El contexto
Es inevitable comenzar este documento con algunas aclaraciones semánticas. La evolución del capitalismo, con creciente concentración de poder y patrimonio, y la consiguiente exclusión de amplias fracciones comunitarias del acceso a condiciones de vida digna, ha motivado lógicas reacciones sociales tanto de los perjudicados, como de los ámbitos académicos que intentan analizar esta evolución, con algunos subproductos intelectuales que a nuestro juicio confunden más de lo que aclaran.
Hace ya varias décadas se conformó el término “economía social y solidaria”, buscando abarcar de tal modo las formas de producción y distribución que intentan conseguir maneras más equitativas – más homogéneas al interior de un emprendimiento – de distribuir los frutos del valor agregado por alguna producción de bienes o de servicios.
Más recientemente, cuando parte de los excluidos consiguieron agruparse para ganar visibilidad y defender con más fuerza sus derechos, acuñaron el término “economía popular”, para describir la forma de acercarse a la subsistencia de los más postergados.
En uno y otro caso, especialmente en el segundo, se comete un error importante al hablar de una “economía”, que sería un ámbito independiente dentro del país. En realidad, se trata de subconjuntos productivos con características propias, alejados en grado variable de la lógica capitalista estándar, pero que constituyen subconjuntos de la economía nacional, la cual es indefectiblemente una sola, donde esos colectivos intercambian con quienes creen en la economía de mercado y operan dentro de ella.
Es más legítimo, para entender mejor los escenarios, hablar de “producción social y solidaria” o “producción de los excluidos”, porque de eso trata, de formas de producción con matices diferentes. La primera, con un espíritu más positivo que lo habitual, para compartir los frutos. La segunda, con las herramientas, los modos y los objetivos que se tienen al alcance ante un contexto que invita a la desesperanza absoluta.
En el Instituto para la Producción Popular (IPP), si no fuera suficiente confusión con lo anterior, hemos agregado un término – “producción popular” – para caracterizar a aquella que se lleva adelante para alcanzar la subsistencia individual o colectiva, sea en términos de desventaja competitiva de muy difícil superación, respecto de los ganadores del proceso de concentración capitalista o como alternativa, lisa y llanamente, a partir de valores solidarios que colocan al lucro por debajo de la atención de las necesidades comunitarias.
En tal marco, quedan comprendidos todos los emprendimientos de las llamadas economía social y solidaria y de la economía popular, junto con aquellas actividades que ocupan segmentos de cadenas de valor dominados por alguna o algunas corporaciones, que hoy se apropian de buena parte del valor agregado por los otros segmentos. Una empresa de fideos regional que no puede acceder a los hipermercados por las condiciones financieras que se le imponen; un fabricante de repuestos automotrices que no puede vender a las terminales porque éstas priorizan otras empresas con las que comparten patrimonio, son algunas de centenares de situaciones que llevan a unidades productivas a ser caracterizadas y analizadas con grandes similitudes con una producción social y solidaria y por lo tanto, hemos creído valioso incluirlas en un universo común.
Las limitaciones metodológicas
Cualquiera sea el nivel de convencimiento que en el IPP tengamos de la validez del término incorporado, no cabe duda que la confusión de alcances y métodos subsiste. Se complica aún más si examinamos el tratamiento que se da a este tema en el mundo central, que es generador permanente de modelos económicos y productivos.
Allí la economía social y solidaria tiene alguna vigencia académica. No así la economía popular o la producción popular, creaciones autóctonas, que no han salido de nuestras fronteras.
En cambio, en la economía del Reino Unido, norteamericana, australiana y varias más cuentan con una figura cuya riqueza es necesario admitir; que no es automáticamente trasladable a nuestro
medio, con mucho más fuertes asimetrías de ingreso y situaciones de exclusión que en aquellas tierras, pero que con alguna adaptación, aporta matices interesantes para un programa ejecutivo de promoción del trabajo. Se trata de la EMPRESA SOCIAL.
La Social Enterprise Alliance de Estados Unidos, recomienda la siguiente definición:
Empresa Social es una organización que busca atender una necesidad básica insatisfecha o resolver un problema social o ambiental a través de un enfoque donde se participa en el mercado.
Como se ve, el denominador común es el objeto del emprendimiento, que no es el lucro, ni siquiera la mejor distribución del excedente en una empresa que busca el lucro.
Cuando se pasa a analizar cómo se consigue el cumplimiento de ese objeto, se identifican tres grupos de Empresas Sociales:
- – Aquellas que emplean trabajadores que tienen barreras significativas en el llamado “mercado de trabajo”. Esto incluye desde los jóvenes que acceden a su primer trabajo; la población con alguna discapacidad física a aquella con limitaciones en su formación educativa. Asimismo, comprende desde actividades unipersonales, cuando sea pertinente, a unidades productivas de cualquier dimensión. También incluye, por extensión conceptual aplicada a nuestra geografía nacional, a las empresas que también tienen barreras significativas para colocar su producción, ante niveles de concentración sectorial o inequidades al interior de la cadena de valor a la cual pertenecen.
- – Las que tienen impacto social o ambiental por desarrollo o aplicación de productos o servicios que cambian los escenarios comunitarios. Esos impactos importan a todos los habitantes y en consecuencia la empresa que los genera es de interés común y debe ser retribuida de un modo singular, no como fruto de cierta confrontación entre oferta y demanda.
- – Las que buscan aplicar parte o la totalidad de los excedentes que generan a atender necesidades comunitarias, sea porque donan una parte significativa de lo que producen o porque aplican socialmente sus excedentes.
Esta caracterización no se ha utilizado en la Argentina para definir política productiva o social alguna, salvo algunas excepciones en materia asistencial, como los talleres protegidos o situaciones similares.
Resulta, sin embargo, muy seductora para incursionar en tales definiciones, porque ab initio, deja atrás algunas inconsistencias de nuestra política pública, al poner el foco en el OBJETO y no en la distribución de los ingresos de la unidad.
No es necesario incentivar una cooperativa de distribución eléctrica, por caso, por el hecho de ser cooperativa, sino cuando emprenda un proyecto que dé autonomía a la comunidad local, a través de un plan de generación distribuida de energía renovable.
Introduciéndonos en un viejo debate en el campo popular, según esta definición de empresa social, no es conveniente impulsar o subsidiar el reciclado primario de residuos a cargo de grupos de recuperadores urbanos que son aviesamente explotados por los transformadores industriales de esos residuos. Por ese camino no se resuelve problema social alguno. En cambio, es válido plantearse sistemas de reciclado integral, donde estos recuperadores son capacitados e integrados en condiciones dignas al trabajo.
Podrían sumarse más y más ejemplos del valor social de respetar el concepto arriba expresado, como criterio útil para elegir espacios productivos a promover y cuidar especialmente, con una política que necesariamente debe diferir de la aplicada a las unidades que persiguen el lucro como meta prioritaria.
Mirado desde la óptica de asegurar el pleno empleo, también es muy valioso el concepto, porque un análisis adecuado de las necesidades comunitarias insatisfechas y de las debilidades ambientales y sociales, marca los senderos a recorrer, en lugar de seguir asumiendo la absurda pretensión que es la inversión productiva de capitalistas integrados a un mundo dominado por las finanzas lo que nos resolverá el problema global.
Los próximos pasos
Es necesario incorporar la figura de la EMPRESA SOCIAL a la agenda pública.
La tarea es compleja, porque debe ser tenida en cuenta en la agenda académica; debe también agregarse a las agendas educativa, científica y tecnológica; finalmente debe caracterizarse los entornos favorables en términos económicos, que le den sustentabilidad.
Una forma rotunda de cortar camino, sin incurrir en errores conceptuales, es trabajar desde el Mincyt en la creación de PARQUES DE PRODUCCIÓN SOCIAL, con financiación del ANSES a partir de los montos asignados al organismo para apoyar a la producción, que alberguen:
- . Delegaciones universitarias y de organismos de CyT que modelen conceptualmente el tema y tengan capacidad de evaluar los avances.
- . Ámbitos de formación laboral y profesional para trabajadores de Empresas Sociales.
- . Empresas sociales que se postulen para sumarse al Parque o a cuya constitución se convoque desde el ámbito público.
Para que el intento no quede limitado a afirmaciones conceptuales generales, se necesita configurar un plan director, que marque los alcances de cada una de las acciones que permitirán implementar los Parques mencionados.
Son varias las tareas necesarias, pero tal vez la más significativa sea contar con un menú amplio, no necesariamente exhaustivo, de escenarios donde la existencia de una Empresa Social resulte potencialmente valiosa. Este aporte debería servir para multiplicar voluntades que apoyen esta iniciativa. Al confeccionar tal menú, será necesario explorar la subjetividad de los posibles actores de cada escenario, para no construir modelos teóricos alejados de la realidad.
