El retroceso en materia de derechos que experimenta la Argentina gobernada por Mauricio Macri es tan severo que hasta retornó a escena un flagelo que se creía erradicado: la autorización estatal para que empresas exploten trabajo infantil.
La legalización de la práctica, que se prohibió por ley en 2013, reapareció gracias a un decreto emitido por el gobernador jujeño Gerardo Morales, de Cambiemos, quien suele actuar como punta de lanza de políticas que luego son replicadas por el Gobierno nacional. Según datos difundidos a principios de noviembre en el “Encuentro de comisiones para prevención y erradicación del trabajo infantil de la región NOA”, unos cuarenta y cinco chicos entre 10 y 17 años recibieron el visto bueno del gobernador para entrar al mercado laboral.
Hubo controversia respecto a la actividad que desarrollan los niños “habilitados” a trabajar. Según la prensa local, la autorización estatal les permite realizar tareas rurales. Por su parte, el ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, aseveró que “niños de 10, 11 y 12 años fueron autorizados por sus padres y autoridad de aplicación para fotografías de modelaje para una marca de indumentaria”. El fondo del asunto, sin embargo, se mantiene inalterable: el gobierno jujeño hizo un guiño de legalidad en tierras donde cunde la explotación laboral infantil.
Según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) de 2017, hay en todo el país unos 715.484 niños y niñas entre 5 y 15 años que trabajan. Con 36,8 por ciento, el indicador del NOA es el más elevado del país. Las cifras oficiales indican que en las provincias del noroeste argentino -entre las que está Jujuy-, el 13,6 por ciento de los niños y niñas de 5 a 15 años desempeña alguna “actividad productiva”, mientras que a nivel país, lo hace un 10 por ciento.
El poder de los «salarios basura»
El trabajo infantil es una de las expresiones más brutales de la explotación laboral. Pero no la única. Otra modalidad -la más extendida-, consiste en reducir salarios bajo la extorsión del desempleo. “Cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios” dijo el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, en los albores del gobierno macrista. Más que un diagnóstico, era una aviso: la reducción del “costo laboral” -eufemismo que la derecha suele utilizar para referirse a los salarios- es un eje central del programa cambiemita.
En la segunda semana de noviembre, el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) presentó un informe sobre la evolución de precios y salarios durante el mes de octubre. El trabajo -que contó con el respaldo de 45 gremios de la CGT y la CTA- llegó a una conclusión tan contundente como alarmante: desde noviembre del 2015, el poder adquisitivo de los trabajadores registró una caída del 18%, lo que representa la más profunda desde 2002. El número deja al salario real en su nivel más bajo en una década.
Como advirtió Prat Gay, la caída de los salarios fue lubricado con creciente desempleo. Según el último informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE), que monitorea la generación y caída del empleo registrado en el sector industrial, el desempleo alcanzaría en el 2019 el nivel más alto de los últimos 15 años.
Los datos recabados por el organismo dependiente de la UMET plantean tres escenarios posibles. En el más optimista, las perspectivas económicas para el 2019 son negativas. Esa coyuntura surge de la evaluación que el Gobierno rubricó en el Presupuesto 2019 y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el “escenario uno”, entonces, se vaticina una caída en el PBI del 0,5% y un desempleo del 10,9%, sumando así 230.000 nuevos desempleados.
El segundo escenario, calificado de “intermedio o neutro” en el estudio del CEPE, pronostica que en el caso de una recuperación económica moderada durante el 2019 el salario real igual caería, la baja del PBI sería del 2,4% y la tasa de desempleo superaría el nivel de 2005, con 510.000 nuevos desempleados y una tasa del 12,1%.
En el escenario más pesimista plantea las consecuencias de un eventual fracaso del programa de gobierno. En ese caso, la recesión se mantendría durante el 2019, el salario real se seguiría contrayendo, el PBI caería hasta niveles de 2010 (-4,6%) y el desempleo sería superior al registro de 2004, sumando así 890.000 nuevos desempleados.
Acción y reacción
“A pesar de la complicada situación económica y la difícil historia con los préstamos del FMI, la oposición social al programa es más tenue que la esperada.» La frase figura en la página 26 del último informe interno del Fondo Monetario Internacional que analizó y dio visto bueno al stand by solicitado por el gobierno PRO.
La descripción del organismo constituye una elegante mojada de oreja a las organizaciones sociales y sindicales que prometieron “resistir” los acuerdos con el Fondo. Alguna manifestación de reproche hubo, es cierto, pero es evidente que la oposición fue “tenue”, como expresaron los técnicos del FMI.
El diario Tiempo Argentino consultó a analistas político y encuestó a sus lectores sobre el asunto. Los primeros coincidieron que el gobierno se benefició con «el colchón» de alto empleo y la amplia red de cobertura social que heredó de la gestión K. Siete de cada diez lectores, por su parte, consideraron que la moderada reacción es consecuencia de la “dispersión de la oposición”. En sintonía con esa percepción, el peronismo comenzó a sacudirse rencores y parece avanzar hacia un Frente de Unidad capaz de competir con éxito en la próxima contienda electoral.
Uno de los requisitos de esa “unidad”, está claro, implica aceptar la presencia estelar de la ex presidenta Cristina Fernández, tanto en el armado del espacio como en la nómina de posibles postulantes. Otra condición necesaria es pronunciarse fuerte y claro contra las políticas de corte neoliberal que amenaza con dejar tierra arrasada en materia de conquistas sociales. La caída del salaria y el creciente desempleo son muestras palpables de eso.
