Tomas de facultades, rectorados y clases públicas fueron creciendo en todo el país desde la confirmación en Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. El movimiento estudiantil venía demostrando su capacidad de movilización desde la masiva marcha del 23 de abril en defensa de la universidad pública pero el despliegue de protestas fue creciendo desde el 9 de octubre replicando el reclamo por un presupuesto acorde para mantener las instituciones abiertas y pagar mejores salarios a docentes y no docentes, quienes acumulan una pérdida del poder adquisitivo cercano al 60%.
Si bien el ajuste a las instituciones de educación superior viene siendo enfrentado por la comunidad universitaria en su conjunto, autoridades y sindicatos, los y las estudiantes cobraron mayor protagonismo después de este veto a una ley que buscaba actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión y permitía la recomposición salarial.
¿Qué opinan quienes ponen el cuerpo para protestar contra un ajuste que viene acompañado de cuestionamientos y estigmatizaciones a todos los que asisten a las universidades públicas? Sofia Reynoso es técnica en comunicación pública y política de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y estudiante de la licenciatura en comunicación de esa facultad, una de las más de 40 que permanece tomada. En diálogo con Zoom, con pocas horas de sueño encima y una agenda intensa, dice que el desafío es “canalizar la bronca desde una forma política organizada”. “Estamos viendo que hay muchos autoconvocados e independientes en las asambleas. Es el reflejo de un proceso de despolitización y descreimiento de la política que se viene dando desde la aparición y ascenso político de Milei”, asevera la joven de 22 años instalada en La Plata para estudiar y oriunda de Tandil.
Para la también militante de la agrupación La Mella, la corriente universitaria de Patria Grande, y representante de la primera generación universitaria en su familia, “la organización política es crucial” porque define este ajuste no solo como “un ataque a las universidades sino también al Estado nacional con desfinanciamiento y vaciamiento de las políticas públicas”.
En lo que va de 2024, sobre todo en este segundo cuatrimestre, la joven advierte un nivel alto de deserción: “La gran mayoría tiene que dejar de estudiar para sostener a sus familias”.
Al igual que Reynoso, Camila Pareja, de 23 años y estudiante de ciencias antropológicas en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), también está preocupada por la deserción estudiantil pero también reconoce que, si bien “prima la incertidumbre, la bronca, eso también se traduce en construir comunidad y un nuevo sentido de ‘comunidad UNRN’”.
Nacida en El Bolsón y residente en Bariloche desde hace tres años para poder estudiar, Pareja dice que “la universidad está siendo recortada en varios ámbitos” y ejemplifica con “el área de deportes o el acceso a becas que ya no existen este año”. En este contexto, señala que “el objetivo apuntar a la unidad y hacer un seguimiento de los estudiantes”, ya que el ataque al funcionamiento de la universidad “genera mucha incertidumbre respecto a si va a haber continuidad o no. Hay temor a que se cierren carreras”.
Isabel González Puente también tiene 23 años y nació en Bariloche, la ciudad en la que estudia Pareja. En su caso, la decisión fue viajar a Buenos Aires para estudiar ciencias de la educación en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acá además milita en La Mella, como Reynoso, y desde hace semanas es presidenta del centro de estudiantes.
“Venimos de muchos meses de movilizaciones y ante la negativa del gobierno de escuchar estos reclamos hubo una necesidad de parte de los estudiantes de tomar medidas más contundentes”, sostiene sobre el crecimiento de las tomas y formas de visibilización del conflicto por parte del movimiento estudiantil.
Para la estudiante, que eligió Educación porque le interesan especialmente las políticas públicas y el sistema educativo argentino, “los mismos números que el gobierno muestra dejan en evidencia de que la universidad pública garantiza que muchas personas puedan ser la primera generación universitaria de sus familias, que puedan pensar otros proyectos de vida alternativos a los que pudieron acceder sus viejos. También son espacios que nos permiten formar profesionales al servicio de las necesidades que tiene nuestro país”.
En ese sentido, un informe de Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Hurlingham marca que el 75% del aumento de la matrícula universitaria en el Conurbano, la región del país con mayor crecimiento, se dio entre 2010 y 2022 en el marco de la creación de nuevas Universidades Nacionales (18 en el país, 8 de las cuales se ubican en el conurbano) a partir del 2007.
El mismo informe marca que la proporción de jóvenes universitarios entre 18 y 24 años que pertenecen a los sectores de menores ingresos socioeconómicos del país se triplicó en los últimos 30 años, impulsado fundamentalmente por la creación de nuevas universidades en el Conurbano bonaerense.
Valentina Cruz, de 22 años, estudiante de economía y administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y presidenta del centro de estudiantes, es la segunda generación universitaria de su familia, el primero fue su papá, quien trabajando y con una familia a cargo, pudo empezar la carrera de ingeniería electromecánica cuando esta institución se inauguró en Florencio Varela.
“Cuando estaba en el secundario empecé a cursar materias de UBA XXI –el programa de educación a distancia— para hacer la carrera de contabilidad pero cuando terminé la secundaria, por una cuestión de tiempo de viaje y de distancia, decidí anotarme en la UNAJ, fue una de las mejores decisiones que tomé porque es una universidad con mucha cercanía, que te permite tener cercanía con la comunidad en general. Es un lugar con atención a tus demandas y necesidades”, relata Cruz que indica que vive a 20 cuadras de la institución.
Para la también militante de Unidos por UNDAV, “el conflicto surge porque al gobierno no le interesa financiar ni la educación ni las universidades, consideran que son un obstáculo, que son un gasto y eso es un error. Además es un conflicto lleno de Fake news donde se difunde información falsa y se busca desprestigiar a las instituciones, docentes, no docentes, autoridades. Buscan que la comunidad tenga una imagen negativa de las universidades con información que es totalmente falsa”.
¿Hay un punto de quiebre en este conflicto que viene mostrando una forma de resistencia desde la marcha en defensa de la universidad pública realizada en abril? Las estudiantes coindicen en que hubo cambio en la participación de sus pares con mayor fuerza que se empezó a evidenciar después de esa movilización en distintos puntos del país y congregó a más de un millón de personas en las calles.
“Hubo un punto de quiebre en la primera marcha nacional universitaria. Nos dimos cuenta que la universidad estaba en riesgo, que las condiciones edilicias y financieras estaban complicadas y, a partir de esa marcha, un montón de compañeros y compañeras que no venían saliendo a la calle, se vieron interpelados y empezaron a movilizarse”, reflexiona Reynoso.
Para la técnica en comunicación, los estudiantes se sienten convocados y son “una línea de límite para los gobiernos neoliberales”. “La educación pública y la defensa de los derechos humanos son los dos grandes bastiones que nos quedan a los sectores populares y se demuestra con hechos en las marchas. Cuando (Mauricio) Macri quiso avanzar sobre la educación pública en 2017 y 2018, y después con la flexibilización para la libertad de los genocidas, en los dos casos, hubo límites muy claros”, rememora.
González Puente hace una lectura parecida: “En estos días se vio que el gobierno está encontrando un techo en su capacidad de atacar a las universidades, el mismo Milei dijo que la universidad entorpece el ascenso social y días después tuvo que retractarse diciendo que él no pensaba arancelar la universidad, eso es por el repudio y el rechazo que generan esos dichos en toda la sociedad argentina”.
En términos de lo que puede suceder y cómo puede escalar el conflicto, Cruz espera que “el gobierno de un giro en su política de educación, que hable con la verdad. Es importante que los estudiantes y la comunidad universitaria en general podamos trabajar unidos para defender las casas de estudios que nos están formando y que nos brindan la posibilidad el día de mañana de tener una profesión”.
Pareja sostiene que este proceso de asambleas, clases públicas y movilizaciones, “puede ser un momento de quiebre” pero considera que “viene para largo, no es algo que vaya a revertirse y cambiar en el corto plazo. Ojalá que estas movidas hagan reaccionar para que haya algo que cambie. El objetivo es no dejar que no se caigan espacios que construyen proyectos de mundo. Es muy importante no perder eso porque perder eso es hacerle el juego al gobierno”.
