A contramano

Ley Bases, RIGI: el especialista Darío Ávila analiza las consecuencias de la explotación irracional de bienes naturales por 30 años. Una normativa que viola acuerdos internacionales de los que Argentina es parte. Por Soledad Iparraguirre

Nacido en Guatimozín, humilde poblado del sudeste cordobés, Darío Ávila, abogado ambientalista, fue el primero de la familia en terminar estudios universitarios. Cuando, en diciembre de 2007 lo convocaron como asesor letrado de un equipo destinado a investigar qué ocurría en el barrio Ituzaingó Anexo (afectado por las fumigaciones de los campos aledaños, donde los vecinos morían de cáncer y leucemias, caso por el que las Madres del lugar llevaron por primera vez a productores sojeros al banquillo), su profesión marcó un giro. A partir de allí, las causas ambientales se fueron sucediendo: Porta, Cormecor, Barrick Gold (Jáchal), Ley de Bosques. En 2016, y junto al colega Carlos “Chuzo” González Quintana, logró que la multinacional Monsanto debiera cancelar la construcción de la mayor planta procesadora de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba. En diálogo con Zoom, y desde un enfoque jurídico pero a la vez transdisciplinar, Ávila analiza las consecuencias de garantizar la sobre-explotación de los recursos naturales sin que medie la instancia de evaluación de impacto ambiental. Hecho que a la vez profundiza la matriz extractivista.

Mientras avanza el debate del proyecto de Ley Bases (el gobierno logró que el plenario de comisiones diera luz verde al tratamiento del texto en el Senado), se torna imperiosa la discusión de las consecuencias ambientales y las implicancias sociales y económicas que traerá a los territorios afectados –en donde recaerán los proyectos destinados a los grandes grupos de inversión, que van desde los 200 a los 900 millones de dólares— en caso de aprobarse el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI. La normativa choca contra la autonomía de las provincias declarada en nuestra Constitución respecto del manejo de los bienes naturales. Además, viola tratados internacionales firmados por Argentina, específicamente el Acuerdo de París que establece una serie de medidas que deben tomar los Estados parte, tendientes a colaborar en la disminución de la contaminación a escala global, conocida como cambio climático. 

¿Es posible que las provincias se opongan una vez aprobado el proyecto?-

-Sí, esto es así. A nivel de la autonomía de las provincias lo que el RIGI estaría poniendo en riesgo de algún modo, es el artículo 124 de la Constitución Nacional –base fundamental del derecho argentino—, que dice que las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos naturales que asisten en su territorio. Está diciendo que las provincias mantienen su autonomía y son las que determinan de qué manera van a gestionar esos bienes comunes. Allí, hay una barrera y un gran límite para la Ley Bases y el RIGI a la hora de implementarlos en los territorios provinciales. Por encima de la norma nacional que es el texto de la Ley Bases está la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia ambiental. Los bienes comunes están todos emplazados en territorios provinciales: San Juan, Santa Cruz, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Corrientes. Esas grandes inversiones tienen como destinatario principal a esos bienes comunes. Y vos no podés imponer un proyecto si la provincia no lo acepta. O sea, las provincias pueden oponerse a los proyectos que vayan en detrimento de los bienes naturales a partir de su sobre-explotación y dar pelea desde la judicialización.

Claramente, el capítulo del RIGI promueve la apertura a esa sobre-explotación de los bienes comunes por un período de treinta años, lo que representa la profundización de una matriz extractivista.

-Lo que se promueve es la sobre-explotación de lo que queda. Ahí salió Scioli la semana pasada a decir que van a aprobar todos los proyectos de offshore, lo cual significa profundizar el modelo de explotación de hidrocarburos, en la Argentina. Y ya no solamente hablamos de Vaca Muerta sino que vamos por la plataforma marítima, el litio, las empresas de energía, las hidrocarburíferas, las gasíferas, las mega mineras de litio que principalmente van a ser las grandes convocadas a esta fiesta. En este contexto es donde aparecen las luces rojas frente a lo que es la consolidación del modelo extractivo y en todo este proceso no está prevista ninguna etapa en donde se haga una evaluación de impacto ambiental (EIA) de estos grandes grupos inversores. Por ejemplo, el RIGI establece cuál es el procedimiento para adquirir todos los beneficios que ahí se mencionan. Los titulares de estos proyectos solicitan la inscripción durante dos años en una especie de registro: presentan una solicitud (hay que decir que son grupos que van de los 200 a los 900 millones de dólares de capital), se analizan los requisitos formales respecto de las empresas, presentan plan de inversiones y, automáticamente, la autoridad de aplicación que aún no se sabe cuál será va a aceptar o rechazar los proyectos. La ley misma dice que una vez aprobado un proyecto de estas características automáticamente genera derechos adquiridos, esto es, el acceso a los beneficios cambiarios, tributarios y aduaneros por treinta años. Los principales destinatarios de estos grupos inversores van a ser los bienes comunes. Esto implicará la profundización del modelo extractivo, a través de la consolidación del modelo de producción de energías fósiles.

-El proyecto además desconoce los tratados internacionales como el Acuerdo de París del que Argentina forma parte.

-Esta consolidación del modelo de producción de energías fósiles basado en la producción hidrocarburífera y gasífera, esta propuesta que está lanzando el Estado argentino, va absolutamente en contra de lo que plantea el Acuerdo de París. Esto lo veo muy claro. Lo que dice expresamente el Acuerdo de París es que los Estados signatarios se comprometen a tomar medidas internas, que son, medidas de adaptación y medidas de mitigación para abogar por la disminución de los gases de efecto invernadero. Cada país tiene que hacer un inventario de los gases de efecto invernadero, de los gases que mayormente contribuyen al cambio climático. Argentina hizo este inventario nacional en tres ocasiones, el último es de 2019, y ahí dice que promovió 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, esa es la medida que se utiliza. Dentro del rango de los grandes contaminadores, claramente, no es uno de los principales sino muy por el contrario. Somos pequeños contribuyentes por decirlo de algún modo. Ahora bien; cuando ves los sectores que en nuestro país mayormente contribuyen a la contaminación te vas a encontrar en primer lugar: la producción de energía, y en segundo lugar: el hidrocarburo. Pero también, un número significativo: el 37 por ciento de la producción agrícola ganadera contribuye a la producción de gases de efecto invernadero, con la provisión de gas metano, generados por ejemplo en las producciones intensivas de ganado vacuno, los feddlot.  Desde la agricultura, el mayor gas que aporta la Argentina por la actividad agrícola por el modelo productivo es el óxido nitroso, presente en los fertilizantes. Cuando analizás esa matriz productiva y ves que la energía y el modelo agrícola ganadero son los principales responsables, el acuerdo de París te está diciendo: “usted tiene que modificar esos modelos de producción, porque usted está contribuyendo a generar gases de efecto invernadero desde la producción de energía y el modelo”. Y esto no solo lo dice el Acuerdo de París; lo dice un grupo de expertos, de científicos propuestos por cada país, que elaboran informes, desde el análisis de más de 1500 publicaciones científicas, investigadores de todo el mundo reunidos en el Ipbes (Ipbes.net), grupo transdisciplinario dedicado a la elaboración de reportes que sean insumo para que los Estados tomen medidas transformadoras y sustanciales. Ellos recomiendan la transición hacia modelos no tan contaminantes que tienen que ver con el buen vivir, la producción familiar y campesina y la agroecología. Acá, Argentina sigue apostando al modelo agroindustrial como una profundización de este modelo y en ese aspecto también estaríamos violando el acuerdo de París porque no estamos tomando medidas internas para disminuir esas emisiones de las que ya tenemos datos, porque ya hemos hecho los inventarios. Con el RIGI estamos yendo totalmente en contra del compromiso de disminuir esas emisiones. 

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