Hace unos días el gobierno nacional anunció su decisión de poner a la venta inmuebles fiscales. En la provincia de Santa Fe, se mencionan predios en la capital provincial, Rosario, San Cristóbal, Los Nogales, San Lorenzo y Cañada de Gómez, sumando más de 170 hectáreas.
La enajenación de inmuebles del Estado Nacional
El Decreto 950/2024, publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre, no abunda en explicaciones, sino que plantea su decisión en virtud de “eficientizar el rol del Estado”, considerando a dichos inmuebles innecesarios para la gestión, o que, debido a su carácter ocioso, resultan objeto de costos y gastos “que deben evitarse”, considerando además que contribuye a “superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”. El anexo descriptivo reúne a más de 300 inmuebles de diverso origen (ferroviario, portuario, defensa, productivos, etc.) ubicados en todo el territorio nacional.
El 28 de octubre, se presentó un proyecto de Ley elaborado por Germán Martínez, Paula Penacca, Cecilia Moreau y otrxs Diputadxs, destinado a la derogación del Decreto, donde expresan su preocupación por la ausencia de fundamentos para la enajenación, transferencia o disposición de cada uno de los inmuebles. También recuerdan al Ejecutivo las atribuciones del Congreso respecto de la discusión presupuestaria, así como a la disposición del “patrimonio del Estado presente y futuro que involucra la medida”.
Los inmuebles santafesinos
En la Provincia de Santa Fe, los inmuebles afectados a la norma son predios ferroviarios -desde cuadros de estación a playas de maniobras o grandes extensiones desafectadas de su uso original-, de uso por parte de las fuerzas armadas o también predios periurbanos o rurales, entre otros.
En el anexo del Decreto, se evidencian 201 parcelas correspondientes a la traza de la ex circunvalación norte de la ciudad de Santa Fe; así como siete predios ferroviarios: cuatro ubicados en Rosario, en la emblemática zona de Puerto Norte, dos en Cañada de Gómez y uno en Los Nogales. También involucra a una amplia chacra en el norte provincial, en San Cristóbal y 5 inmuebles correspondientes a la Base de Apoyo Logístico de San Lorenzo, ubicada en jurisdicción de Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Por otra parte, y por fuera del anexo normativo, se publicó en la web de AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) un listado de “subastas futuras” de distintos inmuebles que incorpora también una de las parcelas de suelo más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe (que forma parte de la Estación Belgrano) y en Rosario, el propio inmueble donde funciona una sede del actual Ministerio de Desarrollo Social provincial.
En el caso de la capital santafesina, el intendente outsider Juan Pablo Poletti, que llegó de la mano de una alianza de macristas y radicales, planteó su beneplácito por la venta de los terrenos de la Estación Belgrano, hecho que se condice con la normativa urbana prevista para el sector, que posibilita la implantación de una zona residencial de alta densidad (R1) bajo una idea de ciudad definida desde gestiones anteriores. Sin embargo, también expresó su sorpresa por la incorporación de los espacios de la ex traza de la circunvalación norte, sobre todo considerando que la normativa urbana lo reconoce como espacios verdes públicos (EV1), lo que condicionaría cualquier intervención privada en el área.
Por su parte, en Rosario, se promueve la venta de terrenos linderos a Puerto Norte, sitio que consolidó una fuerte dinámica urbana en las últimas décadas, debido a intervenciones de alto standard y fuerte valorización del suelo urbano. El emblema o expresión de negocios inmobiliarios, encontraría en esta venta propiciada por el gobierno nacional una segunda etapa de expansión. Se trata de un territorio complejo, en el marco de demandas muy fuertes que en materia habitacional posee la ciudad, con la presencia de actividades de distinto tipo y que incluyen que la delimitación en las proximidades del polígono ReNaBaP 1755 (Refinería) vuelven al sitio un espacio de disputa y discusión, que sin dudas Rosario merece darse en profundidad.
En un caso casi extremo, por escala y dinámica urbana, se ubica Los Nogales, una localidad de 152 habitantes ubicada en el sur provincial, en el Departamento Caseros. La venta del cuadro completo de su estación ferroviaria (del ex Ferrocarril Oeste Santafesino, actualmente sin uso y afectado a la concesión del FFCC Mitre) implica un impacto significativo, afectando una superficie equiparable a casi la mitad de su planta urbana.
Por su parte, la venta de la Base de Apoyo Logístico San Lorenzo (o Batallón de Arsenales 603) es otra de las propuestas que generan cuanto menos, incertidumbre. El histórico rol del predio, ligado al uso del Ejército Argentino, se modificará a partir de la venta de las más de 25 hectáreas que se ubican en la costa del Paraná y con plena accesibilidad urbana.
Cada una de estas “subastas futuras” plantean la disyuntiva de insertarse en estructuras locales, cuyas comunidades, también visualizaron y proyectaron escenarios futuros en esos mismos predios de alta potencialidad y valoración. Estas “joyas de la abuela” son espacios de proyecto y de construcción de futuro en cada pueblo o ciudad. Pero también son espacios normados y regulados localmente, porque son los municipios y comunas quienes resuelven las instancias de planificación y usos de suelos en sus jurisdicciones. Queda por evidenciar la capacidad de incidencia de las estructuras políticas locales para el control y regulación de las “decisiones de mercado” así como verificar las distancias o aproximaciones de los nuevos usos, respecto de aquellos proyectos deseados por cada comunidad.
¿La tierra para qué y para quién?
La demanda de tierra urbana como expresión de necesidades ciudadanas, vinculadas a cuestiones habitacionales, pero también a otros usos: espacios públicos, deportivos, recreativos, productivos, etc. es una constante en nuestras ciudades. El alto valor del suelo, hace que Municipios y Comunas recurran al Estado Nacional con el objetivo de gestionar predios que les permitan resolver demandas básicas de sus localidades.
Cuando en 2012 se crea AABE, que pone a disposición tierras del Estado Nacional para el desarrollo urbanístico y habitacional, se produce un importante cambio de paradigma en materia del uso de los recursos fiscales para la construcción de ciudad. Esta política pone de manifiesto el “valor social de los bienes del Estado” poniendo al suelo urbano al alcance de la población, reconociéndolo como recurso público de carácter estratégico.
Políticas y acciones “con la gente adentro” decíamos por entonces y unos años después, ONU plantea “no dejar a nadie atrás”. Dimensionar este planteo en clave de reducción de desigualdades y construcción de ciudades sustentables, implica reconocer el valor central que tiene el acceso y la disponibilidad de suelo urbano.
La presencia de un Estado que desarrolle políticas activas en materia de regulación e suelo, con una lógica redistributiva, es decir, recuperando plusvalías, generando bancos de tierra, impulsando impuestos prediales redistributivos, entre otros aspectos, permite modificar el histórico rol que tiene el mercado en la construcción de la ciudad (y en la reproducción de la desigualdad).
El decreto presidencial de “enajenación de inmuebles nacionales” pareciera ir en sentido contrario: el objetivo es poner esa tierra a disposición del mercado y la inversión privada. Sin embargo, la ecuación ya es conocida: cuando predomina la lógica de mercado en la definición del acceso al suelo y a la ciudad, se profundiza la inequidad territorial y la desigualdad, dando como resultado la construcción de una “ciudad para pocos”.
La tierra es una herramienta de derechos, es un recurso para la justicia social, es un plusvalor histórica y socialmente construido por una comunidad (el Estado). Su rol es central para definir ciudades que nos incluyan a todos, que permitan promover futuros sostenibles e inclusivos, y que reduzcan las desigualdades urbanas. Es siempre oportunidad y evidencia de una construcción política de ese territorio.
Todo lo demás, es solo facilitar al mercado la generación de negocios a bajo costo, para que quienes ganen, sean esos “pocos” que son los que ganan siempre.
