Hace unos días, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior argentino, Adrián Pérez, deslizó que si Cambiemos gana las elecciones este año, el oficialismo va a reabrir la discusión sobre el voto electrónico, un proyecto que a finales de 2016 “lamentablemente no se pudo votar” en el Senado por el rechazo de la mayoría de la oposición. Pérez retomó la propuesta justo cuando en República Democrática del Congo (RDC), un país africano que utilizó un sistema de votación sospechosamente parecido al que quiso introducir el gobierno de Mauricio Macri, estallaba una crisis post electoral con protestas, represión, muertos, impugnaciones de todo tipo y cuestionamientos desde dentro y fuera del país.
RDC es un un país del centro de África con un territorio un poco más pequeño que el argentino, pero con casi el doble de población y uno de los PBI per cápita más bajos del continente. En 1960 se independizó de uno de los regímenes coloniales europeos más sangrientos y menos conocidos, el del reino de Bélgica; y apenas un año después sufrió el asesinato de uno de sus máximos líderes, lo que marcó el inicio de un ciclo de crisis, dictaduras, asesinatos políticos y represión. Las elecciones generales del 30 de diciembre pasado deben marcar el primer cambio de mando democrático en 58 años.
La historia política y realidad institucional de este país africano son muy diferentes a las de Argentina, pero los argumentos y las promesas con las que se introdujo el voto electrónico fueron muy similares: modernidad, transparencia, menores costos y celeridad.
Esa no es la única coincidencia.
A mediados de este año, la ONG estadounidense The Sentry, que investiga cómo empresas y ciudadanos de todo el mundo se benefician económicamente de situaciones que debilitan la paz y la democracia en África y permiten violaciones a los derechos humanos, retomó una investigación de uno de los referentes de la lucha contra el proyecto de voto electrónico del gobierno argentino, Javier Smaldone. Según Smaldone, la llamada boleta única electrónica que publicitaron las autoridades de RDC antes de las elecciones eran idénticas a las que había creado la empresa argentina MSA y se habían utilizado en votaciones locales en Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015.
La empresa que vendió las máquinas de votación a RDC en 2017 es la misma que tuvo conversaciones, tanto en Argentina como en Corea del Sur, con el entonces ministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra: la surcoreana Minu Systems.
“Analizamos los documentos de la empresa filtrados que consiguió The Sentry y descubrimos que los PDFs estaban hechos con imágenes sobre imágenes, es decir, que habían tapado imágenes de los PDFs originales. Al ver los originales (que tienen fecha de edición anterior a la venta a RDC), encontramos que las especificaciones de las máquinas estaban en castellano y coincidían perfectamente con lo que (el secretario de Infraestructura, Tecnología y País Digital) Raúl Martínez contó en la presentación del proyecto en el Senado que se iba a hacer”, explicó a Zoom Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.
“Martínez dijo que la pantalla iba a ser de 21,5 pulgadas. Una pantalla así no es un standard en el mercado, no existe como tal; salvo la que produjo Minu Systems y que se utilizó para estas elecciones en RDC”, ejemplificó la docente de la UBA y magister en Propiedad Intelectual.
“Además, -continuó- los nombres de los políticos utilizados para las pruebas pilotos, las que se usan para capacitar, eran todos nombres en castellano e incluían algunos como De La Sota, Stolbizer, Carrio, Massa, Del Caño, De Gennaro. Otro detalle llamativo era que había especificaciones que no tienen sentido para República Democrática del Congo como pedir que el votante ingrese su DNI”.
El proyecto de voto electrónico del gobierno argentino quedó sepultado en el Senado en noviembre de 2016. Pese a que hay una constancia oficial de las reuniones previas entre funcionarios de Cambiemos y la surcoreana Minu Systems, la firma recién en 2017 informó que había desarrollado una nueva tecnología electoral, que demostraron muchas de las características que había propuesto el gobierno de Macri. Hasta ese momento, la empresa surcoreana se había concentrado en sistemas compatibles con el modelo utilizado en su país: máquinas de identificación con boleta única de papel y máquinas para leer las boletas, imprimirlas y ordenarlas.
No sólo “no había antecedentes de este tipo de tecnología de votación en otro país” -como aclaró Busaniche-, sino que Minu Systems no le vendió su nuevo sistema al Estado surcoreano, su principal y casi único cliente hasta 2016. Por el contrario, lo exportó a RDC.
Seúl, como la mayoría de los países desarrollados en el mundo, utilizan tecnología para asistir en el proceso electoral -sistemas de identificación, impresión, selección, comunicación, etc-, pero no máquinas para emitir el voto. De hecho, países como Alemania, Holanda, Noruega, Irlanda, Reino Unido y Finlandia usaban el voto electrónico y lo fueron abandonando. Un giro similar se dio en muchos de los estados de Estados Unidos y hoy sólo una minoría lo mantiene.
Ajenos a esta experiencia, la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI por sus siglas en francés) de RDC decidió importar el sistema de votación electrónico de pantalla táctil de Minu Systems, un modelo nuevo sin estrenar, gracias a la intermediación de A-Web, una ONG dedicada a gestión electoral creada en Corea del Sur y financiada casi por completo por ese Estado asiático, según el diario The Korea Herald.
Sin embargo, no importaron los pedidos de la oposición, las alertas lanzadas por expertos en Argentina, la investigación que en Estados Unidos abrió la ONG The Sentry y provocó hasta un posicionamiento público de la entonces embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley -”Estas elecciones deben hacerse con boletas de papel así el pueblo congolense no tiene dudas sobre los resultados. Estados Unidos no tiene interés en apoyar el sistema de votación electrónico”- o, finalmente, las denuncias que estallaron en el Congreso surcoreano contra el director de A-Web y ex director electoral del país, Kim Jong-hi por tráfico de influencias.
El año pasado, miembros del Congreso en Seúl cuestionaron explícitamente a Kim por vender tecnología electoral a RDC a sabiendas que podía producir más inestabilidad y violencia en el país africano y denunciaron a las autoridades electorales de ese país asiático de asociarse con A-Web para vender tecnología electoral a Estados subdesarrollados, beneficiarios de programas de desarrollo bilaterales como Fiji, Ecuador, Kirguistán, Irak, El Salvador y RDC, entre otros.
Todas las advertencias y los temores que desató el cambio de sistema electoral en República Democrática del Congo finalmente se hicieron realidad.
Después de una postergación de último momento por un sospechoso incendio en el edificio donde se guardaban las máquinas de votación, las elecciones generales se realizaron el último domingo de 2018, el 30 de diciembre. El gobierno celebró el buen desarrollo de la jornada electoral, pese a que unos 1,2 millones de personas no pudieron votar y se postergaron los comicios en tres regiones por violencia y un rebrote del virus del Ébola. Además, el 14% de los centros de votación de la capital no funcionaron porque las máquinas se habían quemado en el incendio y se registraron numerosos problemas con la nueva tecnología en el resto del país.
Pero todo esto quedó relegado cuando la CENI se negó a informar gradualmente sobre el escrutinio de la elección presidencial y tardó 11 días en anunciar el resultado provisorio final.
Durante esa semana y media de incertidumbre, el gobierno bloqueó la señal de internet y de celulares por unos días, y cortó la transmisión de la reconocida emisora de radio francesa Radio Francia Internacional; la oposición denunció falta de acceso a los centros de contabilización de los votos, surgió el rumor sobre un presunto pacto secreto entre el presidente saliente Joseph Kabila y el líder opositor Félix Tshisekedi, y la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO por sus siglas en francés) -que desplegó 40.000 observadores en los comicios- advirtió que su encuesta de boca de urna les daba un ganador claro y no había razón para seguir postergando el anuncio.
La tensión escaló y sobrepasó las fronteras: el Consejo de Seguridad de la ONU discutió el tema, el Papa aseguró que estaba preocupado, Estados Unidos movilizó tropas al vecino Gabón para estar listo para evacuar a sus ciudadanos del país si explotaba una nueva crisis post electoral y, según versiones periodísticas, tanto las principales potencias mundiales como el gobierno congolés fueron informados por la CENCO que el ganador era el líder del frente opositor Martin Fayulu.
Finalmente, el jueves 10 de enero, ya entrada la noche, la CENI anunció el ganador: Tshisekedi.
El hijo del histórico líder opositor, Étienne Tshisekedi, quien también denunció fraude electoral en el pasado, se impuso con el 38,57%, solo a unos 680.000 votos de Fayulu, quien quedó segundo con un 34,83%. Mucho más lejos se ubicó el candidato elegido a dedo por el presidente Kabila, Emmanuel Shadary, con un 23,84%, según el escrutinio provisorio.
Fayulu rechazó los resultados y acusó a Tshisekedi y a Kabila de orquestrar “un verdadero golpe electoral”.
“Le pido a la CENCO, a la Iglesia de Cristo de Congo, a la Symocel (Sinergia de misiones ciudadanas de observación electoral), y a todos los que observaron la elección que nos digan la verdad, que publiquen los resultados. No nos podemos quedar callados. Es un fraude. Es una ridiculez que hoy no podemos aceptar”, sentenció el líder opositor, cuando comenzaban a surgir las primeras protestas y los primeros muertos.
Tshisedeki, por su parte, celebró la victoria con un giro que no pasó desapercibido en medio del clima de crispación: “Saludo al presidente Joseph Kabila. No debemos seguir viéndolo como un adversario, sino, en cambio, como un socio en el cambio democrático que vive nuestro país”, aseguró frente a sus simpatizantes.
La CENCO, por su parte, no despejó las dudas ni difundió sus datos de boca de urna, como le había pedido Fayulu.
“Tomamos nota de la publicación de los resultados provisorios de la elección presidencial que, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, abre una vía a la alternancia en la cumbre del Estado. Sin embargo, a partir del análisis de los elementos observados por nuestra misión, constatamos que los resultados de la elección presidencial tal como los publicó la CENI no corresponden a los datos recolectados por nuestra misión de observación en los centros de votación y recolección”, escribió el órgano de la Iglesia Católica en un comunicado oficial, en el que también instó a que cualquier “eventual cuestionamiento” sea tramitado por los canales legales.
Una posición similar tomaron el resto de las organizaciones que hicieron de observadores en las elecciones y todo indica que su objetivo ahora es convencer a Fayulu y sus seguidores de que la prioridad es evitar otra escalada de violencia y muertos como las que sacudieron al país en años anteriores.
Aún es muy temprano para saber cómo concluirá el proceso electoral en RDC y cómo afectará al incipiente desarrollo democrático del país. Sin embargo, para Busaniche las elecciones en el país africano deberían servirnos de ejemplo: “La propaganda del voto electrónico que garantiza celeridad, eficiencia y transparencia es una ficción”.
