La mayoría de los británicos votaron irse de la Unión Europea (UE) hace dos años y 9 meses. La primera ministra Theresa May asumió tres semanas después del referéndum y se propuso como prioridad hacer realidad ese mandato. A dos semanas de la fecha impuesta por ley para abandonar el bloque regional, el Reino Unido está sumido en una crisis política e institucional de la que no puede salir y depende de la buena voluntad de una UE que pivotea entre el pragmatismo y la necesidad de convertir a Londres en un ejemplo para desalentar a los nacionalismos en ascenso en el continente.
La debilidad de May quedó al desnudo esta semana y la premier se salvó apenas por dos votos de perder completamente las riendas de un proceso político que tiene en vilo no solo a los británicos, sino a los líderes de toda la UE.
Primero, la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento británico, rechazó por segunda vez el acuerdo que negoció con la UE para reglamentar cómo será la transición después del Brexit y la futura relación política, comercial e institucional entre Reino Unido y el bloque europeo. Desde mediados de 2017, el gobierno de May negoció el texto de este acuerdo con los líderes europeos y, a principio de este año, cuando finalmente lo sometió a voto en su país, sufrió una de las peores derrotas legislativas de la historia moderna del país.
Desde entonces, hizo malabares para sumar promesas de buena voluntad de la Comisión Europea (CE) -una suerte de poder ejecutivo de la UE- y hasta consiguió, a último momento, que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, firmara un documento de dudoso poder vinculante. La confusión legal se sumó a la incertidumbre política esta semana cuando el fiscal general del país, un conservador y aliado de May, Geoffrey Cox, concluyó que “los riesgos legales (del acuerdo original negociado entre May y la UE) siguen intactos”.
El punto del texto que divide a la base parlamentaria del gobierno de May es el futuro de la frontera entre Irlanda del Norte, una región con cierta autonomía del Reino Unido, y la República de Irlanda, un Estado miembro de la UE.
En 1998, las tres partes -Londres, Belfast y Dublín- firmaron los llamados Acuerdos de Viernes Santo para poner fin a décadas de sangriento conflicto y establecieron, entre otras cuestiones, la desmilitarización de la frontera en la isla. Aunque el acuerdo no lo especificó, en el contexto de la creciente liberalización de fronteras de la UE, esto significó la gradual implementación de una “frontera blanda”, es decir, la circulación fluida y casi sin restricciones de personas, bienes y servicios.
El Reino Unido es parte -por ahora- de la UE y de su libre circulación de bienes y servicios, pero no del acuerdo de Schengen, que establece la libre circulación de personas. Los impulsores del Brexit convencieron a millones de británicos de que los costos de estar dentro del bloque económico europeo eran mayores que los beneficios y prometieron que, una vez afuera, el país podría crecer al calor de múltiples acuerdos bilaterales con todo el mundo.
El problema es que cuando May negoció las reglas del divorcio con sus vecinos europeos, la UE le puso un límite no negociable: no levantar otra vez una “frontera dura” con controles en la isla irlandesa, en parte por miedo a reactivar el conflicto.
Entonces, aceptó incluir una garantía dentro del acuerdo: si al terminar el período de transición a finales de 2020 ambas partes no llegan a un acuerdo sobre cómo funcionará esa frontera, se activará una salvaguarda que establece un territorio aduanero único entre la UE e Irlanda del Norte, que sólo puede ser eliminado de manera consensuada.
Bajo este sistema, Irlanda del Norte mantendría un vínculo aduanero y legal más profundo con la UE que el resto del Reino Unido, pero sería suficiente para que el Estado británico no pueda firmar ningún tratado comercial bilateral con terceros países que suponga reducir o eliminar tarifas aduaneras a bienes.
Y aquí es donde la bancada oficialista y la coalición de gobierno en el Parlamento -es decir, el Partido Conservador más el Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte- se quebraron y May comenzó a perder control y poder.
Si el gobierno de May, el mismo que en casi tres años no logró garantizar una salida ordenada de la UE, no llega a un acuerdo con sus vecinos sobre la frontera en la isla irlandesa, el país quedará atrapado en una unión aduanera parcial que no le permitirá firmar los tan prometidos acuerdos de libre comercio bilaterales.
Por un lado, el sector de los conservadores que encabezaron la campaña por el Brexit dejaron claro que prefieren salir de la UE sin acuerdo, sin reglas y sin ninguna certeza de cómo será la futura relación con sus ex socios, antes que seguir “sin soberanía comercial”.
Pero otro lado, otro sector del oficialismo se negó a abandonar la Unión Europea a cualquier costo. Según pronósticos del Banco de Inglaterra, un Brexit sin acuerdo provocaría una reducción de la economía equivalente al 8% del PBI y un aumento del 7,5% del desempleo en los primeros cuatro años, además de un aumento inusual de la inflación y un desabastecimiento de comida y medicamentos en el corto plazo, según advirtieron distintas cámaras empresariales del país.
Pese a este sombrío escenario y a solo dos semanas para el 29 de marzo, la fecha establecida por ley para salir de la UE, May volvió a ser derrotada en el Parlamento, primero su acuerdo para reglamentar la salida de la Unión Europea fue rechazado por una mayoría aplastante y luego, al día siguiente, la Cámara de los Comunes se negó, en una votación más ajustada, a cualquier tipo de Brexit sin acuerdo, hoy o en el futuro.
Esta segunda derrota desnudó como nunca la crisis política que vive el gobierno.
Pese a que May llamó a votar a favor de dejar abierta todas las opciones, varios ministros se abstuvieron y, al día siguiente, en vez de renunciar, se presentaron sonrientes a la reunión de gabinete.
Sin capacidad de disciplinar a sus filas, el gobierno dio libertad de voto para decidir, al otro día, sobre el último intento de May de rescatar el Brexit: pedir una prórroga a la UE para seguir negociando. El resultado de la interna conservadora fue brutal: 188 de los 317 diputados, es decir casi el 60% de la bancada, votaron en contra de la propuesta de la primera ministra, que solo fue aprobada por el apoyo de gran parte de la oposición.
En solo 48 horas, quedó demostrado que la base parlamentaria de May solo se une para garantizar que ella siga gobernando. Por ejemplo, el intento del Partido Laborista de pasar todo el control de las negociaciones del Brexit al Parlamento fracasó el jueves por solo dos votos. Pero, acto seguido, cuando la cámara tuvo que votar no en rechazo a una alternativa de la oposición, sino a una propuesta del gobierno, la unidad y la disciplina partidaria se derrumbaron.
El escenario político, al final de esta semana, era dramático en Reino Unido.
Legalmente, el país debe abandonar la UE el próximo 29 de marzo, pero la Cámara de los Comunes, que es la fuente de poder y legitimidad del gobierno, rechazó hacerlo sin un acuerdo previo con el bloque europeo. El problema es que el Parlamento lo rechazó en una moción no vinculante que no modifica la ley, pero sí presiona a May, una premier muy golpeada que muchos analistas no entienden cómo sobrevive aún en el cargo.
Sin un rumbo claro, la Cámara de los Comunes aprobó, además, pedirle una prórroga a la UE para extender el plazo del 29 de marzo y la decisión final la tomarán los jefes de Estado y gobierno de los países miembros del bloque en la cumbre europea del jueves y viernes de la semana que viene. Aunque el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya se mostró abierto a la idea, todo dependerá de si May logra de una vez por todas aprobar el próximo miércoles el acuerdo que negoció con la Unión Europea y que el Parlamento británico ya rechazó dos veces.
La incertidumbre es tal que la premier británica tuvo que proponer ante el Parlamento dos opciones de prórroga distinta: hasta el próximo 30 de junio, si el miércoles consigue aprobar su acuerdo de Brexit, o por un plazo más extenso, no definido, si vuelve a fracasar.
El único objetivo ahora es no llegar al 29 de marzo y no tener más opción que hacer exactamente lo que la mayoría de la Cámara de los Comunes le pidió no hacer: abandonar la UE sin un acuerdo. Más allá de eso, nada parece claro.
El triunfo del Brexit en las urnas hace casi tres años expuso el uso masivo y organizado de las llamadas fake news para influenciar una elección, la manipulación de los datos de los usuarios en las redes sociales con fines políticos y la fragilidad de la democracia en un país rico y con instituciones consolidadas y respetadas como Reino Unido. Pero lo que es aún más importante, desnudó la improvisación, las mentiras y los peligros que subyacen a las ideas y propuestas de las derechas y extremas derechas nacionalistas y xenófobas en ascenso en Europa y otras partes del mundo.
Londres hoy da vueltas en círculos sin rumbo político. El costo de una verdadera crisis económica es demasiado alto, incluso para la UE. Pero muchos líderes europeos tienen sus propios conflictos por el avance de fuerzas nacionalistas y xenófobas y quieren poner un límite. El equilibrio, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, se vuelve cada vez más imposible.
