspiraba a ejercer el cargo de vicegobernador. Tal como muchos otros artículos de la Constitución tucumana sancionada en 2006, que no arrojan claridad sobre muchos temas, el citado artículo 90 no plantea objeciones explícitas a la posibilidad de ser vicegobernador luego de dos mandatos como cabeza del binomio. El expediente fue presentado directamente en la Corte nacional, ya que previamente el intendente capitalino había obtenido un revés en la Corte Suprema provincial, quien se expidió a favor de Juan Manzur.

Acto II: Nudo o desarrollo

La última semana en cualquier proceso electoral es crucial, no sólo por los cierres de campaña, sino por los esfuerzos logísticos que este conlleva. Imaginemos ahora ser parte de un partido en la provincia de Tucumán, encabezar una lista, por ejemplo, a legislador por la sección oeste, que contempla nueve municipios y decenas de comunas, cientos de mesas para votar, con igual cantidad de fiscales. O podemos imaginarnos también ser miembros de la Junta Electoral de Tucumán y estar organizando la logística para que todos los ciudadanos y ciudadanas de zonas rurales y de alta montaña puedan ejercer el derecho más preciado de cualquier sistema democrático.

Es que en esa última semana clave y crucial, cinco días antes de las elecciones, en horas de la tarde, tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sede en la Capital Federal, dictaron una cautelar para suspender las elecciones de Tucumán hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo presentada por el Partido de la Justicia Social de Germán Alfaro. Casualmente, cinco días antes de lo que se preveía como una victoria importante del Frente de Todos, por más de una decena de puntos, en la provincia con mayor incidencia del Norte Grande. Otra casualidad es que, JUSTO, en ese momento se exponían en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados las irregularidades en torno a los manejos de la Obra Social judicial, las cuales salpican a los cortesanos.

La cautelar fue festejada a grito de gol por los referentes provinciales de Juntos por el Cambio, y también por los referentes nacionales. Cabe destacar el llamativo tuit de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, quien se alega en primera persona la decisión de la Corte: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y a Uñac”, por lo menos llamativo, ¿no?

Pero esta medida no solamente fue en detrimento del oficialismo, que en última instancia es el partido con mayor estructura para poder solventar lo que eso significa, sino que afectó directamente a los partidos medianos o chicos, quienes en este momento se encuentran reclamando para poder utilizar en los próximos comicios las boletas ya impresas. El propio partido de Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, así como también Federico Masso de Libres del Sur, y Martín Correa del Frente de Izquierda se mostraron críticos con la medida de la Corte. Ni siquiera la respuesta hacia dentro del propio espacio de JxC en la provincia fue homogénea, muchos dirigentes de la coalición se mostraron disconformes con la suspensión de los comicios.

Otra de las tantas consecuencias de la inoportuna cautelar tiene que ver con el gasto que implica para las arcas provinciales desarrollar una elección con normalidad, tal como lo indicó Federico Masso en una entrevista a la radio La Tucumana FM: “el intendente German Alfaro, lo que le debe decir a la sociedad de Tucumán es que, solamente lo que gasto la junta electoral de la provincia son 1150 millones de pesos”. Y los fiscalistas, ¿dónde están?

Acto III: Desenlace o resolución

El oficialismo respondió rápidamente declinando la candidatura de Manzur, a través de una conferencia de prensa el día jueves 11, y proponiendo en su lugar al actual ministro del interior Miguel Acevedo para que acompañe a Osvaldo Jaldo en el binomio del Frente de Todos. La Fiscalía de Estado presentó un pedido para levantar la cautelar, que finalmente fue suspendida apelando al cese de las circunstancias que motivaron la presentación inicial. Queda abierta la posibilidad para que la CSJN falle sobre la cuestión de fondo, para sentar precedente, como ya lo hizo en Santiago del Estero con la candidatura de Gerardo Zamora en el año 2013.

Finalmente, la Junta Electoral de Tucumán anunció la nueva fecha de los comicios para el 11 de junio. Fecha que resultaría beneficiosa para los ánimos del peronismo, ya que ese mismo día se celebran las elecciones primarias en Mendoza, y las generales de Corrientes (dos provincias gobernadas por el radicalismo), y las de San Luis, que por el momento tienen un final incierto; por lo que se presume que la victoria de Tucumán podría ser importante para el Frente de Todos, que en este sorpresivo panorama de elecciones que se vienen sucediendo, no queda tan mal parado como se esperaba.

Coda

Hemos decidido salirnos un poco de la teoría de los tres actos para agregar una coda. Y sí, es que Germán Alfaro no se cansa y tramita una acción declarativa de sentencia para pedir la inconstitucionalidad de la celebración de las elecciones en junio, ya que la Carta Magna tucumana indica que los comicios deben celebrarse dos meses antes de la finalización de los mandatos prevista para octubre. La intención del intendente capitalino es pegar lo más posible las elecciones a las PASO nacionales, porque si algo demostraron los resultados electorales hasta ahora, es que la gestión económica del gobierno nacional no impacta necesariamente en el electorado que vota en los comicios provinciales, que viene demostrando una tendencia statuquista de continuidad de las gestiones que se encuentran en ejercicio de los poderes ejecutivos. Llamativamente, cuando el declive de la gestión de Macri era inminente, a German Alfaro parecía no importarle que los comicios se celebren en junio.

Esta trama inimaginable para Aristóteles y los griegos, es digna de una película de Hollywood, o de una serie Netflix, o incluso de un documental atrapante de producción nacional. Los esperamos la próxima para otra entrega de vertiginosa política tucumana.

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