La inminente reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, cuyos convencionales se elegirán por el voto popular el próximo 13 de abril, se gestó el domingo 10 de septiembre de 2023. En esa jornada, el electorado santafesino ungió gobernador a Maximiliano Pullaro con porcentajes y cantidades de sufragios sin precedentes en comicios locales. Esa ola impulsó al victorioso frente Unidos a controlar con amplitud ambas cámaras legislativas. La modificación de la vieja Carta Magna, que data de 1962, quedó a tiro.
Ya en la Casa Gris, el “operativo reforma” de Pullaro comenzó a carretear. En público, el gobernador se desligó del tema porque él estaba ocupado 100% en la gestión, argumentaba. Nadie del mundo de la política le creyó, por supuesto, entre otros motivos porque sus operadores comenzaron tempranamente a trabajar sobre el asunto. Se insiste: desde la misma noche de festejo electoral en 2023, la posibilidad única de encarar un proceso de estas características, negado una y otra vez durante décadas, estuvo omnipresente.
Naturalmente, el nodo de la reforma constitucional es habilitar la reelección del gobernador, vedada hasta ahora por la Carta Magna de 1962. En esa cláusula residió el fracaso de los intentos anteriores de mandatarios de todo pelaje. Y fue ese punto el que originó abundantes roces internos en la coalición oficialista, especialmente en el socialismo pero también hacia el interior de la UCR. Es lógico: más de un dirigente o dirigente se imaginaba como sucesor de Pullaro en 2027.
Finalmente, y no sin notables esfuerzos, cesó el temporal en sordina que se desató dentro del frente Unidos por la movida reeleccionista. Ese ordenamiento de la alianza oficialista determinó que los números daban holgados en el Senado, mientras que en Diputados era necesario encarar negociaciones con los bloques opositores, o al menos con algunos fragmentos de ellos.
Luego de tironeos de todo tipo, en incluso denuncias de compra de votos vociferadas por la siempre estridente Amalia Granata, el oficialismo santafesino alcanzó la cifra mágica de los 2/3 en la Cámara Baja. Todas las bancadas opositoras sufrieron divisiones intestinas:
-En el Frente Amplio de la Soberanía, de centroizquierda, votó en contra su presidente de bloque, Carlos del Frade, mientras que sus dos compañeros de bancada se manifestaron a favor.
-En Somos Vida, el bloque de Amalia Granata, hubo dos disidencias a la decisión partidaria de oponerse a la reforma constitucional y, en consecuencia, ambos diputados fueron expulsados de la bancada. La jefa del segmento estuvo ausente en la sesión por un viaje a Europa que incluyó audiencia con el Papa Francisco, lo cual desató una durísima polémica en registro panelista con la senadora nacional Carolina Losada, quien sorpresivamente pasó por la Legislatura el día de la votación.
-En el interbloque peronista hubo votación dividida. La bancada Hacemos Santa Fe, que se referencia en el hoy diputado Omar Perotti, votó a favor con la excepción del ex ministro de Economía Walter Agosto, que se manifestó en contra. También hubo oposición a la reforma, con intensos matices, por parte de Lucila de Ponti (Movimiento Evita), Verónica Baró Graff (Frente Renovador), Miguel Rabbia (del sector del senador nacional Marcelo Lewandowski) y Alejandra Rodenas (referenciada en los senadores justicialistas liderados por el polémico Armando Traferri).
Mil pedazos
Con la ley de necesidad de reforma constitucional ya aprobada, queda por delante un escaso tiempo para ordenar la oferta electoral. Ya se dijo: la elección de convencionales constituyentes será el 13 de abril, con la evidente intención de despegar lo más posible los comicios locales de la disputa nacional y una eventual ola libertaria. En consecuencia, el cierre de listas ocurrirá el 7 de febrero, en apenas dos meses.
Se supone que el oficialismo debería ordenarse más fácilmente con un cabeza de lista indiscutible: el propio Pullaro. Amalia Granata liderará con seguridad alguna nómina, se verá si en alianza con el mileísmo o por las suyas. La centroizquierda tiene una referencia de potencialidad indiscutible para un electorado que, si bien es minoritario, siempre dice presente: Carlos Del Frade.
El mayor problema parecería estar instalado en el peronismo. Y no por la votación de la reforma, que en todo caso es un síntoma de una crisis de fragmentación que lleva décadas, sólo interrumpida por el esquema de unidad que llevó a Perotti a la gobernación en 2019, cuya duración no excedió a un suspiro.
Volaron las acusaciones contra el rafaelino por haber acordado con Pullaro la modificación constitucional, pero lo cierto es que los pactos sectoriales vienen siendo una práctica constante por años, especialmente en los años del Frente Progresista, hoy corregido y ampliado en su versión Unidos. El caso de los senadores peronistas es paradigmático al respecto, hasta con algunos ejemplos de antología: en 2019, decidieron con sus colegas socialistas y radicales imponerle el primer presupuesto al gobierno entrante de Omar Perotti, enojados por un presunto acuerdo incumplido para quedarse con los sensibilísimos ministerios de Seguridad y Justicia.
En realidad, el drama de los senadores es que dejaron de ser necesarios, tras los resultados electorales de 2023. El exacto opuesto de esa realidad es el bloque perottista en Diputados. Y allí reside la explicación de fondo de la polémica.
Las vertientes pankirchneristas que se manifestaron en contra quedaron fuera de juego al perder toda representación parlamentaria provincial. Sin embargo, dos figuras relevantes recién idas del rossismo, Leandro Busatto y Roberto Sukerman, opinaron favorablemente sobre la reforma. Otro tanto hicieron los intendentes del PJ, quienes tienen interés de escaso a nulo de pelearse con un Pullaro que amenaza con quedarse 8 años en la Casa Gris.
Así las cosas, el peronismo corre serio riesgo de balcanizarse por completo, un escenario cuya traducción electoral en 2025 sean mil pedazos separados con una potencia electoral reducida al mínimo. El enero santafesino, que ya de por sí es un infierno, promete arder como nunca.
