De acuerdo a la fórmula más usada por la oposición, el de Mauricio Macri es un gobierno “de ricos y para ricos”. Queda en claro cuál puede ser el sujeto social de una fuerza así caracterizada. Y si se quiere hilar fino, con los datos de la macroeconomía sobre la mesa, a los “únicos privilegiados” habría que buscarlos entre el sector financiero-especulativo y las multinacionales que exportan commodities. De todos modos, este 1 de mayo encontró al trabajador como gran protagonista de la era macrista, aunque, habría que decirlo, se trate de un protagonismo, en cierta forma, desafortunado. Porque así como parece evidente que la alianza Cambiemos no tiene en el movimiento obrero a su sujeto social, es igual de palpable que sí lo escogió como el objeto -o, mejor dicho, el objetivo- de sus políticas. Los trabajadores son centrales para la gestión PRO, aunque de una manera distinta a como lo fue en gobiernos anteriores. La que les otorga el partido amarillo es la centralidad del blanco captado por la mira. El macrismo interpela constantemente al “laburante”: son “ñoquis”, integran “capas geológicas”, generan inflación, no son competitivos, son muy litigiosos, espantan a los inversores, no respetan el espacio público, no dialogan, son violentos, tienen razones políticas.
Desde lo concreto hasta lo simbólico, la administración Macri avanzó sobre los intereses generales de los asalariados. Si el contrincante declarado del PRO es el kirchnerismo, quien paga el costo del modelo es el trabajador. Las medidas, las palabras y hasta los bastonazos de la represión policial impactaron en ese eslabón de la cadena laboral, que, al mismo tiempo, encarna al espacio más convocante y dinámico en la resistencia a los planes de la Casa Rosada, ya sea por lo que hace, con marchas multitudinarias y reclamos para modificar el rumbo económico, como por lo que la sociedad le exige en términos de unidad, acción y dureza en la toma de posiciones.
“Desde lo concreto hasta lo simbólico, la administración Macri avanzó sobre los intereses generales de los asalariados”
En el año y medio que la alianza presidida por Macri lleva gobernando, demostró ser un patrón sin remordimientos: no sólo despidió y cesanteó a sus propios empleados, sino que además les dedicó un discurso para quitarles legitimidad en la queja. El ejemplo más reciente lo aportó, de nuevo, el primer mandatario, que definió al Estado como “un aguantadero de la política”. El Poder Ejecutivo viene aplicando igual estrategia en las negociaciones paritarias, donde busca fijar topes a la baja, con los docentes como caso testigo. De esta forma, además de crear las condiciones de posibilidad para que el sector privado engrose el desempleo y contribuya a depreciar el salario real, aportó una solución retórica: el “sinceramiento”. En la versión que toca al movimiento obrero, supone que es necesario que se resignen derechos considerados excesivos y anticuados, y se acepten las reglas de juego que permitirán el desarrollo de una nueva economía.
La principal reacción fue un proceso por el cual la dirigencia gremial fue asimilando el desafío de la coyuntura. Algunos de forma más rápida y decidida, y otros con cautela y paciencia inédita, los representantes de los trabajadores se pusieron a la cabeza de los reclamos. La reunificación de las tres ramas de la CGT y de las dos CTA, junto a las huelgas y protestas callejeras masivas y en alianza con las organizaciones sociales, son la mayor expresión de este papel asumido por un movimiento obrero que no está exento de contradicciones, pero que se reagrupó ante la urgencia y la escasez de otras estructuras que puedan encauzar el descontento social.
El ejemplo y el efecto
Incluso antes que la devaluación y los tarifazos, el primer ajuste que el gobierno puso en marcha fue sobre el empleo público. En sus meses iniciales al mando, Cambiemos aplicó una guadaña que, según cifras oficiales, alcanzó 11.000 despidos tan sólo en el Estado nacional, sin contar provincias y municipios. El proceso tuvo un pico promediando 2016 y luego se desaceleró, pero aún continúa, en una purga cada vez más detallada y menos preocupada por las explicaciones, con reiteradas denuncias de listas negras y persecución ideológica. Como argumento, el macrismo y sus aliados hicieron uso y abuso de la figura del “ñoqui” -un clásico de los ‘90- y se refirieron a los puestos perdidos como muestras de una ficción laboral, creada por el FPV para enmascarar la falta de puestos “genuinos” y parte medular de la “pesada herencia” que debía ser resuelta. “El Estado debe funcionar para generar trabajo del bueno, el del valor agregado, y no el del empleo público ficticio”, resumió el líder del PRO, delimitando dos bandos: de un lado, el asalariado “real” y valioso, del sector privado; y por el otro, el “artificial” y deficitario, cobijado por el ámbito público, al que incluso atribuyó la “quiebra” de ciertas economías provinciales, en tiempos en que se discutía la coparticipación federal.
Así establecido, el proceso, además de reducir la planta del Estado y vaciar áreas enteras consideradas intrascendentes para la gestión entrante, también le permitió al oficialismo colocar a su propio staff y flexibilizar aún más las condiciones ya existentes. En muchos casos, trabajadores de planta que fueron echados terminaron reincorporados a sus tareas pero con reglas más precarias, vía contratos temporarios y bajo la figura del monotributista.
Si bien en la actualidad el empleo privado lidera claramente el ranking de despidos y cesantías, el rol jugado por Cambiemos desde la Rosada dio comienzo al clima de inseguridad laboral, que en aquel entonces fue presentado como parte de la puesta en orden del Estado. Hacia marzo de 2016, a sólo tres meses de arribado Macri al poder, el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma había registrado un acumulado de 73.073 despidos en todo el país, con 51.151 (el 70%) generados por los tres niveles del sector público. La Nación ocupaba el primer lugar, explicando casi la mitad de los casos (25.355), seguido de cerca por los municipios (20.077) y de lejos por las provincias (5719). El ámbito privado representaba el 30% de esa torta, con 21.922 puestos perdidos. Según la central encabezada por Pablo Micheli, el recorte en la administración del Estado fue consecuencia de “la revisión de la totalidad de los trabajadores que se desempeñaban en planta transitoria y del personal contratado a través de convenios de asistencia técnica con la universidades nacionales”.
“Si bien en la actualidad el empleo privado lidera claramente el ranking de despidos y cesantías, el rol jugado por Cambiemos desde la Rosada dio comienzo al clima de inseguridad laboral, que en aquel entonces fue presentado como parte de la puesta en orden del Estado”
Un año después, en marzo de 2017, el cuadro empeoró a la vez que invirtió sus factores. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cifra total de bajas y cesantías en el área pública trepó a 75.378, aunque mermó su participación global: es el 30% de los 253.967 puestos afectados, mientras que el 70% (178.589) corresponde a los privados.
En diálogo con Zoom, Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, evaluó que el balance del macrismo para el movimiento obrero no solo es “completamente negativo”, sino que “no fue peor gracias a la resistencia de los trabajadores y los distintos actores populares”. Yasky aseguró que el PRO pretende hacer en Argentina lo mismo que Michel Temer en Brasil y que la dirigencia gremial debe ayudar a que “el rechazo del pueblo pueda expresarse en la convocatoria a una unidad que permita recuperar la iniciativa, tal como se viene dando desde marzo hasta el 6 de abril”, en referencia al período que va del primer paro nacional a la última huelga.
Para Yasky, “el gobierno corre contrarreloj porque tiene que conciliar los tiempos de una disputa electoral en la que debe evitar una dura derrota y, por otro lado, los tiempos del ajuste que aún le demandan los sectores del poder económico a cambio del apoyo que le brindan”. Pero el desafío no se agota en la Rosada. También el sindicalismo enfrenta diferencias. “Van a estar los que tratarán de convertir al paro en una pieza de museo, en un hecho aislado, los que se van a dar por cumplidos habiendo liberado la llave para desagotar la presión, y vamos a estar los que convocaremos a la continuidad del plan de acción, convencidos de que existe la conciencia y la voluntad para defender las conquistas obtenidas”, consideró el dirigente.
Esperando los brotes
En su último dossier mensual, publicado en abril, el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (CESO) señaló que “los sectores productivos que enfrentan la competencia de las importaciones y los trabajadores públicos y privados formales, son las primeras víctimas del actual programa económico”. La cooperativa que dirige el economista Andrés Asiain también subrayó que “el avance sobre el ‘costo laboral’”, tan exhortado por el macrismo, viene chocando con “la más poderosa organización sindical de los trabajadores”, al tiempo que la reforma del Estado no resulta menos dificultosa, no sólo por la resistencia sindical a los despidos y la negociación obligada con los bloques opositores del Congreso, “sino principalmente porque la baja del empleo y la inversión privada impulsada por el mismo programa económico, obliga al gobierno a realizar inversión pública y aumentar la planta de empleados públicos y beneficiarios sociales para evitar escenarios de ingobernabilidad”.
A principios de año, en Balcarce 50 vaticinaron un repunte de la actividad y del empleo, pero los números siguen lejos de alentar la idea de aquellos “brotes verdes” con los que el ex ministro Alfonso Prat-Gay había soñado ya para el tercer trimestre de 2016. En su más reciente documento, CEPA indicó que entre febrero y marzo “los despidos del sector privado aumentaron en 4.569 trabajadores”, pasando de 174.020 a 178.589. La industria, en todas sus ramas, con el 53,85%, continúa acaparando la mayor sangría de puestos, seguida por la construcción, que refleja el 34,84%; los servicios con 9,14 % y el sector primario con 2,18%. De todos modos, si esas cifras se ponen bajo la lupa, hubo 60.626 obreros de la construcción que fueron echados, en tanto que los industriales dividen su merma en 55.780 puestos perdidos y 40.678 suspensiones. Los rubros metalúrgico, textil y automotriz acaparan 44.241 de los casos relevados.
“Algunos de forma más rápida y decidida, y otros con cautela y paciencia inédita, los representantes de los trabajadores se pusieron a la cabeza de los reclamos”
Sólo en marzo hubo 4.824 nuevos despidos, 95% del ámbito privado y 60% surgidos entre operarios de la industria, que, según CEPA, “desde septiembre último se ve particularmente afectada”. De los 45.887 casos contabilizados en ese lapso, aportó 32.793. Eso explica el malestar entre los gremios del rubro, los más activos en sus reclamos a la cúpula de la CGT.
Con estos números llegaron los sindicatos al 1 de mayo. Un mes antes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había lanzado: “La economía argentina ya arrancó. De eso no hay dudas. Desde agosto, el empleo privado viene creciendo de manera sostenida”. Sólo cosechó desconciertos.
En un estudio presentado días atrás, el economista Claudio Lozano afirmó que “luego del primer año de Macri el empleo de calidad brilla por su ausencia”. Siguiendo la información oficial sobre empleo registrado, el ex diputado concluyó que “hay una caída en los asalariados del sector privado (-46.156) y del Sector Público Nacional (-1436), en tanto se incrementan los trabajadores autónomos (9.499), suben los monotributistas (38.280), aumentan los monotributistas sociales (27.759) y los empleados públicos provinciales y municipales (28.869)”. En cuanto a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Lozano sostuvo que “se observa la caída del empleo registrado, un aumento de los asalariados no registrados y un incremento de los cuentapropistas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo”. Para el dirigente de Unidad Popular, “es evidente que esta modificación en la composición del empleo es la contracara en el campo laboral del efecto de la apertura y su impacto negativo sobre la industria”.
El valor del salario
Si el desempleo explica una cara de la política del PRO hacia el mundo del trabajo, la otra es un salario que no dejó de perder peso específico, es decir, capacidad de compra. Las causas son bien conocidas: la devaluación del 40% dispuesta por el Ejecutivo en diciembre de 2015, la espiral inflacionaria que quebró las predicciones oficiales (Prat Gay había calculado para 2016 un 25% y acabó rondando el 42%) y el aumento indolente de gastos estructurales, como los tarifazos en servios y transporte, además de la suba de los alquileres, los alimentos, la vestimenta y el costo de vida general. En ese escenario, el endurecimiento del oficialismo en las paritarias, donde fijó un techo ejemplar del 18% para los empleados estatales, refleja la decisión de que el ajuste sea sobre la fuerza laboral. El caso de los gremios docentes de todo el país y, en particular, de la provincia de Buenos Aires, elegidos por el PRO como rival excluyente, da cuenta de lo que está en juego, no sólo por la intransigencia de los funcionarios en la mesa de discusión, sino también por el extemporáneo episodio represivo vivido en la Plaza de los Dos Congresos, donde los maestros buscaban montar su Escuela Itinerante.
El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la UMET y el Conicet, marcó para marzo una inflación de 2,1%, igual que en febrero, con un promedio interanual de 27,9% y del 29,6% para el primer trimestre de 2017. El IET detalló que las mayores subas se dieron en Educación, con un 7,7% en las cuotas de los colegios privados, y que el rubro Indumentaria y Calzado escaló a 4,8%; y Vivienda y sus Servicios, 4,5%, resultado del aumento de la tarifa eléctrica. Como resultado global, hubo otra caída del salario real en el sector formal, que “desde noviembre de 2015 y lo que va de los 16 meses del gobierno de Cambiemos tuvo una reducción en 6,3%”.
“Si el desempleo explica una cara de la política del PRO hacia el mundo del trabajo, la otra es un salario que no dejó de perder peso específico, es decir, capacidad de compra”
Nicolás Trotta, rector de la UMET, señaló a Zoom que “el proceso inflacionario tan alto que vivió el país en 2016, principalmente a partir del aumento de los servicios públicos domiciliarios pero también de los alimentos, por la eliminación de las retenciones, y del proceso devaluatorio, llevó a una inflación del 40,9%, la más alta desde la convertibilidad”.
Esas cifras, destacó Trotta, “golpean de manera asimétrica según el nivel de ingresos”. Si se comparan los promedios de 2017 y 2016, la inflación del “decil 1”, compuesto por el 10% de los trabajadores de salarios más bajos y subocupados, fue de 31,2%, mientras que en el “decil 10”, donde el sueldo promedio supera los $ 45 mil, fue del 25,8%, es decir, 6 puntos menos. “¿Por qué se da ese gap?, por lo que consume cada uno y por el peso que tiene en la canasta. Como lo que más subió fue el capítulo Vivienda y sus Servicios, con una inflación de casi 70% el año pasado, tuvo un impacto alto en las familias de menores ingresos”, indicó el rector de la UMET.
Dos mundos
“¿Quién puede sostener en la Argentina que con media población que tiene dificultades para llegar a fin de mes puede creer en una democracia?”, preguntó Juan Carlos Schmid. “¿Quién carajo puede sostener que eso es viable en este momento de la historia?”, lanzó el miembro del triunvirato de la CGT, único orador en el acto organizado por la central el 1 de Mayo.
Sin embargo, a pesar de la profusión de datos y discursos, si este artículo hubiese sido escrito por el presidente Macri, tendría un tono distinto, y en lugar de un sabor amargo, dejaría optimismo. “Les quiero decir a los que todavía no sintieron el cambio, que el cambio ya llegó. Hoy estamos festejando el trabajo y es justo que lo hagamos. Porque el trabajo es de las cosas más importantes que nos pasan en la vida”, sostuvo el jefe de Estado desde el palco al que lo invitó Gerónimo “Momo” Venegas, incombustible dirigente de los peones rurales y único gremialista que lo apoya en público.
