El escenario económico actual tiene dos problemáticas primordiales: inflación y reservas. La primera, a pesar de que se puede apreciar una leve desaceleración en las últimas semanas, continúa en niveles altos y las proyecciones para el cierre del año se acercan al 100% interanual. En el segundo caso, el bajo nivel de reservas internacionales con las que cuenta el Banco Central, preocupa. Sobre todo, entendiendo que las mismas se necesitan no solo para cumplir con los organismos internacionales (FMI como principal acreedor), sino también para poder “atajar” desajustes en el mercado cambiario local a la hora de defender el peso. El margen de maniobra en el corto plazo es estrecho y aparentemente la escasez de dólares es lo que guía los últimos anuncios…
¿Cuál es el plan?
Es evidente que hay una ausencia de un plan antiinflacionario concreto. Sin embargo, el eje central de los últimos anuncios del Ministerio de Economía continúa la línea de bajar el déficit fiscal y engrosar las reservas.
En virtud de cumplir con el principio del “ordenamiento fiscal” propuesto como prioridad desde la asunción de Batakis y continuado por Massa, el veinticinco de agosto se dictó la Decisión Administrativa 826/22. En ella, se expuso una reducción del gasto público de 210.000 millones de pesos en seis ministerios. En principio, este número se conforma por una reducción de 70.000 millones en Desarrollo Productivo, 50.000 millones en Desarrollo Territorial, Hábitat y Planificación (Procrear), 50.000 millones en Educación (Conectar Igualdad), 20.000 millones en Obras Públicas y Recursos Hídricos, 10.000 en Transporte, Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo y 10.000 millones en Salud (Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles). Sin embargo, se reasignaron unos 82.000 millones de pesos a “Otras asistencias financieras” (Asistencia en Servicios Económicos y Asistencia Social), con lo cual el recorte del gasto neto es de 128.000 millones de pesos. Según informó el Ministerio en el comunicado oficial se trata de partidas que estaban siendo “sub ejecutadas”. Pero en definitiva, no parece haber otro criterio relacionado a las demandas de esas partidas a la hora de seleccionar cuáles se recortan y cuáles no. Habría que pensar cuáles son los sectores que funcionan como generadores de las divisas que tanto se necesitan, como lo plasmó en 2019 el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en el Plan Hornero. En el caso del programa Procrear, se está recortando un sector que es gran generador de fuentes de trabajo (la construcción) y muy poco demandante de insumos importados. Estimular este sector, no congestiona el mercado de divisas, por el contrario, ayuda a relajar esa restricción.
Sumado a eso y en la misma línea, en septiembre comienza a regir la segmentación de tarifas. Con lo cual, los recortes de subsidios en luz, agua y gas también generarán un impacto extra en el nivel de precios. Impacto que se le suma a la inercia que ya se transita y tensiona el índice de inflación de septiembre (hay subas autorizadas en prepagas del 11,34% y en naftas del 8,5%).
En cuanto al fortalecimiento de las reservas (hoy rondan los 1.000 millones de dólares netos), finalizado agosto el “dólar soja” no tuvo el “éxito” esperado y no logro recabar todas las divisas que se pretendían. Se trataba de que los exportadores de soja accedan (hasta el 31 de agosto) a un depósito a la vista en las entidades financieras, del 70% de su venta de granos, con una retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio “Dólar Linked”. El 30% restante podían destinarlo a la compra del dólar solidario.
Tal es así, que el nuevo esquema para el sector agroexportador (solo complejo sojero) volvió a generar expectativas de mayores ingresos a las arcas del Estado. El comunicado de Massa estableció que este nuevo anuncio garantizaría un ingreso de 5.000 millones de dólares en septiembre. En este caso, la medida consiste en que el productor pueda vender la soja a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar, pero al comprar insumos, lo hace a un precio de 140 pesos. La pregunta inmediata es: ¿quién o cómo financia esos 60 pesos?. El Banco Central mediante la emisión monetaria es quién financia este “descalce”. Las LELIQs vuelven a tener un rol protagónico. Esta medida fue bastante mejor recibida que la anterior, a excepción de aquellos productores rurales que liquidaron toda la cosecha al principio de año y no tuvieron lugar en la especulación.
Con respecto a obtener fondos en el corto plazo de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se espera un ingreso cerca de los 800 millones de dólares para proyectos específicos (infraestructura y educación, por ejemplo). La semana siguiente, post reuniones con estos organismos (entre ellos el FMI), será más definitoria para concretar ingresos destinados a engrosar las magras reservas actuales.
A largo plazo no son todas pálidas…
En la agenda de Massa en Estados Unidos también está presente reuniones con inversores de hidrocarburos. No bien iniciaba septiembre se anunció la firma de un acuerdo entre YPF y la empresa malaya Petronas. Este acuerdo tiene como objetivo construir en Bahía Blanca una planta para industrializar el gas de la formación de Vaca Muerta. Hay que recordar que en Vaca Muerta se encuentra la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y que este proyecto podría significar un importante autoabastecimiento de energía para Argentina. La inversión inicial es de 10.000 millones de dólares y se estima que al finalizar el proyecto, se podrán producir unas 25 millones de toneladas de GNL (Gas natural licuado) por año. El proyecto no solo modificaría la matriz energética, sino que sería una importante fuente de empleo local y un gran generador de divisas. Hoy en día, Argentina importa cerca de 35 barcos de GNL por año. Cuando la planta logre su capacidad máxima de producción, se podrían exportar más de 460 barcos al año.
Aldana Montano,Tesista de la Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP – FCEyS). Integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
