En el mes de noviembre, Mario Lugones, ministro de Salud, organizó una jornada de intercambio sobre el abordaje de la salud mental. Allí, Alejandro Alberto Vilches —entonces secretario de Acceso y Equidad en la Salud y quien en la reestructuración del Ministerio pasó a presidir la Secretaría de Gestión Sanitaria— hizo mención a la Ley Nacional de Salud Mental 26657: “en ese momento [año 2010] parecía una mejora sustancial, una norma que realmente mejoró lo que teníamos, pero que hoy criticamos porque genera complicaciones en la asistencia”.[1] Pero ¿en cuál sistema las generaría? En aquel al que no le interesa garantizar el acceso a la salud, al trabajo y a la educación pública y de calidad. Un sistema que busque la desregulación del Estado.
Con esa afirmación propone que es la ley misma, su existencia, la que produce las complicaciones, por ello no menciona cuáles son las que genera. Interpretado así, el Dr. Vilches produce un ataque encubierto a la Ley Nacional de Salud Mental y pasa por alto que las posibles dificultades en la asistencia pueden deberse a la falta de inversión en recursos materiales y humanos capacitados, en programas integrales, en infraestructura y en todos los elementos que garanticen el acceso a una salud pública de calidad. Y lo más peligroso de todo esto es que los efectores del sistema de salud replican la idea, sobre todo aquellos que asocian a las personas que padecen alguna problemática de salud mental al peligro.
Familiares de pacientes también critican la ley. Figuras como la hermana de Felipe Pettinato y la madre del cantante Chano, frecuentemente escuchadas en los medios, piden modificarla. Argumentan que no responde a las problemáticas actuales o está desactualizada. Sin embargo, cabe preguntar: ¿Se aplica realmente la Ley Nacional de Salud Mental como para evaluarla? ¿O es su falta de aplicación lo que genera una sensación de ineficacia?
Son varios los hechos recientes que reflejan las tensiones en torno a la salud mental. Solo por mencionar los de mayor repercusión en redes y medios:
- En octubre, se expresó preocupación por el posible cierre del Hospital Bonaparte.
- El decreto 950/24 puso a la venta el inmueble donde funciona el Centro de Salud Mental Nº 1 en Núñez.
- El presupuesto 2025, presentado el 15 de septiembre en Cámara de Diputados por el presidente Javier Milei y no por el ministro de Economía, mencionado por el mandatario en su X como “el hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina”, muestra aparentes aumentos en términos nominales, pero no en términos reales y también deja en claro las nuevas formas de hacer que la libertad avance: manejando los fondos públicos sin discutir ni votar este documento en las Cámaras.
El 10 de noviembre, el presidente Milei declaró que para “sacar al país de la miseria” sería necesario atravesar un “impasse de dolor”. Este planteo refuerza dos enunciados cuestionables. Primero, que su gobierno “acaba con la casta”, cuando está rodeado de ella. Segundo, que el sacrificio es inevitable y colectivo, una contradicción con su promesa de libertad individual. En salud, y particularmente en salud mental, este marco discursivo pone en riesgo los derechos conquistados. Al enunciar que “donde antes padecía la opresión del Estado, ahora reina la libertad”, no necesita convencer; su estrategia ha sido interpretar y amplificar ideas preexistentes, como la corrupción de la clase política. Pero su solución no es eliminar la corrupción, sino desmantelar el Estado como garante de derechos, lo que impacta directamente en la salud pública, debilitando sistemas ya frágiles.
Mientras tanto, en Tucumán, el gobierno provincial y los gremios de la salud acordaron un incremento salarial del 6% retroactivo a noviembre, acompañado de una suma fija de $140.000. Este aumento establece un salario mínimo de $200.000 para agentes estatales. Sin embargo, en un contexto de alta inflación y depreciación del poder adquisitivo, la medida genera opiniones divididas. Andrés Jaime, representante de ATEPYSS, reconoció que “se trata de un aumento que para muchos puede ser insuficiente, pero en la situación compleja que vive el país no es menor”.[2]
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó en una entrevista que «va a ser un año en donde no van a sobrar los recursos». Sus declaraciones reflejan un panorama económico ajustado, donde los incrementos salariales intentan equilibrar las necesidades urgentes de los trabajadores con las limitaciones presupuestarias de la provincia. En este escenario, el sector salud continúa enfrentando desafíos estructurales, como la falta de insumos, la sobrecarga de tareas y la migración de profesionales hacia el ámbito privado o fuera del país, lo que pone en tensión la sostenibilidad del sistema público.
En un contexto nacional donde las tensiones económicas y sociales se evidencian aún más, introducir nuevamente el debate sobre las normativas vigentes en salud mental no es casual. Los ataques hacia la ley 26657 y las políticas de desfinanciamiento estatal enmascaran un giro ideológico que busca reformular el sistema de salud, desmantelando lo público y trasladando la regulación de las relaciones sociales al mercado. Este cambio progresivo pretende instaurar un modelo donde la salud, como la educación, quede librada a las lógicas del sistema privado cuando ambas son pilares fundamentales.
La idea de que lo público es inherentemente corrupto, y por ello debe ser reducido al mínimo, no solo es simplista, sino que desvía la atención de una problemática más profunda: las instituciones, públicas y privadas, requieren cambios estructurales para garantizar su buen funcionamiento. Evaluar solo el ámbito público es una decisión que invisibiliza las fallas del ámbito privado, logrando su hegemonía en la regulación de las relaciones sociales, y consolida un discurso que deslegitima al Estado como garante de derechos.
Milei ha justificado este giro con frases como: “Los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, y los hombres fuertes crean buenos tiempos”. Sin embargo, esta lógica invisibiliza las desigualdades estructurales que perpetúan las crisis. La Ley Nacional de Salud Mental 26657 es más que una normativa: representa un modelo de atención integral y humanizado. Su efectividad depende de voluntad política, financiamiento adecuado y formación profesional. Culpabilizar a la ley por las falencias del sistema es desviar la atención de las responsabilidades estatales. En este contexto de ajustes y discursos de desregulación, es importante saber que cuando el león ruge, no es para liberar la sabana, sino para imponer su dominio; un rugido que busca justificar la retirada del Estado y dejarnos expuestos ante la lógica del mercado.
[1] Fuente de la cita: https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-organizo-una-jornada-de-intercambio-sobre-el-abordaje-de-la-salud-mental
[2] Fuente:
