Martes 13 de mayo, alrededor de las 12 del mediodía, recibo mensaje de Whatsapp de una fuente, en medio de una protesta callejera, en plena zona céntrica de la capital cordobesa. El texto no fue escrito por alguien que está viviendo en esta provincia. Dice lo siguiente: “El fin de semana pasado, me puse a discutir con un compañero de acá, de una organización de base peronista. Me dijo, textual, que el próximo presidente es probable que sea cordobés”. Levanto la cabeza. Recuerdo que estamos en un corte de media calzada, frente a las oficinas del Ministerio provincial de Cooperativas y Mutuales de Córdoba. La Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur y la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos (CMCC) vienen denunciando la falta de envíos de fondos e incumplimientos con los programas de fomento que prometió la Provincia para sostener emprendimientos de esta naturaleza con la que mantendrían los puestos de trabajo. La situación de los medios de comunicación no se limita solamente a que el presidente denuncie o amenace a periodistas renombrados en el mercado.
Una semana “enquilombada”
Ha sido una semana caldeada en la principal ciudad de Córdoba, repleta de protestas. Un ejemplo más visual es la entrada de FAdeA, donde incluía una fogata. La fábrica militar de aviones de Córdoba, creada en el año 1927, tuvo una vigilia ejercida por el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos. El cese de tareas por 72 horas se debió a que parte del personal solo recibió la tercera parte de su salario. Tuvo que viajar desde Buenos Aires el presidente de la firma, Julio Manco, para resolver la situación. La provincia cuenta además con las fabricaciones de armamento militar de Río Tercero y Villa María, que se mantienen desorientados ante la diluida política desde Nación en materia de defensa.
A esto se le sumó un confuso episodio el miércoles pasado, más cercano al centro de la capital. En medio de una protesta del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Policía llevó detenido a uno de los trabajadores-manifestantes. En un comunicado de la CGT Córdoba se repudió el “accionar policial”, mediante un “absurdo e imponente despliegue de efectivos y vehículos” y exigió “al Gobierno de la provincia el cese de inmediato de las acciones represivas”, que “solo pretenden cercenar derechos y provocar el temor y el miedo, para impedir los justos reclamos de quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas con salarios paupérrimos y en condiciones laborales alejadas de la dignidad”.
Mientras el jueves a la mañana se realizaba una conferencia de prensa para denunciar ese accionar policial, uno de los sindicatos más fuertes, el de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), logró concretar una docena y media de cortes simultáneos en distintos puntos de la capital. Sobre ese conflicto, el intendente Daniel Passerini acotó lo siguiente en un canal de stream: “No sé manejar una motosierra. Soy médico y soy de manejar un bisturí». Se refería a lo ocurrido hace dos semanas, donde llevó a cabo un intempestivo cambio de gabinete, que implicó la desaparición de casi la tercera parte de las secretarías que conformaban su gobierno, afectando principalmente el área de Ambiente, como ya había anticipado Zoom. Mientras tanto, los volantes que repartían los municipales tenían el siguiente remate: “¡Quilombazo!”.
Pero no solo la Provincia o el municipio capitalino recibían sus reprimendas. El viernes pasado, frente a los Tribunales I de la ciudad, el gremio de los empleados judiciales realizó un paro con movilización en el que exigió la recomposición salarial al Tribunal Superior de Justicia. Dicho sindicato había tenido presiones por parte de los “autoconvocados”, con notoria capacidad de convocatoria.
Lo público
Como podemos ver en este mapeo, sobre hechos ocurridos solamente en la capital cordobesa y en la semana saliente, hay un peso de protestas de parte de quienes ejercen el empleo público, sea nacionales (como la industria militar e incluso la que ejercen los docentes universitarios) o locales. De hecho: bastaba con recorrer las entradas de distintos establecimientos públicos para contemplar afiches pegados, donde el personal reclamaba mejores condiciones salariales.
A esto se le suma la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC). La entidad empresarial donde trabajó el emblemático sindicalista Agustín Tosco pasó de ser una sociedad del Estado a una sociedad anónima simplificada (SAS), mediante una firma del gobernador sobre un decreto. Desde el gremio Luz y Fuerza, temen que esto sea el inicio de su privatización y que toca una fibra sensible para el sector organizado.
Por otra parte, también expone una realidad donde los gremios de peso no son los que tienen más presencia, algo acorde a lo que ocurre el resto del país. Pero incluso, desde las oficinas de la provincia insisten en que Córdoba tiene una de las tasas de empleo público más bajo de la Argentina, a pesar de que ese dato lo encabezan principalmente las provincias pampeanas bendecidos por los altos rindes agrícolas.
Desiguales
Según el último informe del Observatorio de Trabajo y Sociedad (OTES), la recaudación impositiva de la provincia cordobesa, donde se recurre para pagarle a quienes protestan, en febrero tuvo un incremento interanual del 13,3%, alcanzando valores de 2018, previo a la recesión económica. La clave serían los impuestos inmobiliarios (+38,5%) y de automotor (+58%), donde sectores de la oposición habían denunciado la existencia de un “impuestazo”. Desde marzo de 2024, hasta el mes equivalente de este año, las patentes de autos crecieron un 87% a nivel nacional, pero en Córdoba fue del 117%, según números del Registro Nacional de Propiedad de Automotor. En cuanto a la inversión por valor agregado a la soja, fue del 11% nacional, pero 50% cordobés.
Sin embargo, en esa recaudación hubo una caída del 4,1% en ingresos brutos “y lleva 8 meses consecutivos con caídas interanuales que promedian el 3,2%. Esto da cuenta que la actividad económica aún no ha reactivado”. Para OTES, la “recuperación industrial alcanzó su techo en noviembre y, desde entonces, muestra una caída sostenida”. Las posibles causas sean la baja de consumo. En base a datos de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) y CAME, el país tuvo una variación de las ventas minoristas entre marzo de 2024 y marzo del 2025 de un +10,5% en el país, siendo la realidad en Córdoba distinta: -7,4% (baja). Con los números actualizados en abril, el país desaceleró su crecimiento en un +3,7% (CAME), mientras que en Córdoba fue del -6,9% (FEDECOM).
No criminalizar
A fines de abril, la Cámara de Acusaciones de Córdoba puso un freno al intento por llevar un juicio penal contra seis dirigentes cordobeses por realizar un piquete (o “quilombazo”) en el centro de la ciudad en 2023. El fiscal Ernesto de Aragón, que había ordenado una represión contra un cacerolazo en diciembre de ese año (fue el primer desalojo policial en la era Milei), recurrió al polémico artículo 194 del Código Penal, que penaliza a quien entorpeciera “el normal funcionamiento de los transportes”. La mencionada sentencia, que accedió Zoom, dice que la movilización “solo provocó molestias, inconvenientes, o demoras que resultaron tolerables por el resto de la ciudadanía. En tal sentido, la afectación fue por un tiempo acotado y concentrada en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad, pero con una extensión no mayor a las 7 cuadras según los policías intervinientes”.
Con este antecedente judicial, habrá que ver si habrá quilombos para rato.
